Por: Alejandro Melgoza Rocha
A Carlos Lizárraga no lo habían golpeado y torturado tanto en sus casi dos décadas de encarcelado, como sucedió el 12 de marzo del 2020, cuando llegaron hombres encapuchados al Centro Federal de Readaptación Social, Cefereso 6, ubicado en el estado sureño de Tabasco, México.
Esa noche, cuando los presos ya dormían, entraron a las celdas de todas las personas privadas de la libertad, los sacaron, revolvieron sus pertenencias y les patearon las costillas y los testículos. A algunos les quebraron los dedos y a otros les dieron choques eléctricos en el ano.
Al día siguiente, Carlos no se quejó con su mamá cuando habló con ella por teléfono, como cada viernes, pues las autoridades acostumbran a escuchar sus llamadas. Dentro de ese penal “aprender a callarse” es un mantra que circula entre los prisioneros, que ya aprendieron cuáles son los castigos por hablar. Sin embargo, en la visita del 14 de marzo, las familias notaron la dificultad de los presos para moverse, así como moretones en los rostros y el cuerpo.
A partir de esa noche, los torturaron de manera continua hasta que el 21 de octubre los trasladaron a la Cefereso 12, localizada en Guanajuato, como parte de la política del Gobierno de México de clausurar las prisiones administradas por iniciativas privadas, también conocidas como CPS.
Durante el traslado, con un trayecto de más de mil kilómetros, se repitieron los mismos golpes, posteriormente, nada cambió en la nueva prisión. Solo abonó nuevas complicaciones emocionales y económicas a las familias, que ahora debían viajar mayores distancias.
A pesar de estas condiciones, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que costear estos reclusorios “es el equivalente a mantener un hotel de 5 estrellas”. Esta afirmación la hizo a raíz de los contratos que se celebraron desde el sexenio del expresidente Felipe Calderón y cuya privatización -como parte de los Centros de Reinserción Privados- le costó al erario en nueve años unos USD 3.730 millones.
La opinión pública recibió la declaración del presidente como si los presos vivieran en medio de lujos en los penales, lo que levantó molestias entre las familias y las organizaciones de reclusos.
A raíz de esto, cientos de organizaciones como Así Legal y Documenta redactaron un comunicado en el que dijeron: “Reconocemos la intención del Gobierno federal de hacer pública la información sobre los contratos millonarios hechos para construir y operar los CPS, después de nueve años en la opacidad. No obstante, el peligro de señalar estos centros como ‘hoteles de lujo’ lleva a desviar la conversación de la realidad del sistema penitenciario”.
Para las cientos de organizaciones firmantes, esa realidad está construida por “tortura sistemática, abuso de prisión preventiva, reincidencia delictiva, violencia sexual, violencia institucional contra las mujeres, personas de la comunidad LGBTTTQI+ olvidadas, hacinamiento, autogobierno, falta de condiciones de vida digna, víctimas de abuso y las miles de personas que por los traslados masivos han sido alejadas de sus familias”.
Sin importar bajo qué esquema estén administradas las prisiones mexicanas, tanto las públicas como las privadas, estas no han garantizado el respeto a los derechos humanos, conforme a las leyes mexicanas y a los mecanismos internacionales, ya que en estas se realizan tratos indignos y crueles. Así lo denuncian personas privadas de la libertad de diferentes penales, abogados y defensores de derechos humanos, afirmación que es respaldada por quejas, amparos y videos a los que tuvo acceso la Agencia Anadolu.
“Los CPS tienen la misma forma de trabajar, encaminada a romper con la persona, a la gente que se defiende: los torturan, los aíslan. Hay muchas violaciones al interior. Yo soy un sobreviviente de ellas en un Cefereso”, expone el abogado y exrecluso Ricardo Sayavedra, quien ahora defiende a reos violentados en sus derechos.
El CPS (o Contrato de Prestación de Servicio) es un esquema o régimen del sistema penitenciario que significa que empresas privadas, mediante un contrato, reciben un dinero por parte de Estado a cambio de operar los penales.
La Agencia Anadolu solicitó entrevista con el sistema penitenciario federal y el estatal del Edomex sin obtener respuesta.
Los contratos de prestación de servicio
Días previos a la represión masiva en el Cefereso 6, ubicado en Tabasco, estado del cual es oriundo el presidente López Obrador, los presos manifestaron su inconformidad con respecto a las condiciones de alimentación, aislamiento y falta de medidas frente a la llegada del coronavirus a México en marzo del año pasado.
De acuerdo con familiares, se organizó un motín y tomaron como rehenes a los custodios, a quienes grabaron aceptando que las condiciones eran insalubres. Luego estos videos fueron difundidos en las redes sociales.
Prisioneros de numerosos penales de América Latina han recurrido a la práctica de hacer denuncias mediante videos que luego son publicados en las redes sociales, especialmente haciendo una crítica a las pocas medidas de bioseguridad ante la COVID-19, de acuerdo con un monitoreo de la plataforma latinoamericana Connectas.
Los recluidos en Tabasco pensaron que con ese acto sus condiciones podían mejorar, pero no fue así. Mas bien llegaron supuestamente agentes de la Guardia Nacional -la nueva corporación de seguridad de este Gobierno- y los 'molieron a palos'. Cuando los reclusos se comunicaron con sus familias, el viernes 13 de marzo, el silencio fue notorio. Las pocas palabras –según explican sus madres– eran un signo de que habían sido maltratados.
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“Ellos fueron agredidos en la cara, abdomen, brazos, piernas, partes íntimas como lo son testículos y ano, usando descargas eléctricas (…) A mí me consta porque yo fui a visita el día sábado 14 de marzo y vi a mi hijo todo golpeado y también vi a sus compañeros que la mayoría no podían caminar de tanto golpe que recibieron (…) es urgente que ustedes intervengan para que ellos sean atendidos por personal médico, ya que se les ha negado el servicio médico diciendo que no tienen derecho a nada”, señala el testimonio de un familiar que fue incluido dentro de una queja ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).
Lo mismo hicieron decenas de familias que se presentaron a la delegación de la CNDH en la ciudad de Villahermosa, Tabasco. Todo ello derivó en que la Comisión dirigiera la recomendación 48/2020 al director de la penitenciaria, donde se acreditaron estos tratos crueles durante un operativo con 149 oficiales, entre las 9:05 de la noche a las 2:10 de la madrugada.
“Elementos de Seguridad y Custodia los sacaron de sus estancias, los desnudaron y los hincaron por varias horas, además de que les rociaron un gas, los golpearon y les dieron toques eléctricos en diferentes partes del cuerpo”, acreditó la CNDH en su visita.
Sin embargo, ahora que se encuentran en un nuevo penal, en el Cefereso 12, las condiciones no han cambiado. Los reos se enferman constantemente, debido a que la administración del penal mantiene prendidos todo el día los ventiladores, porque supuestamente se humedecen las paredes. De todos modos, Carlos no se ha dejado vencer frente a ello, a pesar de asegurar que es torturado día y noche.
Su abogado, Ricardo Sayavedra, interpuso el amparo 677/2020 ante un juzgado federal, mediante el cual señala que su cliente “ha sufrido actos de tortura y actos crueles inhumanos y degradantes, golpes, posiciones forzosas, amenazas técnicas de despersonalización y sometimiento que versan desde el traslado y que se siguen consumando”.
El juzgado séptimo de distrito concedió la medida cautelar para que se “cese de inmediato todo acto de incomunicación, tortura física o psicológica, castigo, tormento o lesiones de que pueda ser objeto (…) y que ponga en riesgo la integridad personal de Carlos Evaristo Lizárraga Flores”. No obstante, según Sayavedra, la autoridad no ha cumplido la medida.
Carlos mantiene su “espíritu inquebrantable” ante las torturas, pero cuando se convirtieron en una práctica habitual sintió desesperación. Lo mantiene de pie su familia y su fe en las leyes, profesión que ha estudiado dentro del penal en estos años, para poder defenderse en las audiencias y asesorar a sus compañeros, lo que lo ha llevado a ser apodado como “El amparista”.
“En una ocasión limpió casi un piso del área donde estaba. Los sacó libres”, narra su hermana Dalia.
“Carlos estudió en Tamaulipas la licenciatura en derecho. Por los traslados ya no pudo titularse y tramitar todo. Dada esa razón, en todos los centros que ha estado, ha tratado de orientar y ayudar a los internos (…) Llega el momento en que eres incómodo para el sistema porque te defiendes y haces valer tus derechos desde dentro de un penal”, señala Sayavedra, quien también se defendió mediante el Derecho cuando estuvo recluido.
Las estatales
Lo que le pasó a Carlos no dista de lo que también se presenta en penales estatales, tanto de hombres como de mujeres. En el Centro Penitenciario y de Reinserción Social Ecatepec, Chiconautla, localizado en el Estado de México, en el centro del país, las condiciones son prácticamente iguales. No reciben mejor comida, servicios médicos o un trato digno, de acuerdo con varios testimonios.
Dentro de este penal, el exprisionero José Humbertus Pérez Espinoza dirigió un movimiento que se rebeló desde 2016 contra los malos tratos y los atropellos judiciales. Junto con 300 presos interpuso un amparo colectivo por violación a la presunción de inocencia y por tortura. Algo así ha intentado Carlos, pero ha sido reprimido e incomunicado. Actualmente tiene los dedos lesionados tras varias fracturas y la visión dañada por el gas lacrimógeno que le rociaron los custodios.
“Si de por sí antes del COVID-19 había grandes violaciones a los derechos humanos, falta de atención médica, alimentos echados a perder, no había una dieta balanceada, con el COVID-19 todo se agudizó”, dice Pérez Espinoza, ahora titular de la organización Presunción de Inocencia y Derechos Humanos (PIDH).
Un reo de la cárcel de Chiconautla, que pidió mantener su nombre en reserva por motivos de seguridad, le explicó a la Agencia Anadolu vía telefónica que su vida “ha cambiado mucho porque es una bomba de tiempo” a raíz de la pandemia. Él fue testigo de un intento de motín el pasado 28 de junio, cuando los reos exigieron comida en buen estado, agua limpia, medicamentos y visitas.
Al final de ese intento de motín, la dirección penitenciaria se comprometió a cumplir las demandas. Sin embargo, en la noche llegaron las “vacas locas”, como se les llama a los antimotines. Decenas de ellos arribaron a las celdas lanzando gas lacrimógeno, los golpearon y luego los aislaron. “Fue para intimidarnos a todos”, cuenta.
Nada de esto lo puede contar en los teléfonos del penal porque, al igual que a Carlos, los custodios les escuchan sus llamadas. Lo hace desde un teléfono celular ingresado ilegalmente: “A personas con VIH las tienen abandonadas, no les dan medicamentos. Los tienen durmiendo en los baños”, comenta el recluso, quien detalla que desde hace cinco meses no les renuevan los tapabocas. Sus familiares deben entregárselos o darles dinero para que los compren a los custodios.
De acuerdo con el ‘Informe Especial sobre el estado que guardan las medidas adoptadas en centros penitenciarios para la atención de la emergencia sanitaria generada ante el virus COVID-19’ de la CNDH, solo al 40,9% de la población carcelaria le entregaron artículos de aseo; el 30% no recibía suministro de agua; el 22,4% de la población nacional no recibió atención médica; y el 30,6% no obtuvo medicamentos. Estos datos están actualizados hasta el 4 de junio de 2020.
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En ese mismo punto de la república, en el penal femenino de Tepozanes, han enfrentado lo mismo y agregan que aumentaron las extorsiones. Debido a ello surgieron huelgas, aunque las convictas apuntan que son reprimidas, aisladas, amenazadas de ser trasladadas a otros penales y castigadas sin alimentos.
“Aquí se cobra renta para todo. Nos quitan lo poco o mucho que tenemos. Son mandadas por parte de seguridad y custodias (…) Como no contamos con mucha visita con lo del COVID-19, la corrupción comienza”, dice una mujer privada de la libertad, quien aclara que las extorsionadoras son presuntamente coordinadas por una comandante.
El pasado 18 de agosto dos internas se percataron que unas comandantes e internas golpeaban a una prisionera que se negó a pagar la extorsión. La familia hizo público este problema en redes sociales y fueron amenazados. Más tarde, las testigos fueron sometidas y golpeadas, de acuerdo con una queja interpuesta por PIDH ante la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (CODHEM). “Las aislaron en su mismo dormitorio, dejándolas sin alimentos”, señala la denuncia.
“Si no pagas, te tablean”, señala un reo del penal de Chiconautla en Ecatepec, el municipio más grande de América Latina. Un ejemplo de lo anterior ocurrió el pasado 18 de junio en el Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Texcoco, Estado de México, cuando a un recluso le propinaron 25 tablazos en las nalgas por no pagar las extorsiones a las bandas que controlan el penal, de acuerdo con un video al que tuvo acceso la Agencia Anadolu.
La cuota se incrementó de los 100 a los 300 pesos, es decir, de 5 a 15 dólares, tan solo para que no les hagan daño.
Para Humbertus, con la pandemia “se elevó el nivel de agresividad ante el aislamiento total de los internos de sus familiares; y sobre todo se generó un gran problema de violencia. Las formas de autogobierno llevaron a extorsiones”. Según otra queja que interpuso Humbertus ante la CODHEM, a los reos los torturan “brutalmente” cuando no pagan la extorsión o los sacan desde la madrugada a hacer la limpieza de todo el módulo, de rodillas y desnudos.
Sea el penal que sea, bajo esquema público o privado, los reclusos están sumergidos en un infierno. Estos son los hoteles de cinco estrellas a los que se refiere López Obrador.
