El Gobierno de Chile rechazó las acusaciones de la alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, sobre las “graves” violaciones de derechos humanos cometidos durante las protestas de octubre de 2019.

En la tarde del lunes, la expresidenta chilena entregó una declaración a la fiscal de Valparaíso, Claudia Perivancich, en la que recalcó que “a partir del 18 de octubre, se había producido un elevado número de violaciones graves a los derechos humanos” en el país.

La alta comisionada respondió a nueve preguntas formuladas por la fiscal Perivancich, que investiga la presunta comisión de delitos de lesa humanidad durante el estallido social de octubre de 2019. La persecutora tiene a su cargo más de 20 investigaciones por estos hechos.

Al respecto, el ministro vocero del Gobierno chileno, Jaime Bellolio, respondió que “en un país democrático, quien determina si hay o no eventuales violaciones a los derechos humanos no son los gobiernos, no son otras personas, no son expresidentes, sino los tribunales de justicia”.

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“En nuestro país hay un orden democrático y por lo tanto, eso está en manos de los fiscales y de los tribunales. Y quiero recordar que fue el propio presidente Piñera quien pidió a la Oficina, que hoy día está la expresidenta Bachelet, que concurriera a nuestro país e hiciera un informe, así como también solicitó a otros organismos internacionales”, dijo Bellolio durante una conferencia de prensa realizada luego de un Consejo de Gabinete encabezado por Sebastián Piñera.

Bachelet fue consultada por el Ministerio Público sobre la misión que envió a Chile para revisar la actuación de agentes del Estado en el marco de las protestas.

En su respuesta, la expresidenta indicó que “entre otras conclusiones, cabe destacar que el informe concluyó que había razones fundadas para sostener que, a partir del 18 de octubre, se había producido un elevado número de violaciones graves a los derechos humanos, incluyendo el uso excesivo o innecesario de la fuerza que resultaron en la privación arbitraria de la vida y en lesiones, tortura y malos tratos, la violencia sexual y las detenciones arbitrarias”.

“Estas violaciones se cometieron en todo el país, pero su gran mayoría ocurrió en la región metropolitana y contextos urbanos”, indica el texto.