Tras años de intensos debates, este martes Argentina definirá si el aborto será legal

Por: Emiliano Limia

Un proyecto de ley, ya aprobado por la Cámara de Diputados el pasado 11 de diciembre, permite la interrupción voluntaria del embarazo (IVE) hasta la semana 14 de gestación y establece un plazo máximo de 10 días, desde su solicitud, para que el procedimiento sea llevado a cabo por parte de una autoridad médica.

En principio, habría un escenario de paridad que podría favorecer a quienes apoyan la IVE. Los sondeos preliminares indican que la votación será ajustada, con un grupo de senadores que aún no hicieron pública su posición, y es muy probable que la diferencia sea mínima.

Incluso podría llegar a haber un empate. En ese caso, definiría la votación quien preside el Senado, y esa persona es Cristina Fernández por su condición de vicepresidenta de la Nación.

Antes de ser electo, Alberto Fernández anunció en su campaña electoral que iba a poner en debate la legalización y despenalización del aborto. Luego de asumir el poder, tuvo acercamientos con organizaciones feministas para luego en marzo poner el proyecto en agenda.

“Fue una promesa electoral y el presidente tiene voluntad política para que sea ley. De todas maneras, este camino lo fuimos construyendo desde la movilización de la gente; si no estuviese la demanda instalada ningún presidente se hubiese animado a habilitar el debate”, afirma Julia Martino, integrante de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto.

Martino forma parte de la comisión que articula a nivel nacional distintas organizaciones que impulsan la IVE. “La Campaña Nacional por el Derecho al Aborto empezó en 2005, pero ya había otros grupos en distintos puntos del país peleando por este derecho. Lo que hicimos fue unirlos a todos; había articular a todas esas organizaciones”, relata a la Agencia Anadolu.

En los últimos años, la agenda de colectivos feministas ha ido ganando terreno tanto en el espacio público como en el espacio político. En primer lugar, con la lucha contra la violencia de género y la campaña #NiUnaMenos, y luego con la campaña por el aborto legal, seguro y gratuito.

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“Presentamos ocho veces nuestro proyecto y logramos hacer movilizaciones para hoy tener una amplia adhesión. Incluso en el 2018, cuando también obtuvimos media sanción en la Cámara de Diputados y el Senado nos dio la espalda”, lamenta Martino.

De aprobarse el proyecto, superado el plazo de 14 semanas la mujer podría igualmente decidir y acceder a la interrupción de su embarazo si fuere resultado de una violación, cuando se trate de niñas menores de 13 años o si estuviera en peligro su salud integral.

“No aconsejamos a las mujeres que aborten, no recomendamos el aborto. Cada una decidirá qué quiere hacer ante un embarazo inesperado, no deseado. El aborto será siempre el último recurso, no lo estamos promoviendo”, sostiene Martino.

Argumentos en contra

Alejandro Williams Becker es abogado, politólogo e investigador en el Centro de Bioética, Persona y Familia. Ha sido uno de los impulsores de la campaña “Salvemos las dos vidas” en 2018 y representa a un amplio sector de la sociedad que no está de acuerdo con la IVE, principalmente por considerar que es un deber proteger la vida desde la concepción.

Para Williams Becker, existen argumentos biológicos, jurídicos y de políticas públicas para estar en contra del proyecto de ley.

“En primer lugar, la genética ha permitido demostrar algo que antes apenas podía intuirse; que toda la carga genética del individuo se encuentra en el cigoto que se forma por la unión de los gametos. Es decir, es un mismo individuo que después va a pasar por distintas etapas: embrión, feto, niño, joven, adulto, anciano. Pero su carga genética que permite individualizarlo es la misma: es un individuo de la especie humana”, asegura a la Agencia Anadolu.

En cuanto a los argumentos jurídicos, el académico cita tratados de Derechos Humanos con rango constitucional como el Pacto de San José de Costa Rica (Convención Americana sobre Derechos Humanos) y la Convención de Derechos del Niño, según los cuales el país tiene "la obligatoriedad de proteger la vida desde la concepción”, por haberlos ratificado.

Por otra parte, el especialista explica que existe una pretensión de deducir la existencia de una obligación internacional de legalizar el aborto.

“Existen dictámenes o informes de organismos de Derechos Humanos que presionan a Argentina y a otros países para legalizar el aborto. Pero ninguno de estos dictámenes o informes revisten carácter obligatorio, por haber sido emitidos por órganos que no tienen jurisdicción para obligar al país en esos términos”, asevera.

Estos argumentos médicos y jurídicos fueron los más reiterados en los debates por parte de los expositores y legisladores que rechazan la IVE.

“Solo reconociendo que hay vida desde la concepción dejamos a la persona a salvo de negociaciones, acuerdos, intereses biotecnológicos, experimentación en seres humanos, mercados de gametos, eliminación eugenésica de seres cuya vida se considera indigna, etc”, advierte el abogado.

Por último, con respecto a los argumentos de políticas públicas, Williams Becker asegura que las estadísticas demuestran que las mujeres que abortan más de una vez son aquellas que están más expuestas a factores de vulnerabilidad como violencia doméstica, violencia de género, trata de
personas, violación, abuso, pobreza, desempleo, marginalidad, etc.

“Muchos países del mundo redujeron sus tasas de mortalidad materna sin legalizar el aborto, como el caso de Chile, donde, a partir de la penalización, se logró disminuir la tasa de mortalidad durante décadas. Lo mismo ocurre en Argentina, donde la mortalidad materna sigue descendiendo. Uruguay legalizó el aborto generando un aumento sostenido en la tasa de abortos durante 5 años, que impactó negativamente en sus tasas de mortalidad materna”, concluye.

Diferencias con el debate de 2018

En el debate anterior, en agosto de 2018, la Cámara de Senadores rechazó el proyecto de IVE por 38 votos en contra y 31 votos a favor. Hubo también dos abstenciones y una ausencia.

“Uno de los cambios es que se ha renovado un tercio de los legisladores, que no es mucho pero en el caso del Senado son tres senadores por provincia, y en algunas provincias ese recambio fue muy favorable”, señala Martino.

En el caso de la Ciudad de Buenos Aires, en 2018 dos senadores votaron en contra y uno a favor, mientras que ahora se espera que los tres voten a favor. Teniendo en cuenta que son un total de 72 senadores, un cambio de este tipo en una votación ajustada es muy siginificativo.

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Dentro del contexto político, además de la renovación de un tercio del Senado aparece la voluntad del Poder Ejecutivo. A diferencia de lo sucedido en 2018, el Poder Ejecutivo no solo habilitó el debate sino que presentó su propio proyecto.

Para Williams Becker, el ejecutivo ejerce “una presión brutal” sobre los legisladores de su bloque. “En algunas provincias donde existen votos no definidos aún, el presidente viajó a anunciar obras públicas para quebrar la voluntad de los senadores por medio de los gobernadores”, señala.

Lo cierto es que algunos senadores aún no han adelantado su opinión. Algunos de ellos formaron parte de la votación hace poco más de dos años y no votaron a favor. También hay quienes no están de acuerdo con la IVE, pero sí están a favor de despenalizar a las mujeres por abortar.

De acuerdo con la integrante de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto, después de aprobado el proyecto en Diputados en 2018, “en el Senado se votó en contra porque el Poder Ejecutivo estaba en contra. Pero sirivó para que mucha gente hoy esté más informada. Lo que sucedió en 2018 posibilitó que hoy se esté debatiendo de nuevo, que haya quedado instalado el tema”.

El proyecto de ley de IVE comenzará a tratarse en el Senado este martes a las 4:00 p.m., hora local, y espera ser sancionado por el oficialismo tras años de intensos debates.

Junto al proyecto de legalización del aborto se debatirá el proyecto que crea el Plan de los 1.000 días, que consiste en una ayuda monetaria que se entregaría una vez por año y que apunta a proteger la salud de la mujer durante el embarazo y de sus hijos e hijas en los primeros tres años de vida.