Política

Estos son los desafíos del presidente de Colombia que superará unas controvertidas e inéditas elecciones

Cerca de 39 millones de personas podrán votar este domingo 19 de junio en una inédita segunda vuelta presidencial, entre el candidato de centro izquierda Gustavo Petro y el empresario de derecha Rodolfo Hernández.

Gustavo A. Delvasto D.   | 18.06.2022
Estos son los desafíos del presidente de Colombia que superará unas controvertidas e inéditas elecciones Ciudadanos votan en las elecciones legislativas y primarias colombianas en el centro de eventos de Corferias en Bogotá, Colombia, el 13 de marzo de 2022. Archivo (Juancho Torres - Agencia Anadolu)

Colombia

Cerca de 39 millones de personas en Colombia se encuentran aptas para votar este domingo 19 de junio, en una inédita segunda vuelta de las elecciones presidenciales, que por primera vez en la historia se sortea entre dos políticos ajenos a los partidos tradicionales y que han sido calificados como ‘independientes’ a los grupos de poder que han gobernado desde siempre la nación suramericana.

El economista Gustavo Petro, de la coalición de centro-izquierda Pacto Histórico, y el ingeniero Rodolfo Hernández, un exitoso empresario del movimiento Liga de Gobernantes Anticorrupción, llegan al final de la meta este fin de semana tras una reñida y controversial competencia electoral, que en su primera vuelta dejó victorioso a Petro con más de ocho millones de votos mientras que Hernández obtuvo casi seis millones, desplazando a políticos apoyados por los tradicionales partidos Liberal y Conservador.

Sus fórmulas vicepresidenciales son igual de inéditas como 'outsiders', tal como los aspirantes hombres. De Petro, la líder social Francia Márquez, de Hernández, la académica Marelen Castillo, ambas pertenecientes a la comunidad afrocolombiana.

A pesar de estos primeros resultados del 29 de mayo, las encuestas publicadas hasta hace una semana evidencian un empate técnico entre los dos aspirantes, tan disímiles en sus propuestas como parecidos en la forma de presentarse como políticos “antiestablecimiento”.


Ver también: El balance que deja el acuerdo de paz de Colombia a cinco años de su celebrada firma en el Teatro Colón de Bogotá


A pesar de esa etiqueta el que resulte victorioso debe asumir en agosto las riendas de un complejo país, que reciben de un criticado presidente Iván Duque, con cifras y datos preocupantes en diversos temas, a juicio de algunos organizaciones locales e internacionales.

La mirada de los colombianos y sectores de la comunidad internacional se centrará en lo que un Gobierno de Petro o Hernández pueda hacer por una completa implementación del Acuerdo de Paz firmado en 2016, contra el asesinato de líderes sociales, la crisis socioeconómica, los grupos armados ilegales, el desplazamiento, el estallido social durante y después de la pandemia, entre otros, que a su vez han incidido en el actual escenario electoral.


Preocupantes cifras

Según uno de los más recientes informes de la Oficina de la ONU para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (Ocha) las disputas territoriales entre grupos armados ilegales, sus masacres, los asesinatos selectivos, reclutamiento de niños y amenazas a líderes sociales han generado miles de desplazados.

Ocha afirma que en lo que va de este 2022, más de 78.900 personas han sido víctimas de desplazamiento masivo y confinamiento a causa de la violencia.

En cuanto al número de personas afectadas por hechos de violencia, Ocha detalla que, en esta primera mitad de año, cerca de 345.000 colombianos se han visto impactados, un incremento del 300 % respecto a 2021, a juicio de la organización internacional.


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Según otro informe de reconocidos organismos como el Observatorio de los Desplazamientos Internos (IDMC, por sus siglas en inglés) y el Centro Noruego para los Refugiados (NRC), después de Siria y la República Democrática del Congo (RDC), Colombia se ubica en el tercer puesto con 5,2 millones de personas bajo esta condición.

De igual forma el país alberga a más de 1,8 millones de venezolanos desplazados, según la agencia de la ONU para los refugiados, Acnur.

Por parte de la Misión de Apoyo al Proceso de Paz de la Organización de Estados Americanos (MAPP-OEA), que sigue en detalle la implementación del Acuerdo de La Habana, en un reciente informe sobre cifras del primer semestre de 2021 entregado al Consejo Permanente de la OEA, preocupa la violencia que genera en poblaciones vulnerables crímenes como el reclutamiento forzado, desplazamientos forzados y atentados sistemáticos a líderes comunitarios.

Las regiones donde más se han visto estas afectaciones son el Bajo Cauca (Antioquia), Catatumbo (Norte de Santander), sur de Bolívar, sur de Córdoba y las zonas aledañas a los ríos Atrato, Baudó y San Juan ( en el Chocó); los departamentos de Arauca, Cauca, Caquetá, Guaviare, Meta, Putumayo, Nariño y Valle del Cauca.

 Es por esto que la MAPP se ha enfocado en analizar los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), la sustitución de cultivos ilícitos (PNIS), el desminado territorial, la prevención del reclutamiento, la participación juvenil, “los avances institucionales en el Sistema Integral para la Paz”, las violencias basadas en género (VBG) y contra pueblos étnicos. La MAPP – OEA ejemplifica este drama en municipios como Tibú, Norte de Santander, donde la violencia basada en el género se incrementó un 500% respecto al mismo periodo de 2020, principalmente por la gran cantidad de mujeres que lideran sus comunidades para construir la paz.

Para el jefe de la MAPP-OEA, Roberto Meléndez, Colombia necesita consolidar “una paz que defienda la vida y cese todas las afectaciones contra comunidades y liderazgos… Que abra escenarios de diálogo y alternativas judiciales con los distintos grupos armados ilegales; que facilite la llegada integral y articulada del Estado”.

En un análisis del medio independiente The New Humanitarian titulado: “Why Colombia’s next president will have to hit the humanitarian ground running” (¿Por qué el próximo presidente de Colombia tendrá que empezar a trabajar desde el punto de vista humanitario?), la NRC asegura que sus estimaciones se centran en que 10 millones de personas en el país, una de cada cinco, necesita algún tipo de ayuda humanitaria inmediata.

The New Humanitarian habla de los constantes riesgos migratorios, especialmente en la frontera con Venezuela, principal cruce de miles de personas y zona donde confluyen diversos tipos de problemáticas junto a los grupos armados y la falta de presencia del Estado.

The New Humanitarian asegura que hubo un drástico aumento de personas que viajan a través de Colombia, desde otros países, particularmente aquellos que recorren el peligroso camino del Tapón del Darién, rumbo a Panamá (frontera oeste), uno de los diversos corredores migratorios que se cruza con el conflicto.

La xenofobia, particularmente contra los migrantes venezolanos, se convirtió también en otro drama que el nuevo Gobierno debe afrontar, especialmente como consecuencia de la pandemia y el estatus de residentes permanentes otorgado por el Gobierno de Iván Duque para acceder a salud y educación.


Derechos Humanos

Según el Programa Somos Defensores, organización que vela por la protección y prevención de las agresiones contra los defensores de derechos humanos, su más reciente informe puede servir a la nueva Administración para que “tome nota sobre la importancia de incluir en sus programas el tema de garantías para el ejercicio de la labor de las personas defensoras de derechos humanos”.

Según ellos, el 2021 ha sido el más violento en los últimos 12 años. El Programa registró 996 agresiones individuales, “casi tres por día”, con un incremento del 3% con respecto al 2020. En el informe se llama la atención sobre el incremento de determinadas agresiones como detenciones arbitrarias, en un 73%, y los robos de información “con un incremento del 225%”.

El informe reveló que la violencia silenció la vida de 139 defensores y defensoras de los derechos humanos en ese mismo año. Para las organizaciones y las autoridades la tasa de homicidios en 2021 es la más alta en los últimos siete años. Según el informe anual de la Policía colombiana, 13.709 personas perdieron la vida de manera violenta, una tasa de homicidios del 26,8 % por cada 100 mil habitantes, muy similar a la registrada en el 2014.

El Programa Somos Defensores documentó 53 casos de asesinatos en 2022, superando “los 28 casos confirmados durante el mismo período del 2021, con un incremento del 89% (25 casos más)”.

Tanto Petro como Hernández ahora respaldan el acuerdo de paz de 2016 y han sido críticos de la administración de Duque.

Si bien Hernández, exalcalde de Bucaramanga, se opuso a la refrendación del acuerdo de paz durante el Gobierno de Juan Manuel Santos, hoy afirma que su implementación es necesaria. No descarta dialogar con grupos armados irregulares y relaciona estos temas a su discurso de la lucha contra la corrupción.

Por parte del exalcalde de Bogotá y actual senador, la implementación del acuerdo de paz es indispensable, lo mismo el realizar inversiones sociales en los sectores rurales afectados por el conflicto. Dice que buscará los diálogos de paz, especialmente con la guerrilla del ELN, además de declarar su intención de gradualmente salir de la dependencia económica de los hidrocarburos.

El panorama no es claro para cualquiera que asuma el nuevo Gobierno, especialmente después de una complicada campaña política llena de filtraciones, acusaciones, desaciertos de los candidatos, que minan desde un comienzo su caudal político y legitimidad.

Por ahora las instituciones se preparan para afrontar la jornada. La Defensoría del Pueblo tendrá su plan operativo con 3.000 funcionarios para el acompañamiento y vigilancia electoral y postelectoral.

En uno de sus más recientes mensajes, el Defensor del Pueblo Carlos Camargo hizo la invitación “a ejercer de manera libre el derecho al voto, que la Constitución nos otorga (…) no puede obedecer a dádivas o a presiones de los violentos, de los grupos armados ilegales o de las organizaciones criminales… La mejor contribución es salir a votar y hacerlo de manera libre, consciente y responsable”.

También hizo un llamado a los candidatos y sus campañas. “Veo las necesidades de la gente, sus angustias y carencias. Quieren respuestas concretas y soluciones de carne y hueso a sus problemas…No permitir que la polarización y el odio se apodere de sus mensajes”, sostuvo Carlos Camargo.

La Vicepresidente y Canciller colombiana, Marta Lucía Ramírez, lideró este viernes una reunión con el cuerpo diplomático acreditado en Colombia para socializar el acompañamiento y las garantías para la jornada electoral. Dentro de los hechos que destacó está que las votaciones en el exterior, iniciadas el domingo pasado reportan al día de hoy más de 100 mil participantes en consulados y embajadas.

Habló sobre el escrutinio por parte de las misiones de observación de la Unión Europea, OEA, IFES, AWEB, Idea Internacional, UNIORE, Transparencia Electoral y Centro Carter. “Tenemos 50 organizaciones para realizar observación electoral y 418 observadores internacionales provenientes de 33 países”.

El ministro del Interior, Daniel Palacios, agregó que esta es “la elección más observada en la historia de Colombia, una señal de un país que es democrático y que el escrutinio internacional fortalece la democracia”.


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