Por: Diego Carranza Jiménez

Cada 28 de septiembre el mundo conmemora el Día Internacional por la Legalización del Aborto. Y en Latinoamérica, tras el fin de las medidas de confinamiento, esta fecha se vive en medio de marchas, protestas simbólicas, denuncias y exigencias para despenalizar la interrupción del embarazo.

El pasado domingo, colectivos feministas y organizaciones internacionales registraron varias movilizaciones en diferentes ciudades latinoamericanas.

Por ejemplo, en Argentina, la ONG Amnistía Internacional (AI) y organizaciones locales enviaron al Congreso Federal, en la ciudad de Buenos Aires, cientos de ramos elaborados con plantas abortivas utilizadas por mujeres que “arriesgan su vida en la clandestinidad”.

Con estos ‘Ramos de la deshonra’, como los llamaron, le exigen tanto a la Cámara de Diputados como al Senado despenalizar y legalizar este año el aborto en Argentina.

Ver también: Ministra de la Mujer de Brasil intentó impedir que una niña de diez años abortara.

Más de 500 personas, además, de las áreas académica, del espectáculo, del deporte, de la cultura y del periodismo, militantes feministas y una joven, que estuvo tres años encarcelada por un aborto espontáneo en la provincia de Tucumán, firmaron una solicitada para pedir la "urgente" aprobación de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo, informó la agencia Télam.

El colectivo Actrices Argentinas se sumó a la jornada, convocada por la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, con un video en el que participaron actrices y activistas feministas de Argentina, Paraguay, Brasil, Uruguay, Colombia, México, Ecuador, Chile y Bolivia, exigiendo “¡Aborto legal y libre!”.

Del video participaron Dolores Fonzi (Argentina), Ana Ivanova (Paraguay), Alice Braga (Brasil), Natalia Oreiro (Uruguay), Diana Ángel (Colombia), Julieta Venegas (México), Belén Bermeo (Ecuador), Mercedes Argudín (Chile) y Adriana Guzmán Arroyo (Bolivia).

La situación del aborto es más crítica en unos países que en otros

La ONG Human Rights Watch (HRW) precisa que en Argentina aplica desde hace casi un siglo un “modelo de causales” que criminaliza el aborto en casi todos los supuestos, salvo en casos de violación o cuando la vida o la salud de la mujer está en riesgo. En todos los demás casos, el aborto es ilegal y punible con hasta 15 años de cárcel.

En México, de acuerdo a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) el aborto sí es legal, pero cambian las razones por las cuales los estados deciden si es o no un delito. En el país azteca hay ocho causales en las cuales es permitido.

Las causales son: cuando la continuación del embarazo afecta la salud de la mujer o cuando pone en riesgo su vida, si el feto presenta alguna malformación congénita grave o si el embarazo es a causa de una inseminación artificial en contra de la voluntad de la mujer

También se permite la práctica cuando el aborto fue provocado de manera "imprudencial", es decir por accidente, cuando la economía precaria de la mujer se agrava al continuar con el embarazo, y por libre decisión de la mujer. 

Ver también: El panorama de los abortos y su criminalización en El Salvador.

Hay una octava condición que indica que aunque cada estado define las causales para abortar sin que se considere un delito, la violación es la única que se aplica en todo el país.

Solo en la Ciudad de México y Oaxaca está reconocida la interrupción legal del embarazo hasta las 12 semanas de gestación.

En Colombia, la legislación despenaliza el aborto solo en tres causales: cuando el embarazo es producto de una violación, cuando implica un peligro para la vida de la mujer o cuando existe una malformación del feto que es incompatible con la vida. Esto mismo ocurre en Chile.

En Brasil, como excepciones en la penalización de la interrupción del embarazo, están los casos de violación, para salvar la vida de la mujer o cuando un feto tenga un diagnóstico de anencefalia (una anomalía fetal grave que causa que el feto no tenga partes del cerebro), según detalla el Centro de Derechos Reproductivos.

En el gigante suramericano el debate se aumentó tras el caso de una niña de 10 años que, tras ser violada sistemáticamente por su tío, y gracias a un fallo judicial y en contra del mismo Gobierno de Jair Bolsonaro, logró acceder a un aborto seguro. Esto generó movilizaciones y controversia en todo el país.

En Ecuador el aborto solo es permitido cuando la salud o la vida de la madre está en riesgo, con comprobación médica, o si el embarazo es por violación a alguien con discapacidad mental. En el resto de casos, es penalizado. Entre 2013 y enero de 2019, al menos 435 mujeres ecuatorianas han sido judicializadas por abortar.

En Perú, entre tanto, la interrupción del embarazo solo es legal en caso de amenaza a la vida o salud de la gestante. En otras circunstancias, las mujeres se enfrentan a la justicia.

Este panorama se repite en algunos países de la región. Pero hay casos en los que la situación se agrava para millones de mujeres latinoamericanas.

El Salvador, por ejemplo, es uno de los países con más restricciones para las madres o víctimas de violación. En esta pequeña nación centroamericana el aborto es ilegal en todas las circunstancias y sin ninguna excepción. 

Ver también: Evelyn Hernández, una emblemática voz de las mujeres detenidas en El Salvador por abortar.

Las penas en El Salvador pueden alcanzar los 50 años de cárcel. Además, no hay cifras oficiales, pero las estimaciones indican que hay alrededor de 35 mil abortos cada año, incluido un gran número de casos de niñas y adolescentes.

Esta problemática en El Salvador se visibilizó más en agosto de 2019 con el caso de Evelyn Hernández, una joven de apenas 18 años que tras ser condenada por homicidio agravado, estuvo tres años en prisión por un aborto involuntario. Su embarazo, como el de muchas otras mujeres latinoamericanas, fue producto de una violación.

En el mundo se realizan aproximadamente 55 mil abortos inseguros o clandestinos a diario, de los cuales el 95% se registran en países que no son ricos. Esta práctica deja una de cada ocho mujeres fallecidas, según los datos de la CNDH de México.

Los abortos en países como Colombia, Brasil, México, Perú y República Dominicana ascienden a 2,8 millones y en toda la región se estima que superan los cuatro millones.

La organización internacional Marie Stopes International, que brinda servicios de anticoncepción y aborto seguro en 37 países de todo el mundo, estima que aproximadamente 1,9 millones de mujeres no pudieron acceder a sus servicios entre enero y junio de 2020. 

Los cálculos de Marie Stopes International indican que esa alteración podría dar lugar a 1,5 millones adicionales de abortos inseguros y 3.100 muertes maternas adicionales.

Pero el panorama podría ser más desesperanzador, pues de acuerdo al informe ‘La Regulación Jurídica del aborto en América Latina y el Caribe’, un estudio comparativo entre 14 países que desarrollaron investigadoras del Comité Latinoamericano y del Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer (CLADEM), la región ha vivido en los últimos 20 años modificaciones legales que pueden considerarse “una serie de disposiciones de tendencia más bien regresiva que buscan sancionar con mayor rigor la interrupción voluntaria del embarazo, basándose en una protección absoluta a la vida del concebido”.

Según Amnistía Internacional, durante decenios, defensoras de los derechos humanos de toda Latinoamérica “han estado librando una ardua batalla” para garantizar que los derechos sexuales y reproductivos, incluido el acceso a un aborto sin riesgos, sean una realidad para todas las mujeres.

Pero la ONG internacional afirma que “en los últimos cinco meses, esa batalla se ha convertido en una guerra” y que aunque desde hace tiempo que “las cifras son escalofriantes, ahora la pandemia de coronavirus (COVID-19) “las ha convertido en una catástrofe, con la perspectiva de un futuro "sombrío” debido al preocupante aumento que se ha registrado de violencia contra las mujeres.

Las últimas estimaciones de la ONU, citadas por AI, indican que los confinamientos durante un período de seis meses podrían dejar a 47 millones de mujeres de todo el mundo sin la posibilidad de acceder a anticonceptivos, algo que se estima, podría dar lugar a siete millones de embarazos no deseados adicionales.