La ONU dijo este miércoles que había recibido información sobre la ejecución de 15 personas en Egipto en las que hubo tortura y falta de juicios justos.

Este martes, el Consejo de Derechos y Libertades de Ginebra criticó en un comunicado al Gobierno egipcio por ejecutar la sentencia de muerte a través de las autoridades de seguridad contra los detenidos dentro de las 24 horas posteriores a "juicios que carecían de justicia", y agregó que los juicios estuvieron dominados por sospechas de "venganza política".

Liz Throssell, portavoz del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, que respondió a una pregunta de la Agencia Anadolu, dijo: "Hemos recibido información sobre la ejecución de 15 personas en Egipto desde el fin de semana pasado".

"Según los informes, algunas de las personas ejecutadas fueron torturadas y es posible que no hayan recibido un juicio justo de conformidad con las obligaciones de Egipto, en virtud del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (ICCPR)", aseguró Throssell.

Según el Comité de Derechos Humanos de la ONU, la portavoz de la oficina de derechos dijo que la imposición de una pena de muerte después de un juicio en el que no se han respetado las disposiciones adecuadas constituye una violación del derecho a la vida.

Se incluye en esto el uso de confesiones forzadas y la falta de representación adecuada durante todas las etapas del proceso penal.

Exhortamos a Egipto a que se asegure de que, en espera de la abolición, se adhiera a las estrictas garantías del debido proceso y a todas las salvaguardias posibles para garantizar un juicio justo, incluido el derecho a una asistencia jurídica adecuada en todas las etapas del procedimiento, el derecho a solicitar el indulto y la conmutación de sentencia", dijo Throssel.

"La imposición de la pena de muerte solo puede llevarse a cabo para los 'delitos más graves', es decir, los delitos de extrema gravedad que impliquen homicidio intencional; incluso para esos delitos la pena de muerte no debería ser obligatoria".

En el informe más reciente del secretario general de la ONU al Comité de Derechos Humanos, los países que continúan imponiendo e implementando condenas de muerte deberían declarar y hacer cumplir una moratoria de las ejecuciones con miras a su abolición.

Egipto ejecutó a 15 detenidos políticos durante el fin de semana para sembrar el miedo entre los manifestantes que desde el 20 de septiembre protestan en diversas ciudades contra el Gobierno del presidente Abdel Fattah al-Sisi.

Al-Sisi aprobó la ejecución de las personas condenadas previamente a muerte por los tribunales.

Dos miembros de los Hermanos Musulmanes, que fueron arrestados en manifestaciones antigolpistas en Alejandría en agosto de 2013, estaban entre los ejecutados el 2 de octubre.

Si bien las autoridades no hicieron declaraciones, los canales de televisión y las organizaciones de derechos humanos anunciaron las ejecuciones al público.

*Maria Paula Triviño contribuyó con la redacción de esta nota.