El acuerdo de paz firmado en noviembre de 2016, entre el Gobierno colombiano y la desparecida guerrilla de las Farc, parecía establecer una hoja de ruta sólida para que la sociedad y los actores del conflicto superaran cinco décadas de guerra interna.
Luego de un año de rubricar el pacto, los testimonios de la Farc y de organizaciones no gubernamentales indican que en algunas zonas del país el conflicto se ha recrudecido, en medio de una atmósfera jurídica y política de incertidumbre.
La Farc informó este jueves que aparte de las distintas interpretaciones que se quieren hacer sobre la implementación del pacto, hay una actitud explícita de sectores poderosos que alientan el incumplimiento de los compromisos de la paz. "A nosotros siempre se nos dijo que se estaba negociando con el Estado, no solamente con el Gobierno de Santos. Por lo tanto, entendemos que hay una actitud premeditada de no cumplir con las obligaciones del proceso", expresó un miembro del ahora partido político Farc que pidió que no se revelara su nombre.
También dijo que el pronunciamiento de la Corte Constitucional, en el que se hace extensiva la salida de la Justicia Especial para la Paz (JEP) de funcionarios civiles del Estado, abre la puerta para que las responsabilidades de ministros, gobernadores, alcaldes, jueces y empresarios inmersos en el conflicto queden en la impunidad.
Ante el posible escenario de un incumplimiento por parte del Estado al acuerdo de paz, la Farc enfatizó en su decisión de no regresar a las armas como vía de protesta. "No nos parece que sea realista volver a empuñar los fusiles, pero sí vamos a dar la lucha y la pelea para que se cumpla el acuerdo. Todo desde la legalidad y las buenas acciones", aseguró el portavoz del ex grupo guerrillero.
Al respecto, la iniciativa Unión por la Paz, impulsada por el expresidente Ernesto Samper y el analista León Valencia, entregó un informe que respalda el compromiso de la Farc. El texto explica que la dejación de armas se cumplió a cabalidad y superó ampliamente los registros de otros procesos de desarme, como el de las autodefensas.
Según las Naciones Unidas (ONU), la Farc entregó en el desarme 7.130 armas e informó de 750 caletas, en las que se incautaron 488.489 municiones de diferentes calibres de armas ligeras; 26.489 kilos de explosivos; 39.849 metros de cordón detonante y mecha lenta; 4.277 granadas; 2.647 minas antipersonales; 31.868 iniciadores-estopines; y 1.767 municiones de morteros, de 81 mm y 60 mm, además de otras 1.238 armas que estaban escondidas.
Unión por la Paz también agregó que entre 2012 y 2016 la reducción de homicidios en los 281 municipios focalizados para el posconflicto fue de 957 vidas, una disminución del 27%. “Este comportamiento se puede observar en la reducción del desplazamiento forzado, el secuestro y la desaparición forzada”, añadió el texto de Unión por la Paz.
Frente a esas cifras, el portavoz de la Farc solicitó que se adelante una implementación coherente por ambas partes, e hizo un llamado al secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, para que verifique el proceso.
La Farc convocó a la comunidad internacional para que realice una veeduría, pues asegura que la JEP era un sistema que garantizaba “en lo teórico” la verdad y la reconciliación, pero finalmente quedó configurado en un sistema arbitrario de juzgamiento para la Farc. Es decir, “lo que no se logró imponer en la mesa de diálogo o en el campo de batalla, terminó imponiéndose a través de un pronunciamiento de la Corte", aseveró el representante de la Farc.
Asimismo, manifestó su preocupación ante la posibilidad de que mecanismos internacionales de justicia como la Corte Penal Internacional intervengan en el juzgamiento de los exguerrilleros, lo que significaría una suerte de enajenación de la soberanía jurídica colombiana.
Existe una contradicción en las solicitudes de la Farc, pues rechazan cualquier intervención de cortes externas, pero avalan la injerencia de naciones del mundo en el proceso paz. Al respecto, la Farc indicó que la "realidad de Colombia es contradictoria".
Los que vuelven a la guerra
En medio de la crisis en la implantación, el delegado de la Farc culpó al Gobierno por las disidencias de los últimos meses.
"La explicación fundamental es que la gente no está viendo perspectiva desde el punto de vista de la reincorporación económica en las zonas. Para el excombatiente, USD 200 mensuales no son suficientes para vivir y por eso desertan". Dio el ejemplo de los exguerrilleros ubicados en el municipio de Inconozo (Tolima): "a esta zona del país llegamos 320 combatientes, pero la última vez que fui solo encontré 200. Es decir, 120 se fueron, pero solo tres expresaron que no vuelven".
La Fundación Paz & Reconciliación explicó que hay 15 grupos desertores en 43 municipios de Colombia. Los más numerosos se encuentran en Guaviare, Tumaco y Cauca. “Un total de 700 guerrilleros habrían reincidido”, afirmó la organización no gubernamental.
El emisario de la Farc dijo que algunos de estos combatientes están bajo el mando del líder guerrillero de 27 años, alias ‘Guacho’.
La Fundación Paz & Reconciliación alertó sobre supuestos disidentes de la Farc en el sur de Colombia, bajo el mando de los guerrilleros Iván Mordisco y Gentil Duarte, quienes convocaron a cerca de 450 exmilicianos.
Según la fundación, “no existe ningún tipo de vínculo entre los miembros de las Farc en proceso de reincorporación y los denominados desertores y disidencias del mismo grupo”.
“Las Fuerzas Armadas están en una especie de paro”
El enviado de la Farc le manifestó a la Agencia Anadolu que el recrudecimiento de la guerra es consecuencia de la suspensión de las arremetidas militares a grupos de autodefensas, disidentes de la Farc y organizaciones criminales como el Clan del Golfo.
“En Tumaco, por ejemplo, tenemos entendido que hay comunicación entre mandos de las Fuerzas Armadas con 'Guacho', un miliciano sin mayor experiencia militar. Cómo explicar que hay más de 5.000 efectivos del Ejército y la Policía que no han podido frenar las acciones criminales de un grupo dirigido por alguien como él. Eso ocurre porque hay una especie de paro de las Fuerzas Armadas. No están actuando. Nosotros, que soportamos el peso de las actividades bélicas del Ejército sabemos de su capacidad y hoy lo que ocurre en esas zonas es una inactividad total, como de mirar para otro lado", explicó el líder de la Farc.
En relación a esto, el informe de Fundación Paz & Reconciliación dijo que “hay un alto riesgo en seguridad por la proliferación de grupos armados organizados y la expansión del Clan del Golfo. Estos afectan principalmente tres grandes regiones de todo el cinturón del Pacífico, desde Tumaco (Nariño) hasta Riosucio (Chocó)”.
El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos; el máximo líder de la Farc, Rodrigo Londoño; y el presidente de la Comisión de la Verdad, Francisco De Roux, se reunirán en el Teatro Colón, de la capital del país, para entregar sus conclusiones.
*La fuente de la Farc consultada para este escrito pidió que no se revelara su nombre.
