Las imágenes de las redes sociales de fábricas chinas en llamas en el distrito fabril de Rangún conocido como Hlaing ThaYa deben estar haciendo que los inversionistas extranjeros ya preocupados presten más atención a la escalada de asesinatos y violencia por parte del régimen golpista de Myanmar.

Global Times, el portavoz del Gobierno chino, caracterizó la quema de fábricas como "bárbara", sin ni siquiera hacer una breve mención de la masacre de 18 manifestantes pacíficos desarmados en el mismo lugar el mismo día.

A pesar de que los manifestantes, que viven junto a estas fábricas, negaron públicamente haber provocado el incendio, la propaganda china simplemente repite la narrativa típicamente engañosa de la junta de Myanmar sobre las víctimas como instigadores de la violencia y la destrucción de la propiedad.

Luego, el medio de comunicación procedió a etiquetar a cualquier birmano que plantee la posibilidad de destruir activos chinos como "enemigos de Myanmar y China que deben ser severamente castigados".

Las mentiras de los líderes militares de Myanmar están bien documentadas. Después de que sus tropas incendiaran casi 400 aldeas rohinyá en 2017, con más de 38.000 edificios incluidos, mezquitas, instalaciones de almacenamiento de arroz, residencias y tiendas, el Gobierno pseudodemocrático intentó engañar tanto al país como al mundo. Afirmaron que las víctimas de su genocidio "incendiaron sus propias casas" antes de huir a Bangladés

La escalada de protestas populares es una respuesta directa al golpe de Estado universalmente impopular. Los manifestantes sienten con indignación que el golpe de Estado contra Aung San Suu Kyi y la Liga Nacional para la Democracia viola descaradamente los derechos democráticos y la voluntad de todos y cada uno de los votantes de Myanmar. Es importante destacar que el golpe ha enfurecido a la población joven en edad de votar que no está preparada para aceptar su futuro como una población sometida bajo la bota de dictadores militares, independientemente de si la Liga Nacional para la Democracia (LND) está al mando o no.

En ciertos días designados de huelga a nivel nacional, las protestas atraen hasta 25 millones de personas, aproximadamente la mitad de la población del país, a las calles de pueblos y ciudades, municipios e incluso aldeas. Se ve a los padres bendiciendo a sus hijos e hijas pequeños mientras salen a las calles.

Un periodista francés con sede en Hong Kong que se especializa en el sudeste asiático caracterizó las protestas diarias como una "guerra civil urbana". Estas protestas han sido recibidas con la “matanza diaria” por parte de la junta militar, como dijo un amigo mío activista criado en el Ejército quien se ha unido a las protestas a nivel nacional, ahora en su día 38.

Los 15 miembros del Consejo de Seguridad de la ONU, incluidos China y Rusia, respaldaron unánimemente la declaración del presidente del consejo del 10 de marzo que "condena la violencia contra manifestantes pacíficos, incluso contra mujeres, jóvenes y niños" y expresa profunda preocupación por las restricciones impuestas al personal médico, la sociedad civil, sindicalistas, periodistas y trabajadores de los medios de comunicación, y pide la "liberación inmediata de todos los detenidos arbitrariamente”.

Una semana antes de las condenas del Consejo, la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, exigió que "el Ejército de Myanmar deje de asesinar y encarcelar a manifestantes", al tiempo que puso el foco en las desapariciones forzadas de detenidos y el arresto arbitrario de más de 1.750 personas.

Ver también: Asociación de Presos Políticos afirma que 202 personas han sido asesinadas en las protestas de Myanmar

Por definición, el asesinato de manifestantes civiles pacíficos por parte de las fuerzas de seguridad, las desapariciones forzadas de activistas, las ejecuciones sumarias y la muerte por tortura (de miembros prominentes de la LND y otros) son crímenes de lesa humanidad.

Según los datos de Radio Free Asia publicados el 14 de marzo, el número de manifestantes asesinados ha superado los 130 durante las protestas antigolpistas que se multiplicaron por todo Myanmar hace un mes y medio.

En respuesta al golpe y al posterior ataque sangriento a los manifestantes, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, anunció la congelación de un fondo del Gobierno de Myanmar de USD 1.000 millones en el sistema financiero estadounidense. Esto fue seguido por la medida para detener las transacciones financieras a través de Estados Unidos por parte de los dos conglomerados corporativos del Ejército con un valor combinado estimado de USD 16.500 millones.

Evidentemente, la junta militar se ha insensibilizado ante el impacto en la economía de Myanmar y el impacto financiero en el Ejército como institución de sanciones selectivas. Además, parece no importarle la moratoria efectiva del Banco Mundial sobre préstamos y subvenciones al país, a pesar del daño que tales medidas punitivas tendrán en la vida económica y en el sector social y de salud pública afectado por el coronavirus.

Hay tres razones principales de la impermeabilidad de los generales y sus familias.

Primero, el régimen está correctamente convencido, gracias a la protección del veto de Beijing, de la imposibilidad de una intervención militar autorizada por el Consejo de Seguridad de la ONU y del tipo de sanciones económicas paralizantes que se aplicaron en Irak.

En segundo lugar, las familias de los líderes militares dirigen imperios comerciales expansivos dentro de redes muy unidas, parecidas a la mafia, de intereses entrelazados en asociación con muchos magnates chinos locales, cuyos hijos también se casan con familias militares importantes. Estas redes han lavado y estacionado durante varias décadas las ganancias mal habidas de los líderes militares en bancos en China y Singapur, según fuentes en Rangún familiarizadas con estos acuerdos financieros.

En tercer lugar, los cinco principales inversores en la economía de Myanmar controlada por los militares son inversores asiáticos que no están limitados por las leyes nacionales ni por consideraciones morales de sus gobiernos.

Los datos del Banco Mundial muestran que Singapur y Hong Kong (China) eran los dos mayores inversores extranjeros en Myanmar en 2020, y representaban el 34% y el 26% de inversión extranjera directa, respectivamente, en ese país.

Incluso cuando Kirin, uno de los productores de cerveza más grandes de Japón, decidió cortar los lazos con su socio comercial vinculado al Ejército, se debió únicamente a la presión de las campañas de activistas internacionales y la mala prensa resultante. La desinversión de Kirin se produce a pesar del blanqueo de Tokio del genocidio de Myanmar.

En marcado contraste con los inversores de Singapur y China, incluso en los primeros días de las protestas, otros inversores extranjeros se han mostrado preocupados por el impacto negativo en la economía y los negocios del país.

El día después del golpe, BBC Asia Business Report publicó el 2 de febrero un artículo titulado "Es probable que un golpe militar dañe la economía de Myanmar" en el que citó a inversores extranjeros nerviosos y empresas de análisis de riesgos.

Stephen Lamar, presidente de la Asociación Estadounidense de Ropa y Calzado, afirmó en el artículo: "Muchos de los miembros del grupo comercial hicieron negocios en Myanmar y encontraron el golpe profundamente preocupante".

Según el mismo informe de la BBC, Anwita Basu de Fitch Solutions, una firma de datos financieros, dijo que el golpe ha reducido a la mitad el crecimiento económico del 6% proyectado en Myanmar. Además, expresó que "los mayores inversores que se verán afectados por esto serán los asiáticos y he visto una reacción muy tentativa en muchos de estos países".

Estos inversores y empresas tienen razón al ser cautelosos sobre hacer negocios con Myanmar después del golpe, ya que la situación tiene todos los signos de un prolongado y sangriento conflicto civil-militar.

A diferencia de las anteriores protestas antimilitares de base urbana que se remontan a la década de 1960, el movimiento de protesta actual alinea la perspectiva generalizada a favor de la democracia y los derechos humanos en las ciudades y pueblos con la participación de las comunidades minoritarias diseminadas por todo el territorio y regiones fronterizas, entre las que una docena de organizaciones étnicas armadas (bien armadas) luchan por una democracia federal mientras controlan grandes franjas de territorios.

Ya sea el genocidio rohinyá de los militares o los crímenes de lesa humanidad en curso, toda la sociedad de Myanmar es muy consciente del envalentonado sentido de impunidad de los asesinos, que les ha sido transmitido a través de la ONU. Saben que el sentido de impunidad e invencibilidad de los generales tiene sus raíces en el poder que ostenta su vecino, China, que desempeña un papel fundamental en las décadas de opresión.

De todos los inversores extranjeros, Beijing ha sido el protector más importante del Ejército de Myanmar en el Consejo de Seguridad y el facilitador de la junta militar ampliamente despreciada. Esta es la junta que el pueblo de Myanmar considera comúnmente como "la amenaza existencial para el país y la política [democrática]", haciéndose eco de tal caracterización del embajador Kyaw Moe Tun, representante de Myanmar en la Asamblea General de la ONU, el pasado 26 de febrero.

El público birmano, tanto en el espacio real como en las redes sociales, está expresando su tremenda ira pública contra China por permitir y proteger al Ejército birmano.

En lugar de utilizar su influencia con la junta militar para dominar el manejo terrorista y asesino de las protestas populares por parte de esta última, China ha puesto sus activos económicos antes que la seguridad de 53 millones de habitantes de Myanmar.

Mientras tanto, ha enmarcado los crímenes internacionales de los militares como "un asunto interno". Nervioso por el impacto económico de las protestas en sus activos estratégicos, Beijing celebró reuniones "secretas" con socios comerciales militares de Myanmar y funcionarios de seguridad para hacer "arreglos de seguridad" para proteger los oleoductos y las empresas chinas en todo el país, como se evidencia en el Ministerio de Relaciones Exteriores de Myanmar desde donde se filtró el acta de una de esas reuniones celebrada el 23 de febrero.

Si bien el enfrentamiento en curso entre la sociedad de Myanmar en general y la junta criminal tendrá un impacto negativo en la economía de Myanmar, China también es responsable. Su enfoque miope e indiferente a los derechos humanos para perseguir y proteger sus intereses está agravando aún más las condiciones económicas y políticas con consecuencias potencialmente nefastas para todos.

*El autor es un coordinador birmano de la Free Rohingya Coalition con sede en el Reino Unido, secretario general de las Fuerzas de Renovación del Sudeste Asiático y miembro del Centro de Documentación sobre el Genocidio en Camboya.

**Las opiniones expresadas en este artículo pertenecen al autor y no reflejan necesariamente la política editorial de la Agencia Anadolu.

***Maria Paula Triviño contribuyó con la redacción de esta nota.