Por: Wilfredo Miranda Aburto
Carlos Brenes intentó huir hacia Costa Rica el 28 de agosto de este año. No pudo cruzar la frontera de Peñas Blancas. Fue interceptado y capturado por los hombres que dirigió en el pasado: Soldados del Ejército de Nicaragua quienes, de inmediato, lo entregaron a la Policía Nacional al ser señalado por el gobierno de Daniel Ortega como “terrorista-golpista”.
Brenes es un coronel en retiro del Ejército de Nicaragua. Aparte de su reputado historial militar, es toda una figura dentro del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN).
Durante la insurrección sandinista contra la dinastía familiar de los Somoza en la década del setenta, Brenes luchó codo a codo en la clandestinidad con Camilo Ortega Saavedra, héroe revolucionario y hermano del presidente Daniel Ortega. “Brenes fue mano derecha de Camilo en Masaya. Tras el triunfo de la Revolución en 1979, fue una de los cuadros más importantes del FSLN”, dijo Hugo Torres a la Agencia Anadolu.
“No basta el expediente histórico-militar-revolucionario para estar a salvo de la represión de Ortega”, señaló este Comandante histórico de la Revolución Sandinista.
Torres, disidente del sandinismo bajo el control de Daniel Ortega desde los noventa, señala que la persecución contra los ciudadanos que protestan contra la actual administración desde abril pasado también alcanza a los antiguos compañeros de lucha del mandatario. “Y con más saña”, advirtió.
"Históricos" capturados
El coronel en retiro Brenes es uno de los casos emblemáticos de los “sandinistas históricos” que han sido procesados por los delitos de “terrorismo” y “golpismo”.
El gobierno de Ortega, tras desatar una brutal violencia que ha dejado más de 324 muertos en cinco meses de rebelión cívica, ha emprendido “una tercera etapa de la represión”, de acuerdo a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Esta nueva etapa consiste en una persecución judicial contra los ciudadanos, a quienes se les apresa ilegalmente y luego son presentados ante un juez “bajo cargos insostenibles e irrisorios”, a juicio de organismos de derechos humanos.
La “cacería” suma más de 400 reos políticos, de los cuales 229 ya son procesados judicialmente, según datos de la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH).
En el caso del coronel Brenes, es señalado de orquestar los tranques (barricadas) en el departamento de Carazo durante los meses de junio y julio.
La acusación por “terrorismo” en la que incluyen a Brenes la encabeza Tomás Maldonado Pérez, un Mayor en retiro que fue retenido por paramilitares del gobierno el pasado dos de agosto.
Maldonado Pérez al igual que Brenes son dos ancianos que han sido críticos al gobierno de Ortega durante los últimos años. Jessenia Maldonado, hija del mayor en retiro, dijo que su padre estuvo desaparecido 22 días.
“No sabíamos si estaba vivo o muerto”, afirmó Jessenia. Fue hasta el 24 de agosto que lo vieron en los canales del gobierno, con la mirada absorta, presentado como “terrorista”.
“Mi papá fue a los tranques a orar”, explicó la joven Maldonado a la Agencia Anadolu. Añadió que su padre se retiró de la vida política para volverse predicador evangélico.
Los tres exmilitares sandinistas más que figuran en la acusación contra Brenes y Maldonado Pérez lograron huir hacia Costa Rica antes de ser capturados.
Otros dirigentes históricos como la comandante Dora María Téllez, mítica figura del secuestro al Congreso Somocista, cuya gesta fue retratada en la crónica “Asalto al Palacio” de Gabriel García Márquez, han optado por la clandestinidad ante los asedios de la cúpula política del gobierno de Daniel Ortega.
Téllez y el partido ilegalizado del que forma parte, el Movimiento Renovador Sandinista (MRS), son acusados por Ortega de “promover un golpe de Estado” y propiciar el “terrorismo”.
“Esta es una venganza y advertencia de Ortega: va a premiar a sus paramilitares y a castigar a todo aquel que haya tenido que ver con el Ejército o el Frente Sandinista que lo critique. Por eso ha desatado una persecución brutal”, dijo Téllez, también historiadora, a la Agencia Anadolu.
Persecución oficial
La persecución oficial también alcanzó a la comandante y exguerrillera Mónica López Baltodano. Ella denunció que la intentaron vincular a los organizadores de las barricadas en el municipio de Diriá. Al parecer, el haber denunciado públicamente le sirvió para recibir represalias personalmente.
Sin embargo, la consecuencias las sufrió su hermano, el profesor Ricardo Baltodano. El pasado 15 de agosto fue apresado en su casa en la Colonia San Antonio de Managua, luego de que regresara de una marcha contra el gobierno.
El exviceministro de Gobernación de Nicaragua, Luis Cañas, presentó esta semana ante los medios oficialistas fotos de los “reos terroristas” tras las repetidas denuncias de los familiares de que no han podido visitarlos en el Sistema Penitenciario.
En una de las fotos presentadas por el funcionario público, el mayor en retiro Maldonado Pérez y el coronel en retiro Brenes son requisados al mismo tiempo para ingresar a la cárcel La Modelo, donde deberán llevar una condena por “terrorismo”, la cual sus familiares alegan que es “injusta”.
Denuncias internacionales
El secretario ejecutivo de la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH), Marcos Carmona, había denunciado este martes ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (ONU), en Ginebra, Suiza, que el pueblo de Nicaragua ha sido víctima de crímenes por parte del gobierno de Daniel Ortega desde el 18 de abril.
“Hemos expuesto toda la represión, la cantidad de muertos, personas torturadas y detenidas que hay en el país. Hemos expuesto la situación de asedio que viven los hombres y mujeres de prensa, obispos, sacerdotes, promotores de derechos humanos que el Gobierno ha venido reprimiendo”, dijo Carmona.
Por su parte, el subprocurador de derechos humanos en representación del Estado de Nicaragua, Adolfo Jarquín Ortel, rechazó las acusaciones de la CPDH y alegó que en el país centroamericano no se violan los derechos humanos de la ciudadanía.
Las estimaciones de la CPDH sugieren que en las cárceles de Nicaragua hay unos 300 presos políticos que fueron detenidos por marchar contra la opresión gubernamental desde hace cinco meses.
