Los desplazados por la violencia en Centroamérica denuncian que los grupos criminales están aprovechando el confinamiento implantado para evitar el contagio de COVID-19 para fortalecer su control de las comunidades, indicó la Agencia de la ONU para los Refugiados (Acnur).

Andrej Mahecic, el portavoz de Acnur, explicó que se está viviendo un “incremento de las extorsiones, el tráfico de drogas y la violencia sexual y de género, y el uso de las desapariciones forzosas, asesinatos y amenazas de muerte contra aquellos que no obedecen”.

Según cifras de la entidad unas 720.000 personas han huido de la violencia en la región en el último año, especialmente de Honduras, El Salvador y Guatemala. Casi la mitad de ellas ahora están desplazadas dentro de su propio país, incluidas unas 247.000 personas en Honduras y unas 71.500 en El Salvador. Otros se han visto obligados a huir cruzando fronteras.

Ahora esas personas se enfrentan a las restricciones por la pandemia y a una escalada de la violencia y la inseguridad por parte de las pandillas.

Diversas organizaciones humanitarias de la ONU han resaltado que las restricciones de movimiento hacen que obtener ayuda y protección sea más difícil para aquellos que tienen que huir para salvar su vida.

Los estrictos bloqueos han provocado que muchas personas desplazadas y vulnerables pierdan sus medios de vida.

El Acnur también advirtió que el impacto de la pandemia en el Norte de Centroamérica corre el riesgo de retrasar el progreso que se estaba logrando en la creación de medios de vida y oportunidades de trabajo para los desplazados internos, y en el desarrollo de la capacidad de las autoridades estatales para abordar sus necesidades, incluida la creación e implementación de leyes y políticas públicas que buscan promover los derechos de los desplazados internos en estos países.