En 2016 la guerrilla marxista de las Farc-EP logró llegar a un acuerdo de paz con el Gobierno de Juan Manuel Santos después de cuatro años de tensas negociaciones en La Habana, Cuba, para poner fin a más de 50 años de conflicto armado en Colombia.

Las partes firmaron el acuerdo final en el Teatro Colón de Bogotá, el 24 de noviembre de ese año no sin antes de surtir una serie de obstáculos e hitos entre los que se cuentan la desmovilización del grupo rebelde y la formación del partido político Farc, rebautizado posteriormente como Comunes; la derrota del Sí en un plebiscito por la paz rechazado por una estrecha mayoría; la negociación de la reforma al documento por la paz del Gobierno Santos con una oposición liderada por el expresidente Álvaro Uribe Vélez y sus aliados, que a la postre generó una rápida ratificación de las mayorías oficialistas en el Congreso, y las posteriores fuertes críticas del uribismo que señalaban que nada se reformó y se ‘traicionó la voluntad popular’. 

Esto sin mencionar las entidades del Estado reformadas para la implementación o la creación de otras para avanzar en el desarrollo de lo pactado en La Habana.

De todo ese contexto ya se cumplen cinco años, tres transcurridos en medio de una criticada Administración de Iván Duque, señalada de incumplir o incluso pretender acabar con dicho Acuerdo. 

Así lo afirma la senadora por el partido Comunes Sandra Ramírez, que en diálogo con Prensa Latina dice que "desgraciadamente la sociedad colombiana eligió un presidente que desde su campaña electoral prometió hacerlo trizas (…) sus esfuerzos han ido siempre encaminados a realmente destruir el Acuerdo de Paz”.

Ramírez, sin embargo, asegura que el acuerdo se mantiene fuerte, a pesar de las "fuerzas oscuras", y que “sigue vivo aunque camina a paso lento".

Para algunas entidades colombianas y organizaciones extranjeras las estadísticas y resultados en estos cinco primeros años de implementación no son positivos, y tal vez poco optimistas a futuro.

El Defensor del Pueblo de Colombia, Carlos Camargo, aprovechando una reunión el 23 de noviembre con el secretario general de la ONU, António Guterres, quien estuvo de visita en el país a propósito de los cinco años de la firma del acuerdo, reveló preocupantes cifras del acompañamiento de la Defensoría al proceso de paz. 

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Las alertas tempranas emitidas por la Defensoría señalan que “las personas en proceso de reincorporación a la vida civil afrontan riesgos elevados en 131 municipios de 23 departamentos”.

Camargo compartió con Guterres que, desde 2017, la entidad ha emitido 82 Alertas Tempranas en las que se advierten sobre los riesgos para la población en proceso de reincorporación, “especialmente aquella que se quedó en zonas donde la presencia del Estado y su oferta social es poca o nula, como las zonas rurales dispersas o de frontera”.

La Defensoría especifica que en departamentos como Antioquia, Cauca, Nariño, Norte de Santander, Valle del Cauca y la Orinoquía, la exacerbación de la violencia, a través de diversos grupos ilegales, genera “afectaciones graves a la vida e integridad de personas en reincorporación”.

Según organizaciones internacionales como el Consejo Noruego para los Refugiados (NRC) a cinco años de la refrendación del acuerdo de La Habana, la situación no es alentadora.

"No hay nada que celebrar para los cientos de niños, niñas, mujeres y hombres de las zonas rurales de Colombia que huyen cada día de sus hogares para escapar de la violencia armada. Para ellos, la paz sigue siendo un sueño lejano", asegura en un balance que hizo el NRC sobre los cinco años del acuerdo el secretario general del Consejo, Jan Egeland.

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Según el NRC, Colombia sigue en el ‘top tres’ de los países con mayor número de desplazados internos, sólo superado por República Democrática del Congo y Siria. Afirma que son cinco millones de personas las que continúan desplazadas en lo que define como la “agudización de la crisis humanitaria”.

El informe agrega que “las zonas rurales que antes estaban en manos de las Farc-EP están ahora ampliamente dominadas por otros grupos armados no estatales que se disputan el control de las actividades ilícitas” y lo relacionan como una de las principales causas de que en promedio dos líderes sociales hayan sido asesinados cada día desde la firma del acuerdo de La Habana.

La conclusión del informe es similar a lo dicho en un reciente documento del Defensor Carlos Camargo sobre el asesinato de personas “que estaban dedicadas a trabajar por sus comunidades”. 

Aunque hubo una disminución en la cantidad de homicidios, “de 90 en el primer semestre del 2020 a 78 en el mismo periodo de 2021”, el defensor del pueblo lamentó que sigan ocurriendo asesinatos y amenazas en contra de los líderes, especialmente por accionar de los grupos armados ilegales.

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La Defensoría del Pueblo registró que en los primeros seis meses de 2021 se presentaron un total de "407 conductas vulneratorias en contra de los líderes sociales y defensores de derechos humanos (atentados, amenazas y homicidios)”, aunque es menor a los 486 casos registrados en el primer semestre del 2020.

El informe de la Defensoría del Pueblo detalla que en 2016 fueron cometidos 133 homicidios de líderes; 126 para el 2017; 178 en 2018; 134 para 2019, y 182 en 2020. 

Para la senadora Ramírez "no tenemos garantías de vida, al Gobierno le quedó grande la implementación del Acuerdo” y junto a la muerte de “líderes sociales, defensores de la tierra, del ambiente, de los derechos humanos, al lado nuestro, también nos asesinan”.

Ramírez habla del asesinato sistemático de exguerrilleros “que suman unos 300 desde la firma del acuerdo en 2016”. Argumenta que los exterminan porque firmaron el Acuerdo de Paz, porque viven en los territorios olvidados, acompañan a las comunidades y “se suman a sus luchas reivindicatorias y sociales”. 

La parlamentaria señala que las muertes ocurren en los territorios ocupados por grupos armados “del narcotráfico, paramilitares”, y que “la defensa del territorio choca con esas estructuras criminales”.

El secretario de la ONU parece ser consciente de los riesgos. En declaraciones tras llegar al país, el funcionario dijo: “Se da una paradoja: el objetivo de la paz es que no haya enemigos en una sociedad, pero desafortunadamente hay enemigos de la paz”; de igual forma expresó solidaridad con las víctimas y sus familias.

La ONU expone que desde 2017 el número de asesinatos de excombatientes en Colombia se eleva a 303 y el de desapariciones a 25, mientras que el de defensores de los derechos humanos y líderes sociales es de 477 personas.

Guterres reconoció “el compromiso de los excombatientes”, los líderes sociales y los defensores de los derechos humanos que “siguen apostando por construir la paz en Colombia en el día a día”.

Las palabras del secretario Guterres a pesar de que han sido crudas en cuanto cifras, son optimistas con motivo del quinto aniversario de la refrendación.

 “En un mundo en el que desafortunadamente vemos tantos conflictos es muy importante visitar un país en que se construye la paz”, afirmó en declaraciones a la prensa. Los miembros de esas comunidades, autoridades indígenas y del Gobierno “saben mejor que nadie que la paz no viene de un día al otro. Cuesta trabajo construirla, cuidarla y sostenerla”, agregó.

Guterres resaltó los proyectos productivos que, a pesar de las dificultades avanzan. “Debemos redoblar esfuerzos para garantizar la sostenibilidad de los proyectos, con apoyo técnico y financiero, tierra y vivienda”.

De igual forma se refirió a la entrega de terrenos por parte del Gobierno sobre lo que pidió “que se extienda a todas las áreas de reincorporación”. “La tierra es vital para lograr un proceso sostenible y confiere tranquilidad a los reincorporados. El acceso a la tierra y el desarrollo rural se encuentran en las prioridades del Acuerdo de Paz”.

Su optimismo abarca a los líderes y lideresas indígenas “que con su ejemplo de perdón y de organización siguen buscando hacer realidad la paz”.

Preguntada por Prensa Latina, la senadora Ramírez responde que ha habido pocos avances del proceso, “menos de lo esperado”, pero destacables como la reconciliación por medio del Sistema Integral de Verdad y Justicia que, según la parlamentaria, se ha concretado con “actos de perdón y reconciliación con las víctimas de los hechos en los cuales las exFarc-EP son responsables”.

Para la senadora de Comunes el sistema, y sus tres ejes, es un resultado del acuerdo: La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas, y la Comisión del Esclarecimiento de la Verdad en la que dan sus versiones los actores que participaron en el conflicto.

Los acuerdos de paz permitieron la creación de una Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas (UBPD), que según su directora, Luz Marina Monzón, en tres años ha podido identificar y entregar 127 restos a familiares y allegados. El logro lo define como “una gota de agua en el mar de dolor de un conflicto que dejó más de 260 000 muertos y 120.000 desaparecidos”. 

Con emoción, Monzón habla de que gracias a este mecanismo, en tres años, han logrado encontrar con vida a cinco personas desaparecidas.

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Ramírez destaca que "nuestros proyectos productivos están en su mayoría vinculados al tema agropecuario, porque la composición de las extintas Farc-EP mayoritariamente era de campesinas y campesinos: somos hombres y mujeres de la tierra". En este sentido la legisladora menciona que el 95 por ciento de los proyectos van encaminados a ese sector, sin embargo, lamenta que la gran dificultad es que “no tenemos tierras".

Afirma que el Gobierno nacional no les facilita todas las tierras necesarias para la ejecución de las iniciativas.

El Consejo Noruego para los Refugiados (NRC) enumera algunas de las lamentables cifras de estos cinco años de ‘posconflicto’. Menciona que según la Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA), solo en el 2021, cerca de 110.000 personas han sido desplazadas o confinadas por el conflicto armado. Se suman al reconocimiento del Gobierno de Colombia del desplazamiento interno de más de ocho millones de personas por cuenta del conflicto de las últimas décadas.

Se han presentado, además, seis ataques diarios o 188 mensuales contra civiles en 2021. De igual forma afirma que Colombia es el país donde más activistas ambientales son asesinados. 

Como se aprecia, la comunidad internacional no ha sido ajena al proceso de cinco años. Para Ramírez, el apoyo de naciones como Suecia, Cuba, Noruega, y organismos como la ONU, es fundamental porque mantiene el Acuerdo “sólido y vital”.

Estados Unidos, involucrado en diversos avances del proceso, se pronunció sobre el aniversario y recordó en un comunicado del Departamento de Estado que "mantiene una larga tradición de apoyo al Acuerdo de Paz y valoramos su implementación continua y los logros que ha conseguido hasta el momento". Habló sobre la desmovilización y reinserción de 13.000 excombatientes, lo que asegura ha generado oportunidades para la participación pacífica en el proceso político. 

"El compromiso de Colombia de incluir 16 escaños para víctimas del conflicto en las elecciones parlamentarias de marzo de 2022 dará cumplimiento a otra prioridad del Acuerdo de Paz, al otorgar voz a las víctimas en el proceso democrático colombiano".

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El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, participa en un homenaje a los esfuerzos del acuerdo de paz de Colombia

El Gobierno de EEUU felicitó a la Jurisdicción Especial para la Paz por "sus esfuerzos para impartir justicia y otorgar reparaciones a las víctimas del conflicto, así como a la Comisión de la Verdad por generar oportunidades de diálogo y reconciliación para dejar atrás los patrones y las prácticas que propiciaron el conflicto".

Guterres reiteró que se mantiene el compromiso de Naciones Unidas para la "consolidación de la paz”, a través de la Misión de Verificación, las Agencias, Fondos y Programas de la ONU, especialmente en las comunidades afectadas por el conflicto.

Sin embargo, el secretario de la ONU dice que toma nota de las preocupaciones expresadas en su visita al país, especialmente sobre la inseguridad y la vivienda de los reinsertados.

Para Jan Egeland del NRC, en el 2021 la ayuda humanitaria en Colombia ha requerido de USD 174 millones en asistencia para 1,4 millones de personas. En el mismo sentido la NRC ha ayudado a casi 150.000 personas afectadas por el conflicto en lo que va del 2021.

Hoy, cuando comienza un nuevo año del proceso y cuyo aniversario lleva a un análisis desapasionado y desideologizado, según la NRC, solo se ha financiado un tercio de los recursos, y las necesidades humanitarias siguen aumentando. 

Egeland reitera el llamado a la Unión Europea, Estados Unidos, Canadá y otros donantes, para “dar un paso adelante y aumentar su financiación humanitaria para aliviar el sufrimiento causado por el actual conflicto armado”.