El tribunal militar de Myanmar acusó a la líder de facto del país y consejera de Estado, Aung San Suu Kyi, arrestada tras el golpe militar, de aceptar un soborno de USD 550.000, informó el miércoles por la noche MRTV.

El servicio de prensa del Ejército birmano aseguró que el tribunal acusó a Suu Kyi en su audiencia de ayer de aceptar el soborno de Maung Weik, director de una empresa de construcción, en cuatro pagos entre 2018 y 2020.

Weik, quien asistió a la audiencia como testigo, dijo que la consejera de Estado le pidió dinero a cambio de “facilitar los permisos” de construcción. A la acusada no se le permitió reunirse con sus abogados para la defensa.

Tras ser detenida el 1 de febrero, Suu Kyi fue acusada en audiencias anteriores de violar las leyes de importación y exportación del país, al poseer 20 walkie-talkies importados ilegalmente y un jersey; inclumplir de la Ley de Gestión de Desastres del país en el marco de la pandemia del coronavirus, y malversación de fondos.

El 11 de marzo, el portavoz del Ejército de Myanmar, el general de brigada Zaw Min Tun, acusó a Suu Kyi de haber recibido aproximadamente USD 600.000 y oro como soborno mientras estaba en el poder.

Por otra parte, el portavoz del secretario general de la ONU, Stephane Dujarric, señaló que el equipo de observación del órgano internacional en Myanmar condenó la muerte de al menos 15 menores de edad provocada por los militares golpistas desde el inicio de las manifestaciones contra el golpe de Estado.

En su rueda de prensa diaria, Dujarric declaró que el equipo condenó el uso de la fuerza contra los niños en las manifestaciones por parte de las fuerzas de seguridad, al indicar que la información sobre el número de menores asesinados fue obtenida del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF).

“Estamos profundamente preocupados por estos acontecimientos”, aseguró el portavoz.

"La Organización Internacional para las Migraciones (OIM) dice que los migrantes en Myanmar se encuentran entre los más afectados por la crisis actual", agregó Dujarric.

El portavoz enfatizó que, según la OIM, una de cada cuatro personas en Myanmar es un migrante interno o externo, y que se presenta represión severa por parte de la administración militar en las regiones con un gran número de migrantes internos.

Agregó que la OIM pide “la protección y el reconocimiento de los derechos y demandas básicos” de los migrantes, los vulnerables y todo el pueblo de Myanmar, así como "el fin inmediato de la violencia".

Dujarric aseguró que la OIM continuará trabajando para apoyar a los migrantes en Myanmar a pesar de las difíciles condiciones.

Según el grupo de derechos Asociación de Asistencia a Presos Políticos (AAPP), la junta militar de Myanmar ha matado al menos a 217 personas desde que estallaron las protestas en todo el país contra la toma del poder por parte del Ejército el 1 de febrero.

A fecha del 17 de marzo, al menos 2.191 personas habían sido arrestadas, acusadas o sentenciadas por la junta militar, señaló el grupo este miércoles.

*Aicha Sandoval Alaguna contribuyó con la redacción de esta nota.