Las razones por las que los argentinos volverán a marchar contra la reforma judicial

Por: Emiliano Limia

El proyecto para reformar la Justicia Federal que se debate actualmente en la Argentina ha tomado un papel preponderante en la agenda pública. Esto se debe a la polémica que se ha generado en torno a los presuntos intereses detrás de dicho proyecto.

Desde el Gobierno argumentan que el objetivo principal es “democratizar” la Justicia Federal, mejorar su funcionamiento, que hoy es considerado muy deficiente, y evitar que las causas -o procesos- más importantes del país se concentren en un reducido número de magistrados.

Para ello, se propone fusionar los doce juzgados criminales con los once de penal económico, y duplicar su número para dar más velocidad a las causas en las que les toca intervenir, que incluyen delitos complejos como narcotráfico, trata de personas, lavado de activos, contrabando y corrupción.

Mientras tanto, desde la oposición se cree que el objetivo real detrás de la reforma es garantizar la impunidad de funcionarios oficialistas involucrados en causas de corrupción, principalmente de la actual vicepresidenta, Cristina Fernández.

Prácticamente hay unanimidad entre los expertos en cuanto a que una reforma judicial es necesaria. De acuerdo con el abogado penalista Fernando Zarabozo, quien además es investigador académico en Políticas Públicas de Justicia y Seguridad, el proyecto es “interesante” y reconoce los problemas que la gente percibe de la Justicia.

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“Hay muchas causas importantes a cargo de pocos jueces federales, los procesos judiciales son eternos y pueden avanzar más o menos según el gobierno de turno. Podemos estar de acuerdo o no con las soluciones que propone la reforma, pero la descripción de los problemas es real”, afirma.

Como contrapartida, el especialista advierte que hay aspectos que el proyecto de ley no tiene en cuenta. Uno de ellos es que el mero hecho de nombrar más jueces no garantiza la resolución de todos los problemas.

“Muchos jueces y fiscales no trabajan como corresponde y no hay mecanismos de control, no hay auditorías para controlar el rendimiento. Hay que mejorar la forma de investigar los delitos penales federales, no es casualidad que en otros países se desarticulen grandes organizaciones criminales y aquí no”, advierte Zarabozo.

Según el especialista, las fallas en las formas de investigar y la falta de formación en la realización de investigaciones es un déficit que no se trata ni se resuelve en el proyecto de ley.

Una parte importante de la sociedad se manifestó el pasado lunes 17 de agosto en contra del proyecto. Por un lado, porque muchos creen que efectivamente persigue la impunidad del kirchnerismo. Por otro, porque la mayor preocupación de la sociedad con respecto a la Justicia está relacionada con la inseguridad en la vida cotidiana, con los delitos comunes, que no están contemplados en la reforma.

La relación entre política y justicia

Argentina es un país donde la política está salpicada por casos de corrupción, y en este sentido la Justicia toma una dimensión política. Es decir, las decisiones de los jueces terminan en general politizadas, más allá de que los jueces quieran o no.

Existe una visión generalizada en la sociedad argentina que tiene que ver con que los jueces están en connivencia con el poder.

“Cuando se analiza la historia y cómo se han comportado los distintos gobiernos, uno ve que todos han tratado de influir en la Justicia de alguna manera, nombrando jueces afines o intentando disciplinar al Poder Judicial iniciando un proceso para remover a un magistrado con el que no se está de acuerdo”, asevera Zarabozo.

“Lo han hecho todos los gobiernos, algunos más y otros menos. Y es precisamente por ese motivo que ahora se sospecha de las intenciones de esta reforma”, agrega.

Ante la resolución de un juicio, la pregunta que surge automáticamente es: “¿Quién designó al juez, a quién responde?”, porque el desenlace de una causa judicial muchas veces depende más de la personalidad del magistrado que de las pruebas que figuran en el expediente o lo que indican las leyes.

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De acuerdo con el experto, la clase política argentina no ha tenido un comportamiento institucional ejemplar, no ha habido una alternancia pacífica en que el opositor respete o acepte las propuestas razonables de otro partido. 

“Esto trasciende lo judicial. Para que una reforma institucional de este tipo pueda tener duración y sea respetada por todos, tiene que haber consenso, y aquí está fallando tanto el Gobierno como la oposición. Un sector del Gobierno se cierra a modificaciones, y un sector de la oposición no se presta ni siquiera a dialogar. Es un problema político que necesitamos solucionar”, concluye.

La relevancia de la coyuntura

“No hay dudas de que la necesidad de una reforma es legítima, pero no sé si es el momento acertado”, aclara el penalista.

Argentina está atravesando el peor momento de la pandemia de COVID-19 en materia de cantidad de contagios y muertes diarias. Sobre todo en el Área Metropolitana de Buenos Aires, donde aún rige una cuarentena que lleva más de cinco meses y que no se sabe cómo va a terminar.

Además, se estima que la pobreza del país orilla el 50%, con caída de prácticamente todos los índices económicos. Es una situación delicada que obliga al Gobierno a ocuparse casi exclusivamente de gestionar la emergencia para sacar al país de la crisis económica que lo aqueja.

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“Estamos en un momento de pandemia y con crisis económica. Pero más allá de eso, estamos en un país fracturado en el que es muy difícil lograr consensos, cualquier cosa que se proponga es muy difícil que llegue a buen puerto”, detalla Zarabozo.

En este contexto, impulsar una reforma del Poder Judicial Federal pareciera inoportuno, sobre todo porque alimenta las versiones opositoras acerca de que el interés en reformar la Justicia, siendo que no es un tema urgente, probablemente esconda otras intenciones.

Debate en el Congreso

El proyecto de ley se debatirá este jueves en el Senado, donde el oficialismo tiene mayoría parlamentaria. De aprobarse, pasaría a la Cámara de Diputados donde, en principio, el oficialismo no cuenta con mayoría propia y necesitará del apoyo de otros partidos para que se convierta en ley.

Además del proyecto, el presidente convocó a un consejo de personas que asesorará al Poder Ejecutivo en materia de funcionamiento de la Corte Suprema, el Consejo de la Magistratura, el Ministerio Público y la implementación del sistema acusatorio.

Se trata de una comisión de juristas entre los que se encuentra Carlos Beraldi, abogado de Cristina Fernández. Este hecho también ha generado polémica dada la alta probabilidad de que muchas de las causas en las que se encuentra involucrada la vicepresidenta deban ser juzgadas por la Corte Suprema, que a su vez hoy está bajo la lupa de la comisión en la que actúa Beraldi.