ONG registra 58 asesinatos de defensores de derechos humanos en el primer semestre de 2021 en Colombia

Por: Sergio García Hernández

El Programa Somos Defensores, una organización que se ha consolidado en Colombia por tener uno de los sistemas más detallados y robustos en la documentación de asesinatos de personas que defienden los derechos humanos en su país, divulgó su más reciente informe ‘Resiste’ en el que indica que durante el primer semestre de 2021 sucedieron 58 homicidios de ese tipo.

La organización menciona en su informe que 11 de las personas asesinadas eran mujeres. 
De ellas seis eran indígenas. 

“Estas cifras demuestran que la persecución del liderazgo de las mujeres va en aumento, más aún en sectores como el indígena, donde les es posible ejercer autoridad al interior de sus pueblos y donde gozan del respeto de sus comunidades”, detalla el Programa.

Uno de los casos de mujeres asesinadas, retratados por la organización, fue el de Carmen Ofelia Cumbalaza, una médica ancestral del resguardo indígena El Gran Cumbal en el departamento de Nariño.

Era reconocida por ser la primera mujer candidata municipal por las Autoridades Indígenas de Colombia -AICO- del resguardo indígena El Gran Cumbal. Además, era madre de tres niños menores de edad. “Fue asesinada cerca a su lugar de residencia en la vereda Tasmag, al lugar llegaron hombres armados y le dispararon en varias oportunidades”, menciona la organización.

Otro caso descrito fue el Aura Esther García Peñalver, una mujer que ejercía como autoridad tradicional de la comunidad indígena Wayúu Arronshy. 

La líder promovía varios proyectos enfocados en la niñez del pueblo Wayúu. “Fue asesinada el 30 de marzo en la tarde, cuando se movilizaba en compañía de su esposo en una motocicleta. Desconocidos los abordaron y les dispararon en varias oportunidades”, retrata el Programa Somos Defensores. 

Al describir a los responsables de los 58 asesinatos el informe detalla que en 34 de los casos no se tienen indicios sobre su probable perpetrador. 

Otros 12 homicidios habrían sido cometidos por grupos paramilitares. En seis casos, entre tanto, los ejecutores serían las disidencias de la guerrilla desmovilizada de las Farc, mientras que en cuatro se presume que el responsable es la fuerza pública. Los dos restantes, por su parte, tendrían como perpetrador a la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN).

Los lugares en los que sucedieron los asesinatos se encuentran en 18 departamentos y en la ciudad de Bogotá, lo que se traduce en que el 57,5% del territorio colombiano fue testigo de la muerte de alguno de los 58 defensores.

Antioquia fue el departamento en el que más sucedieron asesinatos con 12 casos. Le siguió el Valle del Cauca con 10, Cauca con 10 y Nariño con seis.  “A estos departamentos le siguen Arauca, Putumayo y Risaralda (tres casos cada uno), Chocó y Meta (dos casos cada uno), Caldas, Cesar, Córdoba, Distrito Capital, Huila, La Guajira, Magdalena, Norte de Santander, Santander y Sucre con (un caso cada uno)”, relata la publicación.

Uno de los aspectos que resalta el informe es la violencia que sufrieron los defensores que participaron en las protestas del paro nacional que hubo en Colombia, entre abril y junio, en las que fueron asesinadas ocho de las 58 personas. 

El caso, quizás, más representativo entre los sucedidos en el paro fue el de Lucas Villa, que generó indignación a nivel nacional porque su liderazgo se había hecho notorio en días anteriores a su muerte mediante las redes sociales.

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Lucas Villa, de 37 años, es descrito en el informe como un líder comunitario y activista de derechos humanos de la ciudad de Pereira. Acompañó y lideró manifestaciones pacíficas por medio de expresiones artísticas en el marco del paro nacional.

“El 5 de mayo, cuando participaba en un plantón en la vía que comunica Pereira y Dosquebradas, recibió ocho disparos por parte hombres armados vestidos de civil, dos personas más resultaron heridas. Posteriormente fue trasladado al hospital universitario San Jorge donde fue diagnosticado con muerte cerebral y permaneció una semana internado antes de morir”, describe la organización en el perfil de Villa que realizó al igual que lo hizo con los otros 57 defensores asesinados. 

Otro de los asesinatos recordados por haber sucedido en el marco del paro nacional es el de Harold Ángulo, un artista y defensor de los derechos de comunidades afrodescendientes en Cali.

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El informe menciona que Ángulo, más conocido como ‘Junior Jein’, participó activamente en las protestas del paro y fue asesinado el 13 de junio en la madrugada cuando se encontraba frente a un establecimiento público en Cali en donde dos hombres armados que llegaron al lugar le dispararon. Su canción `Somos Diferentes’ se convirtió en uno de los himnos de los manifestantes en las movilizaciones.

Los 58 asesinatos se enmarcan en un total de 524 agresiones, que además de los homicidios incluyen también 366 amenazas, 46 atentados, 31 detenciones arbitrarias, cuatro judicializaciones, siete desapariciones forzadas, 10 robos de información y dos casos de violencia sexual.

Pese al lamentable panorama, la organización advierte en el informe que la situación podría incluso empeorar en los meses venideros bajo el telón de fondo de las elecciones presidenciales de 2022.