En la Cámara de Diputados de Argentina comienza una nueva carrera para la despenalización del aborto

Por: Santiago Serna Duque

Este jueves podría ser un día histórico en Argentina. La Cámara de Diputados votará, en el marco de una sesión especial que se extendería hasta el viernes, el proyecto de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE).

El proyecto de ley IVE, que envió el presidente Alberto Fernández al Congreso a mediados de noviembre, subraya que "las mujeres y otras personas con identidades de género con capacidad de gestar" tienen derecho a practicarse un aborto hasta la semana 14 del proceso gestacional.

A su vez, según detalló la agencia estatal Télam, habilita la "objeción de conciencia" por parte de profesionales de la salud que no quieran llevar a cabo la práctica, aunque no será admitida a nivel institucional.

El Ejecutivo destacó que, además del plazo de 14 semanas, la mujer mantendrá "el derecho a decidir y acceder a la interrupción de su embarazo" si "fuere resultado de una violación", cuando se trate de niñas menores de 13 años o si estuviera en peligro la vida o la salud integral de la persona.

Junto al proyecto de legalización del aborto se sancionará el proyecto que crea el Plan de los 1.000 días, el cual, según Fernández, busca “fortalecer la atención integral de la salud de la mujer durante el embarazo y de sus hijos e hijas en los primeros años de vida”.

En este contexto, la directora ejecutiva de Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA), Natalia Gherardi, le dijo a la Agencia Anadolu que “este jueves la Cámara de Diputados tiene la oportunidad de cambiar una regulación que tiene casi 100 años de antigüedad".

"Las normas vigentes sobre el aborto en Argentina fueron incluidas en el Código Penal en 1921, por un Congreso que no representaba ni los intereses ni los puntos de vista de las mujeres. Los legisladores que votaron ese Código eran todos varones que fueron elegidos por varones, ya que las mujeres todavía no podían elegir ni ser elegidas. Es momento de actualizar una norma penal que no nos incluye, que no contempla los cambios sociales y culturales de los tiempos de hoy. El Congreso tiene la oportunidad de elegir actualizar el régimen de aborto incorporando un sistema de plazos (14 semanas) además del régimen de causales que continuará vigente. En esas primeras 14 semanas de gestación la decisión será exclusivamente de la mujer y las razones que tenga para la interrupción del embarazo serán suyas, íntimas y personales, no sometidas al escrutinio del sistema de salud”, explicó Gherardi, quien también es parte del Grupo Coordinador de la Red de Acceso al Aborto Seguro de Argentina (REDAAS).

El Código Penal de Argentina detalla que el aborto no es punible “si se ha hecho con el fin de evitar un peligro para la vida o la salud de la madre y si este peligro no puede ser evitado por otros medios o si el embarazo proviene de una violación o de un atentado al pudor cometido sobre una mujer idiota o demente”.

Para que prospere, el proyecto debe ser votado por la Cámara de Diputados y luego por el Senado. Una vez aprobado por el Senado, se convierte en ley y comenzará a regir con la promulgación por parte del Poder Ejecutivo. Desde ese momento, el aborto en las primeras semanas de gestación ya no será un delito.

Si el proyecto de ley es avalado por el legislativo se podría disminuir la tasa de abortos realizados de manera clandestina en el país. Al respecto, y de acuerdo con datos oficiales puntualizados por Natalia Gherardi, en 2016 se internaron en hospitales públicos 39.025 niñas, adolescentes y mujeres por situaciones relacionadas al aborto.

“Casi la mitad de ellas (48%) tenía entre 20 y 29 años y 16% eran niñas y adolescentes entre 10 y 19 años. En el trienio 2016-2018, 459 mujeres murieron por causas relacionadas al embarazo, parto y puerperio; 65 de ellas estuvieron relacionadas con el aborto. Estas muertes representan el 15% del total de las muertes maternas. Nueve de las muertes por aborto fueron de adolescentes de entre 15 y 19 años y casi la mitad en mujeres de 20 a 29 años”, advirtió Gherardi.

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Las mujeres que mueren son regularmente personas jóvenes y sanas, que además en muchos casos tienen otros hijos. El portal de noticias LatFem indica que desde el año del debate sobre el aborto (2018) hasta hoy murieron 16 mujeres como consecuencia de abortos inseguros. Entre todas ellas, tenían 21 hijas e hijos.

“Cuando un estado implementa una política pública de acceso a los derechos sexuales y reproductivos incluyendo el acceso al aborto legal, los datos muestran que esto tiene un impacto positivo en la salud y las vidas de las mujeres. Este es el caso de la ciudad de Rosario (provincia de Santa Fe) donde durante muchos años se viene implementando una política pública seria y sostenida de acceso a los derechos”, remarcó la directora de ELA.

Según el informe de gestión 2011-2019 del Municipio de Rosario, los dos logros alcanzados gracias a la aplicación del 'Protocolo para la atención integral de las personas con derecho a la interrupción legal del embarazo (ILE)' han sido la disminución de internaciones por aborto, por ejemplo, de 450 en 2009 a 202 en 2018; y la reducción a cero del número de muertes maternas por complicaciones en abortos.

“Por eso decimos que la salud reproductiva es vital, tal como hemos podido documentar este año junto a un grupo de organizaciones de la región que integramos el Consorcio Latinoamericano contra el Aborto Inseguro (CLACAI)”, añadió Gherardi.

Con el fin de promover la garantía de los servicios esenciales de salud reproductiva y monitorear el impacto de la falta de acceso a estos servicios durante la pandemia del coronavirus en la región, el CLACAI lanzó en agosto la campaña ‘La salud reproductiva es vital’, enfocada en la atención prenatal y puerperio, métodos anticonceptivos, infecciones de transmisión sexual (ITS) y aborto.

“Las brechas de acceso en la región se han profundizando frente a la pandemia, dejando atrás a las niñas, adolescentes y mujeres en situación de pobreza o a quienes han sido marginadas por algún otro motivo. Algunas de sus múltiples expresiones son: el aumento de la violencia doméstica; las dificultades para acceder a métodos anticonceptivos; la falta de atención adecuada a embarazadas, durante sus controles prenatales, el parto y puerperio, o el aborto”, explicó Susana Chávez, secretaria ejecutiva de CLACAI, un consorcio que integra a más de 90 organizaciones a lo largo de América Latina.

Al respecto, distintos organismos regionales han enfatizado sobre las implicaciones que una postergación de estos servicios podría tener para las mujeres.

El Fondo de Población de las Naciones Unidas (FPNU) señaló que en los primeros seis meses de confinamiento intermitente se contabilizaron cerca de 7 millones más de embarazos no planeados.

“En los países en que existen mayores garantías, los accesos están limitados por la escasa cobertura de los Estados, que en algunos casos no reconocieron los servicios de salud sexual y reproductiva como esenciales ni emitieron oficios sobre las atenciones en estas materias en contexto de pandemia, repercutiendo especialmente en las vidas de las mujeres que se encuentran en una situación de pobreza y en aquellas que han sido marginadas por la institucionalidad vigente. Esto demuestra, en parte, que la discusión sobre el abordaje de la crisis está lejos de tener una mirada de género para la búsqueda de soluciones en el corto, mediano y largo plazo”, afirmó el CLACAI.

Así las cosas, las cifras recabadas y analizadas por el CLACAI son alarmantes. En Perú, por ejemplo, Promsex reportó que hasta septiembre 700 niñas menores de 14 años tuvieron hijos. En Colombia, donde el aborto está inscrito en el Código Penal, menos del 1% de las mujeres pudieron acceder a abortos legales.

Volviendo a Argentina, distintos sectores de la oposición al Gobierno de Alberto Fernández alegan que el apoyo del oficialismo a la despenalización del aborto es una jugada populista que tiene como objetivo recoger el respaldo de los jóvenes.

Frente a esto, Gherardi dijo: “Creo que esta afirmación niega el valor de la construcción colectiva y de largos años de trabajo que impulsa el movimiento de mujeres y los feminismos, en particular desde la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal Seguro y Gratuito. El acceso al aborto legal y seguro, como parte del acceso imprescindible a los derechos sexuales y reproductivos (incluyendo la anticoncepción) promueven la autonomía reproductiva. Se trata de reconocer la ciudadanía plena de las mujeres, de reconocer su derecho a la autonomía y las condiciones para que puedan elegir con libertad sus propios planes de vida. Este proyecto no es producto de una 'propuesta populista del presidente', es producto de años de lucha y construcción colectiva que nos pertenece a las mujeres, a las niñas, adolescentes y a todas las personas con capacidad de gestar”.

En tanto, los obispos que integran la Conferencia Episcopal Argentina (CEA) manifestaron en las últimas horas sus cuestionamientos al proyecto de legalización del aborto que será debatido en la Cámara de Diputados.

El titular del Episcopado, el obispo de San Isidro, monseñor Oscar Ojea, expresó: "Le pedimos a los legisladores antes de votar, un segundo de reflexión frente a lo que significa el respeto a la vida; y tantas personas que van a ser privadas de la luz y que pueden enriquecer nuestro mundo y llenarnos de esperanza. Usemos este silencio, pidiendo verdaderamente al Señor la luz para todos aquellos que tienen la responsabilidad en este momento".

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En la otra orilla, Gherardi concluyó: "Confiamos en que el Congreso Nacional ha comprendido los argumentos de salud pública, de derechos humanos y de justicia social que impulsan este proyecto. El debate social, profundo, transversal, comenzó con el amplio proceso legislativo que se desarrolló en 2018. Todos los argumentos están sobre la mesa y confío en que la clase política apoyará este reclamo de las mujeres y los feminismos porque es un reclamo justo".