Expertas afirman que durante la pandemia aumentaron obstáculos para el aborto seguro en Latinoamérica

Expertas del Consorcio Latinoamericano contra el Aborto Inseguro (Clacai) afirman que la pandemia trajo consigo más dificultades para acceder a la interrupción del embarazo seguro en la región.

Esta es la conclusión del webinar ‘Menos trabas, más acceso al aborto seguro en América Latina’, realizado esta semana en el marco de la campaña regional ‘La salud reproductiva es vital’, en el que participaron cuatro investigadoras de organizaciones integrantes del Consorcio.

Agustina Ramón (Argentina -CEDES), Rossina Guerrero (Perú - Promsex), Laura Gil (Colombia - Esar) y Ana Vera (Ecuador - Surkuna) coincidieron en que hay una “abrupta disminución de acceso a los servicios de salud sexual y reproductiva en los países durante la pandemia por Coronavirus”.

Susana Chávez, directora ejecutiva de Promsex y secretaria ejecutiva del Consorcio, dijo que el aborto se ha convertido en un “punto modal que nos dice cuánto acceso podemos tener las mujeres y las personas con capacidad de gestar a la salud reproductiva”.

“Si hay barreras en el acceso al aborto quiere decir que hay otras mucho mayores que no nos están permitiendo tomar decisiones”, remarcó.

Laura Gil, ginecóloga y directora de la Fundación Esar, explicó que en Colombia menos del 1% de las mujeres logra acceder a abortos legales, “debido a que priman las visiones personales de los equipos de salud antes que las leyes”.

“Mientras el aborto siga siendo un delito, habrá un espacio para imponer esa visión personal que solo crea barreras y supedita el derecho de abortar a un tercero, por lo que se torna un privilegio poder acceder a un centro de salud que respeta las normas. La salud y los derechos sexuales y reproductivos no pueden ser un privilegio de pocas personas”, subrayó Gil.

Rossina Guerrero, directora de programas de Promsex, reveló que el Ministerio de Salud de Perú desde 2014 tiene una guía técnica que “incorpora barreras, conllevando a una interpretación restrictiva del derecho al aborto terapéutico”.

Esta norma establece un límite gestacional de 22 semanas que no existía en el Código Penal y que, según Guerrero, “aún cuando hay mujeres que llegan a tiempo, la burocracia estatal las deja fuera de la posibilidad de acceder a la interrupción del embarazo”.

“Las mujeres tienen que pasar por procesos muy largos y dolorosos para que finalmente no accedan a la atención que necesitan. La falta de rectoría del Ministerio de Salud y de los entes obligados a hacer monitoreo y cumplimiento de la ley es una cosa muy grave en el país”, sostiene Guerrero.

La experta señaló que entre junio de 2019 y el mismo mes en 2020, se ha observado una disminución de casi el 63% en las atenciones médicas.

“Para un servicio que ya era escaso y que tenía dificultades en su implementación, una caída así es como que haya desaparecido. Además, hasta este mes tenemos 700 niñas menores de 14 años han registrado hijos”, detalló.

Por otra parte, Ana Vera explicó que en Ecuador el protocolo implementado por el coronavirus COVID-19 se restringe solo a servicios vinculados al embarazo y anticoncepción, “dejando fuera la emergencia obstétrica y al aborto”.

“Un 47% de las mujeres que han querido acceder a los servicios de salud sexual y reproductivos han tenido obstáculos y lo mismo pasa en los casos que quieren acceder a servicios de atención por complicaciones obstétricas, con un 75%”, dice Vera, al precisar que esto se debe a que no existe “comprensión del aborto” como servicio de salud esencial en el país.

Agustina Ramón, por su parte, aclaró que si bien no son comparables las situaciones entre los países, “todas dan cuenta de un claro patrón común en la región”.

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