Por: Susana Noguera Montoya

Con el anuncio de un cese unilateral al fuego debido a la pandemia de COVID-19, la guerrilla del ELN pidió al Gobierno de Colombia nombrar representantes para retomar las conversaciones de paz suspendidas hace más de un año y buscar un cese al fuego más amplio.

Al mismo tiempo, el Gobierno colombiano liberó a dos exmiembros de la guerrilla del ELN y los nombró gestores de paz. Para muchos analistas y promotores de una salida negociada del conflicto, estos son buenos pasos iniciales pero no suficientes para impulsar la reapertura de los diálogos de paz.

Andrés Felipe Aponte, investigador del equipo de conflicto y paz del Centro de Investigación y Educación Popular (Cinep), explicó que si el ELN se embarca o no en un proceso de paz dependerá, entre otros factores, de cómo el Comando Central (Coce) tramite las diferencias internas del grupo para que haya una voz unificada cuando se sienten a dialogar de paz. “Ese es el mayor obstáculo”, dijo el experto.

El ELN también tiene que hacer un profundo trabajo de recuperación de confianza con la sociedad civil colombiana, que tiene fresco en su memoria el atentado a la Escuela de Policía General Santander realizado el 17 de enero de 2019, en el que murieron 22 cadetes.

Por su parte, el Gobierno colombiano tiene que lidiar con el precedente de haber roto los protocolos pactados con el ELN para iniciar las negociaciones en Quito. 

Tras los atentados en Bogotá, el gobierno de Iván Duque pidió en extradición a los jefes negociadores que estaban en Cuba, país que en ese momento era anfitrión de los diálogos. La petición dejó perplejos a los países que apoyaban la negociación y nunca se materializó.

En este escenario, es difícil imaginar unos diálogos de paz, pero mantener este acercamiento sería crucial para una eventual salida negociada del conflicto.

Las profundas afectaciones humanitarias del ELN

El vislumbre de una negociación de paz con el ELN tiene un gran impacto en las zonas del país más afectadas por el conflicto. Por ejemplo, la Oficina de Asuntos Humanitarios de Naciones Unidas (OCHA) indicó que más de 3.000 personas están confinadas desde el 11 de marzo en el Alto Baudó debido a enfrentamientos entre grupos armados en ese municipio al noroccidente del país. La zona tiene importante presencia del ELN y otros grupos armados.

Los desplazamientos y otras victimizaciones han aumentado en 2020, señaló la entidad, y por eso para esas comunidades un desescalamiento del conflicto hace la diferencia entre la vida y la muerte

Pero para desescalar la violencia es necesario entender las dinámicas regionales del grupo. Por ejemplo, la afectación del ELN en el Chocó obedece a una apuesta expansiva del Frente de Guerra Occidental para copar los espacios dejados por las Farc, así como para regular y extraer recursos de las economías territoriales sobre todo con los laboratorios y las rutas de comercialización de droga que van por el Pacífico colombiano hacia Centroamérica.

Algo similar pasa en otras regiones del país. Estructuras de la guerrilla en zonas como el Cauca, Pacífico, Nariño y Catatumbo se han involucrado directamente en la transformación y comercialización de la cocaína, contradiciendo las normas escritas del ELN que solo permiten cobrar una especie de impuesto ilegal a quienes hacen parte de la cadena productiva.

Diversos grupos paramilitares también luchan por hacerse con el botín de las economías ilegales. “El ELN está combatiendo más contra otros grupos armados que contra el Estado”, dice Aponte.

Esta sangrienta disputa se traduce en confinamientos y desplazamientos de la población civil, amenazas, asesinatos selectivos, así como el uso de explosivos o minas antipersonas. “También hay reclutamiento, se habla de forzado, pero también hay por convencimiento”, dice Aponte.

Desescalamiento de la violencia en tiempos de COVID-1

A principios de marzo, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, pidió a todos los grupos armados del mundo declarar ceses al fuego para facilitar las iniciativas de los Estados contra el COVID-19. El ELN no tardó en anunciar un cese unilateral, pero aclaró que se reservaba el derecho a defenderse si el Ejército u otro grupo armado atacaba.

Tras el anuncio, se han reportado diferentes enfrentamientos armados en el Chocó que el ELN ha calificado como una “defensa activa” contra grupos paramilitares y operativos del Ejército.

El cese podría ser una forma de la guerrilla para proyectarse como un grupo que respeta los marcos internacionales de la guerra y de empezar a dar unos pequeños pasos hacia una eventual negociación, aunque realmente no haya condiciones para iniciar un diálogo

Financiación del ELN

Otro factor que hay que tener en cuenta es que las medidas internacionales contra el COVID-19 también podrían estar afectando los medios de financiación de la guerrilla. La Fundación Ideas para la Paz (FIP) explicó que algunas economías ilegales podrían experimentar dificultades por la interrupción de las cadenas de transporte y comercialización en medio de la pandemia.

En su informe titulado 'Impactos y riesgos del Covid-19 en la paz y las dinámicas del conflicto', la FIP indicó que economías como el narcotráfico y el contrabando se podrían ver afectados, pero otras podrían tomar fuerza, como sería el caso de la minería de oro. “A nivel local, además de la extorsión, en el mediano plazo hay riesgo de que aumenten el hurto y los saqueos”, indicó la FIP en su informe.

Ideas para una nueva negociación

El cese unilateral al fuego y las liberaciones del Gobierno colombiano pusieron el tema de la negociación de paz de vuelta en la agenda pública y con ella, cuestionamientos de cómo se podría llevar a cabo.

Andrés Felipe Aponte resalta que, de la más reciente negociación de paz fallida, que inició en 2016 y fue suspendida en 2019, se pueden aprender importantes lecciones para futuros intentos. 

“Creo que se debe avanzar en establecer canales y espacios de confianza en Colombia para que una vez se haya logrado ciertos acumulados, se pueda mostrar a la comunidad internacional que va en serio", dice Aponte. "Dudo que la comunidad internacional le vaya a meter el hombro a esta iniciativa sin tener certeza hacia dónde va”, añade el analista.

Otro factor importante es crear una agenda de diálogo y unas estrategias de negociación acorde con la naturaleza del ELN. “La sociedad colombiana, los tomadores de decisión y los líderes políticos tienen un profundo desconocimiento de lo que es el ELN”, dice el investigador. 

La fórmula de negociar curules y tierra a cambio de que dejaran las armas funcionó con las FARC porque esas eran sus reivindicaciones históricas y el centro de su ideología política. Sin embargo, el ELN ha hecho reclamos más ligados al uso de los recursos naturales y la nacionalización de las empresas que los explotan. 

También han mostrado su inconformidad con la forma en que las comunidades se ven o no afectadas en los modelos de desarrollo que implementa el Estado. Una agenda de negociación con el ELN tendría que priorizar esos puntos, opina Aponte.

Por otra parte, el ELN debe entender que está derrotado estratégicamente, es decir, ya quedó claro que no logrará hacerse con el poder estatal ni tomarse el gobierno central como lo pretendía en las décadas de los 60 y 70. “Ahora el tema es cómo hacerle ver a los líderes de esa guerrilla que la derrota estratégica implica que no pueden negociar temas de igual a igual, sino solamente pactar su entrada al juego democrático bajo unas condiciones preestablecidas”, dice Aponte. “Uno negocia de acuerdo al equilibrio de fuerzas”, añade.