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Reforma de la tierra en Colombia, ¿avanza o no la implementación de lo pactado en La Habana?

Entre números e informes, el Gobierno afirma que la ejecución del Acuerdo de Paz avanza adecuadamente, mientras los representantes de la antigua guerrilla de las Farc sostienen que el Ejecutivo ha “simulado” el histórico pacto de paz.

Diego Camilo Carranza Jiménez  | 25.06.2021 - Actualızacıón : 29.06.2021
Reforma de la tierra en Colombia, ¿avanza o no la implementación de lo pactado en La Habana? El Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación (ETCR) Jhon Bautista Peña, ubicado en el municipio de Anorí en Antioquia, Colombia, el 9 de marzo de 2019. (David Rubio - Agencia Anadolu)

Colombia

Por: Diego Carranza

El 26 de mayo de 2013, los entonces negociadores del Gobierno de Juan Manuel Santos (2010-2018) y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc-Ep) dieron un paso sin precedentes en la historia de Colombia y del proceso de paz que se negociaba en La Habana, Cuba.

Aquel domingo, la mesa de conversaciones produjo su primer gran resultado: el preacuerdo sobre el punto 1 de la agenda de negociación: el desarrollo agrario.

El documento se llamó ‘Hacia un Nuevo Campo Colombiano: Reforma Rural Integral’, y se esperaba que fuera una herramienta clave para dar solución a uno de los hechos que dieron origen al conflicto armado interno en el país: la desigualdad en el acceso a la tierra.

Algunos de sus propósitos eran la transformación estructural y el desarrollo integral del campo; bienestar y buen vivir; acceso efectivo y equitativo a la tierra y un uso adecuado de la misma; acceso de otros bienes como salud, vivienda, educación, infraestructura y conectividad, y desarrollo sostenible, entre muchos otros.

Para ello, se establecieron tres subpuntos de trabajo: (1) acceso y uso de tierras, tierras improductivas, formalización de la propiedad, frontera agrícola y protección de zonas de reserva; (2) Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), una estrategia centrada en las áreas más golpeadas por el conflicto, y (3) los Planes Nacionales para la Reforma Rural, que buscan la superación de la pobreza y desigualdad rural, así como el cierre de la brecha entre el campo y la ciudad.

Desde entonces han pasado ocho años y más de cuatro años y medio desde la firma del Acuerdo de Paz (en noviembre de 2016). Y justamente el pasado martes 15 de junio, el Instituto Kroc de Estudios Internacionales para la Paz presentó al Gobierno colombiano el quinto informe sobre la implementación de dicho acuerdo, correspondiente al 2020, un año marcado por la pandemia global del coronavirus (COVID-19).

Avances, pese a la violencia y la pandemia

En una conferencia de prensa conjunta con el presidente Iván Duque, que tuvo lugar el 15 de junio durante la presentación del informe, el representante del Instituto Kroc en Colombia, Gerard Martin, resaltó los avances en la implementación pese a “la pandemia y situaciones de inseguridad” en el país.

“Todos sabemos que el 2020 fue un año particularmente complejo por la pandemia y por situaciones de inseguridad en múltiples regiones de implementación del acuerdo. No obstante estos desafíos, en nuestro informe sobre el año 2020 subrayamos que hubo un progreso en la implementación, en general, del acuerdo”, indicó Martin.

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Este instituto, perteneciente a la Universidad de Notre Dame, con sede en Indiana (Estados Unidos), monitorea minuciosamente los 578 compromisos que están incluidos en el acuerdo de La Habana. De estas disposiciones, el 19% no ha iniciado, un 35% va en avance mínimo, otro 18% en una etapa intermedia y un 28% ya se han completado.

Pero particularmente del punto 1, que contiene 104 compromisos, a noviembre de 2020 el instituto Kroc reportaba un 4% de implementación completa, 13 % de implementación intermedia, 64% mínima y 18% de disposiciones sin iniciar.

El Instituto Kroc indica que mientras en los dos primeros años de la implementación se consolidó la mayoría de los compromisos de corto plazo, en el tercer y cuarto año los esfuerzos se han dirigido a “promover la coordinación institucional para adelantar procesos participativos de planeación y garantizar la implementación a nivel territorial”.

Según la evaluación general que realizó, los puntos 1 y 5 (sobre víctimas) tuvieron el mayor porcentaje de disposiciones cuya implementación inició en el periodo analizado por el quinto informe en 2020.

Gobierno: “Estamos avanzando”

Por un lado, el Gobierno en cabeza de Emilio Archila, el consejero presidencial para la Estabilización y la Consolidación, se da por bien servido y, citando al Instituto Kroc, asegura que “va por buen camino”.

“No a juicio mío, sino del Instituto Kroc, vamos por el rumbo correcto y vamos a un ritmo comparable con los procesos más exitosos que ha habido en el mundo”, dijo el consejero en entrevista con la Agencia Anadolu.

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Desde la oficina de Emilio Archila, así como desde la Consejería Presidencial para la Información y Prensa, se han divulgado varios informes y cifras que muestran los avances en la materia.

Por ejemplo, respecto a la implementación de los PDET, el Gobierno Duque subraya que firmó 14 de los 16 programas (recibió dos, pero ya todos están andando), donde quedaron plasmadas las iniciativas que propusieron las comunidades para transformar su territorio; que se han invertido COP 5 billones en los 170 municipios que se priorizaron, y que se han entregado más de 1.200 “obras, de esas que las comunidades pidieron hacer realidad”.

Aun así, el consejero indica que pese a que este proceso está previsto para un periodo de 15 años, los alcaldes y gobernadores actuales incluyeron el 40% en promedio de las iniciativas en sus planes de desarrollo locales para los próximos cuatro años.

Otro de los compromisos era la creación y actualización de un catastro multipropósito, un registro con información precisa y actualizada del territorio colombiano. Este es un tema sensible para resolver el problema de propiedad de la tierra en el país, que muchos consideran como el telón de fondo del conflicto.

La meta, según Archila, es contar con un catastro completo, actualizado, confiable, consistente con el sistema de registro, digital e interoperable con otros sistemas de información hacia 2025.

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De esta manera, se busca permitir la actualización gradual y progresiva de la información catastral del territorio nacional y la formación de predios para pasar del 5,68% del área del país con información catastral actual, a un 60% en 2022 y a un 100% en 2025.

El consejero asegura que se cumplió la meta de habilitación de gestores catastrales para el cuatrienio, al llegar a 23 en el país. Sostuvo que tan solo el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (Igac) hizo la actualización de 27.107 predios en 2020, superando la meta para ese año en casi un 200%, y que ya hay más de 10 operadores catastrales trabajando en terreno.

Otro punto, el banco de tierras (que permitiría la democratización de terrenos) que está previsto para que tenga 7 millones de hectáreas (has) en 15 años, según Archila “ya va en un millón de hectáreas y formalizadas, más de 700 mil, es decir entregadas a víctimas, campesinos y otros beneficiarios de ese proceso de restitución”.

“En todos los temas de la implementación estamos avanzando. Es un número muy plural de objetivos. Están los temas étnicos, en los cuales tenemos avances, de mujeres, también”, afirma Emilio Archila, al aclarar que hay que tener en cuenta la temporalidad de varios compromisos. Es decir, “hay algunos que están pensados para periodos más largos”.

El vocero también resalta las acciones en materia de desarrollo rural con cuidado ambiental, que cuentan con varios programas.

Al respecto, habló de Colombia Sostenible, administrado por el fondo Colombia en Paz, cuyo fin es impulsar en las zonas afectadas por la violencia proyectos de conservación ambiental y proyectos productivos sostenibles. Este programa que contiene más de 50 proyectos (por valor de USD 100 millones) “que involucran a las comunidades en 16 regiones fue estructurado en 30 meses de Gobierno".

Asimismo, mencionó el recién lanzado programa de contratos de conservación natural, una iniciativa para dar soluciones a las comunidades más afectadas por la violencia y la pobreza y contribuir a la conservación de áreas de interés ambiental, según la Presidencia colombiana.

Según explicó Duque el día del lanzamiento, a mediados de febrero pasado, este programa consta de “la entrega de la tierra (a campesinos) a través de una modalidad de contrato de uso por 10 años” a cambio de “conservar, producir y vincularse productivamente”.

Otras cuestiones fundamentales son los que tienen que ver con restitución de tierras. La administración Duque señala que en los 30 meses de Gobierno se han presentado el 47% de demandas de restitución para campesinos y el 72% de demandas a favor de comunidades étnicas, “esto en comparación con las presentadas en los 9 años de la Ley de Restitución”. Adicionalmente, indica que “se han recuperado más de 59 mil hectáreas que benefician a 32.723 víctimas de la violencia”.

Por otro lado, detalla que la Agencia Nacional de Tierras “ha formalizado y entregado 23.073 títulos que representan 629.140 hectáreas regularizadas, en beneficio de 33.327 familias rurales”.

“Han ingresado 966.825 hectáreas al Fondo de Tierras y se han entregado 230.036 hectáreas a través del Fondo de Tierras en beneficio de 8.599 familias pobladoras rurales (campesinas y étnicas). Actualmente se encuentran en proceso de registro, en las Oficinas de Instrumentos Públicos del país, más de 2.400 títulos adicionales, lo que dará como resultado más de 24.000 títulos y más 627.000 hectáreas tituladas”, precisa la Consejería para la Estabilización en un documento con fecha del 21 de marzo.

Estas son solo algunas cifras de la implementación del punto uno que ha presentado el Gobierno.

El Gobierno Duque ha “simulado” el Acuerdo

La otra cara de la moneda la presenta Rodrigo Granda, uno de los excomandantes de las Farc (convertida en el partido político Comunes) y miembro de la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación a la Implementación del Acuerdo (Csivi).

Para Granda, antiguo ‘canciller’ del grupo subversivo, “uno de los puntos más rezagados es el de la reforma rural integral”.

“Primero, porque no se ha podido sacar a flote lo que se había propuesto en La Habana y que es el catastro multipropósito, para ver quienes realmente son los dueños de la tierra en Colombia”, destacó, al explicar que esto permitiría conocer “cómo ha sido la tradición de la tenencia de la tierra y cómo ha sido el despojo”, que deja unas ocho millones de víctimas.

Granda también se refirió al Fondo de Tierras y señaló que las cosas no van bien: “Colombia tiene 114 millones de has., y 40 millones están dedicadas a la ganadería extensiva. En La Habana habíamos propuesto 3 millones de has. para repartir entre campesinos con muy poca tierra o que no tuvieran y formalizar 7 millones de hectáreas de terreno”.

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Sin embargo -puntualizó- “eso no se ha podido realizar” y denuncia que el Gobierno dice que ha distribuido 1,6 millones has., que están “desaparecidas”.

“Cuando los reconvenimos que digan dónde, a quiénes y cómo (se han distribuido), ese millón seiscientas mil hectáreas desaparecen. No saben a quién se las entregaron. Ni donde están. Deben mostrar nombres, asociaciones, gente, cabildos, cuánto ha recibido cada uno de ellos”, afirma.

Entre tanto, el delegado de los ‘Comunes’ indica que los actuales PDET no son los “verdaderos planes de desarrollo acordados en La Habana”: “Estos PDET fueron modificados arbitrariamente por el Gobierno; han tomado las cuestiones que son misionales de los municipios, departamentos, institutos descentralizados, Ministerios, para hacerlos pasar como inversiones en la cuestión del campo”.

Granda habla de otras cosas como la falta de avance en obras terciarias, el “renacer de grupos paramilitares y de la economía ilegal en casi todas las áreas del país”, la falta de “presencia de la justicia en las regiones, de salud, educación y vivienda”, así como de los más de 270 antiguos integrantes de las Farc-Ep en proceso de reincorporación y los más de mil líderes y lideresas asesinados “que han sido asesinados”.

“Este es un panorama en el primer punto del Acuerdo de La Habana desolador”, lamenta en entrevista con la Agencia Anadolu.

El excomandante asevera que lo que ha hecho el Gobierno Duque es “simular el Acuerdo de La Habana” y reemplazarlo con “manos de cirujano” por la política oficial de ‘Paz con Legalidad’.

Finalmente, asegura que el incumplimiento del Acuerdo es uno de los combustibles para el estallido social que “recorre lo largo y ancho del país”.

A todo lo anterior hay que sumarle otros hechos ocurridos entre el lunes (21) y el martes (22) de junio: la no aprobación por el Congreso de un proyecto que creaba una especialidad o jurisdicción agraria y rural, cuyo fin era garantizar el acceso a la justicia en conflictos por uso y por tenencia de la tierra en las zonas más afectadas por el conflicto armado y la pobreza en el país; y la presentación por parte del consejero Archila de los Planes Nacionales Sectoriales.

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Así las cosas, mientras el Gobierno y el Instituto Kroc dicen que el punto 1 va ‘viento en popa’, los miembros de la antigua guerrilla reiteran que la administración actual “hace trizas” lo pactado y que la situación es “desoladora”. Igual, hay que considerar que, como lo aclara Archila y lo plantea el mismo Acuerdo, hay temas que requieren de más tiempo.

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