La organización humanitaria Human Rights Watch (HRW) acusó el viernes al Gobierno indio de adoptar leyes y políticas que "discriminan sistemáticamente a los musulmanes, sijs y cristianos y estigmatizan a los críticos del Gobierno".

El informe de HRW se reveló antes del primer aniversario de los hechos violentos sucedidos en Nueva Delhi (23 de febrero de 2020) donde murieron 53 personas, 40 de ellas musulmanas.

La violencia se desató luego de que comenzaran unas protestas contra la Ley de Enmienda de Ciudadanía (CAA, por sus siglas en inglés), adoptada por el Parlamento indio en 2019 que excluye arbitrariamente a los musulmanes.

La CAA otorgó la ciudadanía a al menos seis minorías provenientes Afganistán, Bangladés y Pakistán que habían migrado a India hasta el 31 de diciembre de 2014 sin incluir a los musulmanes.

"En lugar de llevar a cabo una investigación creíble e imparcial, incluso sobre las acusaciones de que los líderes del BJP (el gobernante Partido Popular Indio) incitaron a la violencia y los agentes de Policía fueron cómplices de los ataques, las autoridades han apuntado a los activistas y a quienes organizaron las protestas", destacó el informe.

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"Las autoridades han respondido últimamente a otra protesta masiva, esta vez de agricultores, vilipendiando a los manifestantes minoritarios sij y abriendo investigaciones sobre su supuesta afiliación con grupos separatistas", agregó la ONG.

Cuando la Agencia Anadolu se puso en contacto con el portavoz de BJP, Syed Shahnawaz Hussain, para preguntarle sobre el informe de HRW, se negó a responder y solo dijo: "No he visto el informe".

El BJP del primer ministro Narendra Modi "no solo no ha logrado proteger a los musulmanes y otras minorías de los ataques, sino que también proporciona patrocinio político y encubrimiento del fanatismo", aseguró Meenakshi Ganguly, directora de HRW para el sur de Asia.

Aunque la violencia en Nueva Delhi se dio dentro del marco de protestas pacíficas de los indios en todas las regiones, los líderes del BJP "intentaron desacreditar a los manifestantes, especialmente a los musulmanes, acusándolos de conspirar contra los intereses nacionales".

Sobre las protestas de los agricultores contra las nuevas leyes agrícolas en noviembre, HRW acusó a los líderes del BJP, a sus partidarios en las redes sociales y a los medios progubernamentales de culpar a los sijs, otra minoría religiosa.

"Tras los violentos enfrentamientos del 26 de enero entre la Policía y los agricultores en Delhi, las autoridades presentaron casos penales infundados contra periodistas, ordenaron el cierre de Internet en varios sitios y ordenaron a Twitter que bloqueara casi 1.200 cuentas, incluso de periodistas y organizaciones de noticias, algunas de las cuales Twitter restauró más tarde", señaló el documento.

Desde que Modi llegó al poder en 2014, se han tomado varias medidas, algunas legislativas, legitimando la discriminación contra las minorías religiosas y permitiendo el nacionalismo hindú violento, denunció HRW.

"Estas acciones violan la legislación nacional y las obligaciones de la India en virtud del derecho internacional de los derechos humanos que prohíbe la discriminación por motivos de raza, etnia o religión, y requieren que los Gobiernos brinden a los residentes la misma protección de la ley", destacó HRW.

"El Gobierno indio también tiene la obligación de proteger a las poblaciones religiosas y otras minorías, y de enjuiciar de manera plena y justa a los responsables de la discriminación y la violencia contra ellos", agregó.

Kavita Krishnan, activista y secretaria de la Asociación de Mujeres Progresistas de Toda India, dijo en respuesta al informe que se trata de un reconocimiento de lo que está sucediendo en India. "No tengo ninguna duda de que el Gobierno está apuntando a las minorías y hablando el idioma de intolerancia todos los días", agregó.

"Hay una serie de casos de este tipo que vemos a diario en los que musulmanes, sijs y cristianos son atacados. En los últimos seis años, ha aumentado exponencialmente bajo el Gobierno de Modi. Está patrocinado en gran medida por el Estado", concluyó Krishnan.

*Juan Felipe Vélez Rojas contribuyó con la redacción de esta nota.