Por: Germán Daniel Díaz-Rivas*
Un niño de no más de tres años yace muerto en una playa con la cara sobre la arena. Lleva puesta una camisa roja, una pantaloneta azul y unos tenis en prefecto estado. El pequeño tiene la piel clara y podría ser italiano, español o portugués, pero en realidad era sirio y se llamaba Aylan Kurdi.
Era miembro de una familia siria que había huido del conflicto en su país y buscaba cruzar de Turquía a Europa para luego viajar a Canadá dónde un familiar les ofrecía un futuro. Aylan, su hermano de cinco años y su madre murieron ahogados cruzando el estrecho que separa la costa turca de la isla griega de Lesbos; sólo sobrevivió su padre. La imagen ocurrió el 2 de septiembre de 2015 en la costa de Ali Hoca Burnu, Turquía, y convirtió a Aylan en el símbolo de una crisis de refugiados que marcó la segunda mitad de la década del 2010.
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“Wir schaffen das” –podemos manejarlo– diría la canciller alemana al referirse a la crisis de refugiados que le estalló en la cara a Europa en 2015 y que la mandataria decidió enfrentar con una política de puertas abiertas. Ese año, el continente recibió un flujo de más de un millón sirios que huían de la violencia de la guerra civil de su país que en ese entonces sumaba cuatro años desde su estallido.
Merkel era la política más popular de Europa a mediados de la década, considerada como el faro y sostén de la Unión Europea. Si bien fue criticada por la mano de hierro con la que encaró la debacle financiera griega que amenazaba al Euro, decidió mostrar su talante humanitario al hacerle frente a la tragedia que llegaba a las costas del Mediterráneo. En cada oportunidad en la que se le preguntaba sobre la crisis de refugiados respondía “Wir schaffen das”. La revista Time la nombró como personaje del año 2015.
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La crisis, sin embargo, empezó a evidenciar grietas en el modelo de la Unión Europea. A pesar del liderazgo de Berlín, empezaron a emerger nacionalismos populistas, especialmente en algunos de los Estados miembros ubicados al este de la cortina de hiero durante la Guerra Fría. Gobiernos de extrema derecha ultranacionalista como los de Polonia y Hungría se declararon en rebelión y se negaron a cumplir la cuota de recepción de refugiados establecida desde Bruselas. Se iniciaba en el mundo desarrollado una ola populista de derecha que puso demagogos en el poder, desde Budapest hasta Washington.
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Al mismo tiempo en otras latitudes estallaban otras crisis de refugiados. En Latinoamérica la debacle venezolana expulsó a millones hacía países vecinos; En Centroamérica la precariedad económica y el crimen de pandillas generó el desplazamiento de personas desde el triángulo norte centroamericano hacia EEUU; en Asia los fanatismos religiosos y las divisiones étnicas aupadas desde el poder desembocaron en el genocidio rohinyá en Myanmar y la subsecuente entrada de refugiados a Bangladés.
Así, la década del 2010 se vio marcada por una crisis de refugiados que, aunque algunos argumentarán que viene de atrás, se convirtió en un tópico político, económico, social y cultural prioritario en la agenda global en el último lustro. Un fenómeno con expresiones políticas y reacciones sociales que se pueden dividir en tres grandes grupos: la reacción populista ultranacionalista en Occidente, la solidaridad contenida latinoamericana y la persecución étnica en Myanmar.
El ascenso de los populismos nacionalistas en occidente
“Hay un intento continuo de reemplazo étnico de una persona por otra. No se trata de una migración de emergencia, sino de una migración organizada que tiene como objetivo reemplazar a los italianos por otras personas, a los trabajadores italianos por otros trabajadores”, decía Matteo Salvini cuándo se le preguntó sobre la acogida de refugiados en Italia.
En una Europa que no lograba recuperarse de la crisis financiera de 2010, discursos como el de Salvini caían muy bien y tuvieron especial recepción en las naciones de la Europa del Este. La derecha había encontrado un chivo expiatorio, la fórmula para justificar su agenda. Con un discurso ultranacionalista culpo a los recién llegados los problemas económicos de sus países, además de señalarlos de ser un vehículo de entrada del terrorismo; a Bruselas la dibujaron como un grupo de burócratas y tecnócratas ajenos a los problemas de los ciudadanos corrientes.
La extrema derecha logró una importante representación en el continente con un planteamiento ideológico común alrededor de la oposición a la migración, el nacionalismo, los cuestionamientos a la Unión Europea, el proteccionismo, entre otros.
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Hungría Y Polonia encabezan la radicalización de derecha en Europa. El primer ministro húngaro, Viktor Orban, tiene una postura ampliamente antieuropeista y mantiene una lucha frontal contra lo que considera ideas liberales, feministas y LGTBI; sin embargo, sus posturas radicales palidecen frente al extremismo del Movimiento por una Hungría Mejor (Jobbik), que es la tercera mayor fuerza política en el Parlamento. Andrzej Duda, presidente polaco, ha tenido fuertes disputas con la Unión Europea, especialmente tras intentar una reforma judicial que fue censurada por Bruselas al considerarla contraria al estado de derecho; el líder nacionalista sostiene que la Unión es una “comunidad imaginaria”.
La extrema derecha es la agrupación mayoritaria en el Consejo Nacional de Suiza; es parte de la coalición de Gobierno en Italia y Austria; es la segunda fuerza más votada en Francia, Dinamarca, Finlandia y Países bajos; obtuvieron el tercer lugar en las elecciones generales en España, Grecia, Alemania y la liberal Suecia; y ha ganado terreno político en Bélgica. El Ukip británico no cuenta con representación en el Reino Unido, pero tiene escaños en el Parlamento Europeo y fue instrumental en la victoria del brexit.
El populismo europeo parece haber contagiado a los Estados Unidos, un país que se preciaba de tener un ordenamiento institucional que lo blindaba de estos liderazgos. Donald Trump alcanzó el poder en 2016 con un discurso aislacionista, volcado hacia una agenda nacional y opuesto a la globalización. A pesar de haber llegado a la Casa Blanca con los niveles de migración más bajos en décadas, el mandatario se opone firmemente a la llegada de personas provenientes de naciones centroamericanas y aquellas de mayoría musulmana en oriente medio.
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Trump acusa sin ningún tipo de respaldo empírico o científico a los migrantes centroamericanos de ser los causantes de la delincuencia y en gran medida de los problemas económicos, justo cuando la economía de los EEUU se encuentra en su mejor momento de los últimos 40 años; a los procedentes de países musulmanes los acusa sin fundamento de ser potenciales terroristas.
La solidaridad contenida latinoamericana
“Existen motivos razonables para creer que se han cometido graves violaciones de los derechos económicos y sociales” sostiene un informe sobre Venezuela de la oficina de la alta comisionada para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas en julio de 2019.
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El informe de la oficina liderada por la exmandataria chilena Michelle Bachelet detalla casos de “detenciones arbitrarias, torturas y malos tratos” cometidas por lo menos desde 2014 contra opositores venezolanos. Por su parte, la población se ha enfrentado a una crisis económica sin precedentes. En 2019 millones de venezolanos cruzaron las fronteras en búsqueda de mejores oportunidades en naciones vecinas, lo que se constituyó en el recrudecimiento de una crisis migratoria que se venía produciendo a cuenta gotas años atrás.
Los mandatarios de las naciones suramericanas condenaron al régimen de Nicolás Maduro y estuvieron prestos a manifestar su solidaridad con los refugiados económicos venezolanos. Encabezados por el entonces presidente peruano, Pedro Pablo Kuczynski, varias naciones americanas crearon el Grupo de Lima con el propósito de buscar la transición pacífica de régimen en Venezuela.
Sin embargo, la solidaridad con el pueblo venezolano parece haberse quedado en los micrófonos. Tras recibir una primera ola de migrantes venezolanos, países como Ecuador, Perú y Chile se han negado a darles a la inmensa mayoría el estatus de refugiados. Formalismos legales como la imposición de visados han entorpecido el flujo migratorio y han puesto una barrera de contención legal.
Colombia, por su parte, parece haberse quedado sola en la recepción de refugiados venezolanos, siendo el único país que no les exige visas o pasaportes. En la nación andina hay 1.630.903 venezolanos huidos de la crisis económica según las Naciones Unidas.
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La situación de los migrantes venezolanos evidencia que la solidaridad de los gobiernos suramericanos no es incondicional, sino por el contrario es bastante contenida. Mientras tanto el régimen de Nicolás Maduro, señalado por el Grupo de Lima de ser el causante de la crisis de refugiados, parece lograr perpetuarse por un largo tiempo en el poder.
Un genocidio en el sudeste asiático
“No existe una raza rohinyá. Sólo tenemos bengalíes que fueron traídos para trabajar la tierra durante la ocupación británica”, sostuvo Thein Sein, antiguo primer ministro de Myanmar convertido a monje budista, al ser preguntado por la persecución al pueblo rohinyá en su país.
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Asia vivió en 2012 el estallido de una violencia descomunal en contra de la minoría étnica rohinyá, descrita por la ONU como la población más perseguida del mundo. En 2017, sin embargo, la situación empeoró y cerca de 24.000 musulmanes rohinyá fueron asesinados por las fuerzas estatales de Myanmar, según un informe de la Agencia de Desarrollo Internacional de Ontario (OIDA).
Las ola de violencia generó el desplazamiento hacía Bangladés de más de 750.000, según Amnistía Internacional; el hecho se convertiría en la mayor crisis de refugiados del sudeste asiático.
La ONU documentó que durante la persecución ocurrieron violaciones colectivas masivas, homicidios, incluso de bebés y niños pequeños, brutales palizas y desapariciones cometidas por las fuerzas estatales de Myanmar. En un informe, los investigadores de la organización dijeron que tales violaciones constituyen crímenes de lesa humanidad.
En noviembre de 2019 los jueces de la Corte Penal Internacional (CPI) autorizaron una investigación a gran escala de las denuncias de persecución masiva y crímenes contra la humanidad cometidos en Birmania en contra de los rohinyá. La decisión establece un precedente significativo en la expansión de la jurisdicción de la Corte de crímenes de guerra, ya que Myanmar no es parte del estatuto pero su vecino, Bangladés, ha aceptado la jurisdicción del Tribunal.
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La apertura de una investigación contra Myanmar a finales de 2019 cierra lo que ha sido una década marcada por una crisis global de refugiados. Una crisis que parece ser de largo aliento evidenciando la incapacidad de las instituciones internacionales para afrontar el desplazamiento forzado de personas y ha puesto a prueba la solidaridad mundial.
*El autor es máster en estudios internacionales de la University of Queensland, Australia, y máster en periodismo de la Escuela de periodismo UAM – El País de Madrid.
*Las opiniones expresadas en este artículo son propias del autor y no necesariamente reflejan la política editorial de la Agencia Anadolu.
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