Por: Santiago Serna Duque
El próximo 26 de agosto, los colombianos podrán votar un mecanismo de participación ciudadana que pretende implementar medidas para acabar con la corrupción en el país.
La consulta anticorrupción, impulsada por la exsenadora del Partido Verde, Claudia López, está compuesta por siete preguntas para responder Sí o No, las cuales plantean temas como la reducción del salario para altos funcionarios del Estado como los congresistas y ministros, la obligatoriedad de la rendición de cuentas por parte de los políticos y el límite de tres periodos para senadores o representantes a la Cámara.
Para su aprobación se necesitan 12'075.756 de votos, el 33% del padrón electoral en Colombia. Además, para que cada pregunta sea admitida se requiere el voto positivo de la mitad más uno del total de sufragios válidos, es decir, 6'037.879 votos.
La consulta anticorrupción será avalada en su totalidad si cada pregunta alcanza las cifras estipuladas. De no ser así, se aprueban las que logren superar dicho umbral. Cada pregunta es independiente.
Los colombianos estarán habilitados para sufragar en los mismos puntos donde lo hicieron en las elecciones presidenciales. Los ciudadanos de Colombia que viven en el extranjero pueden votar desde el 19 hasta el 26 de agosto en los diferentes consulados.
La Agencia Anadolu habló con Claudia López sobre las dudas que se han creado en torno a este mecanismo de participación ciudadana por medio de las noticias falsas, entre otros puntos.
¿Cómo favorecerá a la nación la reducción de los salarios de los congresistas?
Bueno, esa es una de las cosas importantes, pero yo no sé por qué todo el mundo vive tan obsesionado con el salario de los congresistas. Quiero recordarle a la gente que son siete normas anticorrupción las propuestas y las mismas van a reducir la corrupción en el país.
¿Por qué? Porque tenemos legisladores que se han dado gabelas. Se ganan 32 millones de pesos (USD 10.763), no porque se los merezcan, sino porque son capaces de extorsionar al Gobierno y darse beneficios que aplican solo para ellos. Con esta consulta les vamos a quitar estas ventajas y, entre otras cosas, les asignaremos un tope de 25 salarios mínimos por mes.
Por otra parte, les pondremos un limite de máximo tres periodos para que no se atornillen en el poder. Les vamos a prohibir que manejen el presupuesto por debajo de la mesa sin transparencia ni participación ciudadana. Les vamos a impedir la facultad de que sigan contratando a sus amigos (tendrán que hacer contrataciones transparentes con pliegos tipo, condiciones estándar que deben cumplir los proponentes para contratar con el Estado). Les quitaremos el privilegio de casa por cárcel a los legisladores corruptos. Si los penan por este delito tendrán que ir a una celda como cualquier atracador. No tienen por qué tener privilegios carcelarios. Vamos a establecer la obligación de que no se pueda volver a contratar a las empresas que se ganan los contratos con dádivas.
De manera que la corrupción en Colombia es un problema endémico, un problema de 50 billones de pesos (8 puntos porcentuales del Producto Interno Bruto) y lo que estamos haciendo con esta consulta es dejar de quejarnos y acabar con esa tolerancia ante los políticos que nunca aprueban las normas anticorrupción, pero sí nos clavan una reforma tributaria cada dos años para subirnos los impuestos y cubrir el hueco que dejan sus malas formas de manejar los dineros públicos.
Vamos a decir con claridad que a través de un mandato de un año se tienen que autoreformar. Tienen que aprobar estas leyes o de lo contrario, el presidente Iván Duque las expedirá por decreto.
¿Es cierto que los congresistas son los funcionarios públicos que más gastan?
Es una vergüenza que un congresista que se gana 32 millones de pesos al mes no le alcance el salario. Yo no sé en qué país vive Ernesto Macías (presidente del Senado que hizo esa afirmación). En esta nación, el 80% de los colombianos vive con menos de 1'500.000 pesos (USD 504) (menos de dos salarios mínimos). Me parece un insulto a la inteligencia y a la vida de las personas que alguien diga que con 40 salarios mínimos no le alcanza para vivir.
¿Cuáles son las mentiras que giran alrededor de la consulta? ¿Es cierto que, además de los congresistas, la mayoría de funcionarios públicos verán reducidos sus salarios?
Esas son puras mentiras. Lo que pasará con la consulta es que los salarios de los altos funcionarios del Estado (ministros, congresistas, magistrados de altas cortes y generales) serán igualados y existirá un tope para esos 395 individuos de la cúpula que se ubicará en los 25 salarios mínimos, traducidos en unos 20 millones de pesos mensuales.
Pero además es importante que la gente entienda que la corrupción en Colombia es más rentable que ser narcotraficante. Los narcos en este país se ganan tres puntos del PIB de Colombia (24 billones de pesos), mientras que los políticos corruptos obtienen cerca de 50 billones de pesos.
Por esto que digo ha sido prácticamente imposible aprobar normas contra la corrupción en el Congreso, pues hay un circulo vicioso de conflicto de intereses. Ninguno de esos políticos está haciendo campaña abiertamente por el No en la consulta, pero sí han optado por decir y replicar falsedades para que la gente no salga a votar.
Mentiras como que si le bajamos el salario a los congresistas también se les reducirá el sueldo a todos los colombianos, o a los empleados judiciales, o a los empleados públicos. Eso es absolutamente falso. Falacias como que las siete normas propuestas ya existen y, por lo tanto, no es necesaria la consulta: dichas normas no existen porque los legisladores siempre las han hundido.
Otra de las mentiras absurdas es que los promotores de la consulta nos vamos a enriquecer porque nos pagarán 5.000 pesos por voto depositado en las urnas.
Los políticos corruptos acuden a esas falsas cadenas de WhatsApp o redes sociales para proteger un negocio que les es muy rentable.
Colombia es un país abstencionista. ¿Cómo se alcanzarán los 12 millones de sufragios?
Pues en las últimas elecciones votaron 19 millones de personas y aunque la abstención todavía es muy alta (el censo electoral en Colombia es de 36 millones de personas) afortunadamente en la pasada elección para presidente logramos que el 55% del padrón electoral participara.
Para que esta consulta se haga obligatoria necesitamos que solamente el 33% del censo electoral salga a las urnas. Es importante que la gente entienda que esto no está diseñado para votar por un político o por un partido, se hace para defender el trabajo decente de las familias en Colombia y el bolsillo de los ciudadanos de este país.
Por fortuna en la Constitución tenemos un mecanismo como la consulta. Podemos depender del voto de los ciudadanos y no del voto de los políticos.
Críticos aseguran que la consulta es contradictoria porque para dignificar el ejercicio de la política apela al estereotipo de que todos los políticos son malos. ¿Qué opina de eso?
Aquí no estamos en una discusión de buenos y malos. Aquí hay hechos. Los corruptos, como ya lo he dicho, se roban 50 billones de pesos. No hay derecho que en un país con un ingreso medio como Colombia, en pleno siglo XXI, tengamos niños que se mueren de física hambre por culpa de los políticos que se roban hasta la alimentación escolar.
Decir que buena parte de los políticos son malos no es una exageración. Y eso está respaldado con cifras de los propios organismos judiciales de Colombia, los cuales dan cuenta que la corrupción en esta nación es rampante, creciente y endémica.
Es cierto que hay extraordinarios congresistas de todos los partidos políticos quienes han presentado este tipo de iniciativas durante 25 años, pero desafortunadamente la mayoría en el Congreso está del lado del clientelismo y la corrupción.
¿Con la propuesta de contratación transparente y obligatoria en todo el país concluirán los escándalos como el de Odebrecht?
No estoy segura de eso. Aquí de lo que se trata es trancarle el paso y hacerle más difícil y costoso el camino a quienes pretendan robar dineros públicos. Odebrecht tiene prácticamente en Colombia una invitación para seguir robando. Esa compañía brasileña vino, sobornó, robó, y si quiere volver a contratar con el Estado lo puede hacer como si no hubiera pasado nada.
En cambio, el día en que Odebrecht (o cualquier empresa) venga al país de la posconsulta va a saber que si lo cogemos con un solo contrato con corrupción le cancelamos todos los demás, no le hacemos ninguna indemnización y no volverá a tener vínculos de negocios con el Estado colombiano. Corriendo el riesgo de irse a la quiebra, lo pensará dos veces antes de pagar sobornos por contratación.
Para terminar, ¿concretamente de qué habla el punto cuatro de la consulta que indica: "presupuestos públicos con participación ciudadana"?
Eso que en Colombia se llama “mermelada” se traduce en que los congresistas tienen la facultad monopólica de decidir en qué se gastan los impuestos de los colombianos sin hacer ningún tipo de consulta pública. Aprobando el punto cuatro acabaremos con eso.
¿De qué manera? Tendrán que hacer audiencias públicas con la ciudadanía, gremios y medios de comunicación para revelar en qué se gastan el presupuesto de inversión en Colombia que viene de los impuestos pagados por el ciudadano de a pie. Les vamos a quitar la potestad que tienen de decidir a puerta cerrada por sí solos.
