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Partes civiles en el caso Lafarge afirman que fallo del Tribunal de Francia permite juicio a cómplices del terrorismo

Franceline Lepany, directora de Sherpa, advirtió que también la corte francesa podría abrir investigaciones futuras contra miembros del Ejecutivo francés por 'crímenes de lesa humanidad', al haber financiado a grupos terroristas como Daesh en Siria.

Esra Taşkın   | 08.09.2021
Partes civiles en el caso Lafarge afirman que fallo del Tribunal de Francia permite juicio a cómplices del terrorismo La abogada del Centro Europeo de Derechos Constitucionales y Humanos (ECCHR), Cannelle Lavite (der), y la presidenta de la organización Sherpa, Franceline Lepany (izq), hablan durante una entrevista exclusiva con la Agencia Anadolu en París, Francia, el 7 de septiembre de 2021. (Esra Taşkın - Agencia Anadolu)

Francia

Las partes civiles en el caso de la multinacional francesa de la construcción Lafarge calificaron de "simbólico" el fallo del Tribunal Superior de Francia de este martes, que permitiría que compañías sean acusadas de “complicidad en crímenes de lesa humanidad”.

El Tribunal consideró que Lafarge debe volver a ser juzgada por complicidad en crímenes de lesa humanidad al haber financiado al grupo terrorista Daesh/ISIS en el norte de Siria.

El Tribunal confirmó los cargos que acusan al gigante de la construcción de financiar el terrorismo y anuló un fallo de un tribunal de apelaciones que había desestimado a que Lafarge fuera cómplice de un crimen de lesa humanidad.

Así mismo, el Tribunal Superior pidió a un tribunal inferior que reconside el caso con diferentes jueces. En declaraciones a la Agencia Anadolu, la abogada del Centro Europeo de Derechos Constitucionales y Humanos (ECCHR), Cannelle Lavite, dijo que el fallo del Tribunal Superior podría, por primera vez, abrir el camino para que una multinacional sea acusada de “complicidad en crímenes de lesa humanidad”.

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Lavite agregó que el fallo manda una fuerte señal a las empresas que operan o se lucran en zonas de conflictos armados. Lafarge operó una fábrica de cemento en el norte de Siria durante la guerra civil del país árabe.

Según Lavite, el hecho de que estas empresas "solo hacen negocios" no es una excusa para ser eximidas de responsabilidad penal por los delitos de sus socios.

Sin embargo, Lavite advirtió que la solicitud del Tribunal para que un panel de jueces diferentes vuelva a analizar a Lafarge causará retrasos en el caso.

Lavite señaló que los documentos obtenidos por la Agencia Anadolu muestran que los actores occidentales no solo tienen intereses económicos en la región, sino también estratégicos y geopolíticos.

La abogada afirmó que tanto Lafarge como Francia deben cumplir con el derecho internacional, que incluye el respeto de los derechos humanos.

“Si hay documentos que apuntan a la responsabilidad de los actores estatales franceses, esperamos que la investigación actual los tenga en cuenta y que los jueces de instrucción examinen la posible responsabilidad penal del Estado francés”, dijo la abogada.

Lavite dijo que si los inversores de Lafarge, como el Banco Europeo de Inversiones, uno de los principales aportantes de la empresa francesa, estaban al tanto de los crímenes cometidos por esta, también podrían ser acusados de complicidad.

La abogada calificó de “gran paradoja” que el Tribunal de Casación no reconociera a Life for Paris, una asociación a favor de las víctimas del terrorismo, como parte civil en el caso.

“Hemos visto decisiones (judiciales) en Francia que condenan a las madres que pagaron billetes de avión a sus hijos que se dirigían a la llamada 'yihad'”, dijo Lavite.

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“Existe un marco (legal) muy limitado a la hora de procurar acceso a la justicia a las víctimas del financiamiento de grupos terroristas. Sin embargo, ellas mismas son las víctimas de atentados terroristas realizados gracias a este financiamiento”, añadió Lavite.

Por su parte, Franceline Lepany, directora de la asociación Sherpa, aseguró que seguirán de cerca el caso a pesar de que el Tribunal sentenció que no podrán seguir siendo parte civil en el caso.

"Esperamos que estos documentos (publicados por la Agencia Anadolu sobre el caso) se incluyan en la investigación en curso y se tomen medidas", dijo Lepany.

La directora señaló la posibilidad de que el Tribunal de Justicia de la República (CJR), la única institución jurídica en Francia con la autoridad de juzgar a los miembros del Ejecutivo, abriese una investigación en el futuro sobre los ministros que se encontraban en el cargo cuando se cometieron los crímenes.

*Traducido por Daniel Gallego.

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