¿Podrá el levantamiento popular volver a instaurar la democracia en Myanmar?

Por: Omer Faruk Yildiz

La historia moderna de Myanmar conoció su primer golpe de Estado militar en 1962, cuando el general Ne Win tomó el poder por la fuerza, estableciendo un régimen autoritario que cerró el país al resto del mundo y lo hundió en la miseria.

El 8 de agosto de 1988, un grupo de estudiantes de la Universidad de Rangún inició lo que en pocos días se convirtió en la mayor revolución en la historia reciente del país asiático. Sin embargo, el régimen logró frenar el levantamiento en 40 días, después de haber masacrado a miles de manifestantes. El levantamiento finalizó con un segundo golpe de Estado el 18 de septiembre del mismo año.

Años después, Myanmar vive una segunda revolución tras el golpe de Estado del 1 de febrero de este año, en el que la junta militar derrocó al Gobierno elegido democráticamente y encarcelando a sus principales miembros. Las manifestaciones empezaron a partir del 6 de febrero y el 19 del mismo mes se produjo la primera baja mortal. Desde entonces al menos 200 personas han perdido la vida en las protestas en contra de la junta militar, mientras que más de 500 han sido detenidas.

La sociedad birmana está formada por numerosas etnias representadas en partidos políticos e incluso grupos rebeldes armados. De momento no hay ninguno de estos partidos que haya aceptado participar en la comisión electoral creada por la junta militar. Así mismo, algunos grupos rebeldes han amenazado con responder al Ejército si este ataca a los manifestantes de sus regiones.

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Por su parte, la comunidad internacional ha respondido con una postura de rechazo hacia la junta militar. Estados Unidos, Reino Unido y Canadá anunciaron sanciones contra los generales que participaron en el golpe, mientras que Suiza, Australia, Nueva Zelanda y Corea del Sur suspendieron sus relaciones con Myanmar.

Teniendo en cuenta la experiencia de 1988, es difícil creer que el levantamiento en curso logre cambiar la postura de la junta militar. Es verdad que internet, las redes sociales y los medios de comunicación hoy en día ayudan a dar a conocer lo que está sucediendo en el país, pero la junta militar va a hacer todo lo posible por mantenerse en el poder. Así mismo, la actual situación económica del país no permite que la situación de desobediencia social se prolongue demasiado, ya que esta perjudica a los manifestantes tanto como al propio Estado.

Esta realidad señala al exterior como a la única fuente que puede solucionar la crisis. La solicitud de la responsabilidad de proteger (R2P) de las Naciones Unidas por parte de los manifestantes demuestra que estos también parecen aceptar esta realidad y esperan una intervención foránea.

Las sanciones impuestas a Myanmar por diversas naciones hasta el momento son limitadas, ya que estas solo afectan a ciertos individuos y no afectan a su comercio con Europa. El pasado 4 de marzo, la junta militar dijo que su país está acostumbrado a las sanciones y que hasta ahora han aguantado. Estados Unidos y algunos países europeos llevan imponiendo sanciones a Myanmar desde 1996. Sin embargo estas sanciones no han hecho sino acercarlos a China aún más.

El acuerdo del R2P se firmó en 2005, y desde entonces no se ha implementado a pesar de las guerras en Libia, Siria y Yemen. Una intervención militar contra la junta militar de Myanmar podría desencadenar una guerra civil y generar una división étnica.

Teniendo en cuenta todos estos factores, la única solución lógica en el horizonte es establecer una mesa de diálogo en la que se incluya a la junta militar y a los miembros del Gobierno legítimo derrocado. Tailandia e Indonesia son los primeros países de la región en haber propuesto esta opción. Indonesia tiene el potencial de actuar como mediador. El único problema es la falta de consenso entre los países de la región sobre qué postura tomar ante la junta militar de Myanmar. No obstante, aunque estos países se pusiesen de acuerdo en una solución, su implementación pasaría por un acuerdo entre Estados Unidos y China.

*Las opiniones expresadas en este artículo son propias del autor y no reflejan necesariamente la postura editorial de la Agencia Anadolu.

*Traducido por Daniel Gallego.