Por: Diego Carranza
Este jueves se cumple un mes de la muerte del ciudadano Javier Ordóñez, de 43 años, durante un operativo en el occidente de Bogotá a manos de los expolicías Juan Camilo Lloreda Cubillos y Harby Damián Rodríguez Díaz, hoy tras las rejas tras ser imputados por los delitos de homicidio agravado y tortura agravada.
El hecho ocurrió entre la noche del 8 y la madrugada del 9 de septiembre y dio lugar a las protestas más violentas que ha enfrentado la capital colombiana en su historia. Pero además generó un profundo debate institucional y jurídico en el país sobre el abuso de policías y el exceso de la fuerza policial en Colombia.
Las protestas tras la muerte de Ordóñez se extendieron por tres días (9, 10 y 11 de septiembre) en varias ciudades colombianas y la fuerte respuesta policial, que incluyó el uso de armas de fuego, dejó en la capital del país un saldo de 13 muertos, incluidos dos adolescentes de 17 años, y más de 200 civiles heridos, según el balance de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). También hubo más de 190 policías heridos y 70 instalaciones de Policía fuertemente afectadas.
Ver también: CIDH afirma que muerte de Javier Ordóñez a manos de policías en Colombia debe ser juzgada por la justicia ordinaria
Además de la CIDH y otras organizaciones civiles en Colombia, ONU Derechos Humanos, Human Rights Watch (HRW), Amnistía Internacional (AI) y la Unión Europea (UE) condenaron el uso excesivo de la fuerza por parte de la Policía colombiana y solicitaron investigar y sancionar a los responsables de las muertes de civiles y de otros hechos como maltratos, golpes, torturas, e incluso, de un caso de abuso sexual al interior de una estación de policía.
Pero esta crisis también ha generado un fuerte choque político entre los Gobiernos bogotano y nacional por el papel de la fuerza pública y la forma en que actuó para contener los disturbios que se presentaron.
Mientras el presidente Iván Duque, el ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, y otros miembros del Ejecutivo nacional insisten en que las protestas fueron infiltradas por la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y disidentes de las desmovilizadas Farc, la alcaldesa Claudia López ha rechazado esta hipótesis. Además, mientras los primeros rechazan los motivos de la revuelta social, la segunda indica que se trató de una “ola de rechazo ciudadano (desafortunadamente violento) contra un fenómeno inadmisible en cualquier democracia como es el de abuso policial”.
Durante una rueda de prensa con medios internacionales el viernes pasado, la mandataria capitalina se refirió extensamente a este tema y aseguró que el ministro está 'guerrillerizando' la protesta.
“En Bogotá no ocurrió una toma guerrillera, ni esto fue planeado por un grupo armado ilegal; esto fue una reacción masiva, espontánea y desafortunadamente violenta (…); el Ministerio de Defensa ha hecho un intento deliberado por ‘guerrillerizar’ el fenómeno de protesta violenta, pero no ha mostrado una sola prueba ni tiene un solo detenido”, dijo la alcaldesa ante la prensa internacional.
López también ha denunciado que hasta el 2 de octubre la Policía no ha hecho llegar ni a la Alcaldía ni a la Procuraduría un reporte de qué uniformados usaron sus armas, cuando según los protocolos vigentes de la misma institución, es obligatorio informar en 24 horas “si (un agente) usó o no su arma de fuego, más aún si al usarla causó algún herido o fallecido”.
Fuentes de la Policía le indicaron a la Agencia Anadolu este jueves 8 de octubre que la información solicitada ya fue entregada. Sin embargo no entregaron detalle alguno. Por otro lado, ni la Alcaldía ni la Secretaría de Seguridad confirmaron al respecto.
Un histórico fallo judicial
Los episodios que se tomaron varias ciudades colombianas en septiembre reavivaron los ánimos y los reclamos de las protestas de noviembre del año pasado, en las que murió el estudiante Dilan Cruz, de 18 años, por un disparo en la cabeza propinado por un miembro del Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad) de la Policía.
Debido a esto, y como respuesta a una tutela presentada por estudiantes, organizaciones sociales, defensores de derechos humanos, periodistas, docentes y víctimas y familiares de víctimas de violencia policial, la Corte Suprema de Justicia (CSJ) emitió un fallo inédito en el que le solicitó al Gobierno nacional que tome medidas para garantizar el derecho a la protesta pacífica en el país, pues señaló que existe una “violación sistemática” del derecho a la protesta por parte “de la fuerza pública”, que está haciendo una “intervención sistemática, violenta y arbitraria” en contra de los manifestantes.
El fallo también le ordenó al ministro Trujillo que pida perdón por los excesos de la fuerza pública cometidos desde el 21 de noviembre de 2019 y la prohibición del uso de escopetas calibre 12 a los miembros del Esmad, arma que causó la muerte de Cruz, entre otras medidas.
Pero los ánimos se encendieron, pues el ministro Trujillo no acató inmediatamente la disposición, insistió en que las autoridades seguirían “enfrentando al vandalismo” y ha emitido declaraciones en las que no pedía el perdón que exigían los peticionarios y la justicia. Por ello, el Tribunal Superior de Bogotá indicó el miércoles 7 de octubre que Trujillo no cumplió la orden de la CSJ y le dio un ultimátum para que en un plazo de un día lo hiciera “en forma estricta”, so pena de sanciones disciplinarias y penales.
Este miércoles, la Cámara de Representantes realizó el primer debate de moción de censura en contra del ministro de Defensa, quien recibió fuertes señalamientos por parte de la oposición, y como era de esperarse, el apoyo del partido de Gobierno, el Centro Democrático, y de la bancada conservadora. Durante dicha sesión de control político, finalmente Trujillo García acató el fallo judicial.
Ver también: Ministro de Defensa de Colombia pidió perdón por excesos de la fuerza pública tras orden judicial
El mismo día, la magistrada Nelly Yolanda Villamizar, del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, ordenó al Gobierno de Iván Duque y al director de la Policía elaborar un protocolo exprés o “a corto plazo” que incluya medidas “más urgentes que garanticen el derecho de los ciudadanos a manifestarse públicamente”.
A la par de estos hechos, la Procuraduría realizó la cuarta sesión del juicio disciplinario que se le sigue a los exagentes policiales. Lloreda, por un lado, pidió la nulidad de “todo lo actuado” y de las pruebas recolectadas hasta el momento. También habló de irregularidades en el proceso en su contra y revocó el poder que tenía otro abogado para representarlo, por lo que asumió su propia defensa.
En cambio, Rodríguez relató su versión de lo ocurrido; dijo que aunque no percibió cuántas veces Lloreda accionó el taser contra Javier Ordóñez, escuchó el sonido “aproximadamente 3 ó 4 veces”. Asimismo, reconoció que su compañero lo golpeó al interior del Comando de Acción Inmediata (CAI) de la Policía, una versión que había sido negada previamente.
“(…) El compañero Juan Camilo Lloreda lo está golpeando con sus pies aproximadamente 4 veces en el estómago y las costillas”, dijo el policía.
El caso de Ordóñez, denominado como el 'George Floyd colombiano' por la Alcaldía de Bogotá, volvió a abrir el debate sobre una reforma a la Policía colombiana (que es militar y no civil), un tema que, al parecer, se mantiene en el limbo.
Ver también: ¿Qué clase de reforma necesita la Policía en Colombia?
Los diferentes sectores sociales, que exigen más seguridad para líderes sociales, mejores condiciones de salud, educación y trabajo, entre otros, volvieron a convocar protestas para el próximo 21 de octubre. Habrá que esperar qué tipo de medidas adoptan las autoridades policiales y el Gobierno de Iván Duque para evitar que esta “olla a presión”, como la califica la congresista Katherine Miranda, del Partido Alianza Verde, no vuelva a estallar.
