Senado de Argentina aprobó el proyecto de reforma judicial impulsado por el Gobierno Fernández

El Senado argentino aprobó la reforma judicial promovida por el Gobierno de Alberto Fernández y que busca, según el Ejecutivo, reordenar y reformar la justicia penal federal.

Después de más de diez horas de debate, el proyecto fue avalado con 40 votos positivos del oficialista Frente de Todos y sus aliados, contra 26 votos negativos de la bancada opositora de partido Juntos por el Cambio.

Con esta reforma se busca crear un nuevo fuero penal federal y más juzgados, fiscalías y cámaras de apelaciones en siete provincias del país “con la meta puesta en fortalecer el sistema de justicia”, detalla la agencia estatal de noticias Télam.

No obstante, desde el Gobierno se señala que esto es el “puntapié inicial” de una reforma que “debe ser más amplia”.

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Al final de la jornada, el partido oficialista apoyó una modificación para excluir la palabra ‘mediáticos’ de un artículo que obliga a los jueces a denunciar presiones de grupos de poder, debido a críticas de oposición y algunos medios de comunicación que indican que esto implicaría un intento de “cercenar la libertad de prensa”.

A la par de la discusión, en las inmediaciones del Palacio Legislativo se registraban manifestaciones en rechazo a la aprobación de la reforma.

La iniciativa debe ser discutida ahora la Cámara de Diputados.

Una de las razones del Ejecutivo argentino en plantear la reforma es su crítica al funcionamiento del sistema durante el Gobierno del expresidente Mauricio Macri, sobre el que Alberto Fernández ha afirmado que influyó en decisiones judiciales.

Para el oficialismo, la reforma es necesaria para que, según Fernández, sobre los jueces “no influyan los poderes mediáticos, fácticos y políticos”.

La ampliación de juzgados propuestos en el proyecto es defendida desde el oficialismo en la necesidad de dar más velocidad a las investigaciones de delitos complejos como el narcotráfico, la trata de personas, el lavado de activos, el contrabando y la corrupción.

El proyecto contempla que el poder sobre las decisiones de los casos más importantes del país no se concentre en un reducido número de magistrados.

Pero los detractores han argumentado que tiene como objetivo intervenir en investigaciones contra la expresidenta y actual vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner.