Este martes, el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (Cajar) presentó ante la Jurisdicción Especial de Paz (JEP) de Colombia un informe sobre la presunta responsabilidad del Ejército en una serie de asesinatos extrajudiciales (conocidos como “falsos positivos”) ocurridos entre los años 2003 y 2005.

El documento da cuenta de hechos que habrían pasado bajo la comandancia del entonces mayor general Mario Montoya Uribe (19 de noviembre de 2003 al 29 de abril de 2005) y la jefatura del Estado Mayor de los coroneles Iván Marco Parra Caicedo (2004) y Raúl Fernando Peña Lenis (2005).

A su vez, comprometen la responsabilidad por cadena de mando -por acción u omisión- de los comandantes de las Brigadas Segunda, Cuarta, Décima, Décimo Primera y Décimo Séptima, pertenecientes a la I División.

“El mayor número de víctimas se presentó bajo la jurisdicción de la IV Brigada, a cargo del brigadier general Oscar Enrique González Peña, 150 víctimas; seguida de la Décima Brigada Blindada bajo el comando del general Hernán Giraldo Restrepo, donde se presentaron 35 víctimas; la Segunda Brigada al mando del brigadier general Gilberto Rocha Ayala y el brigadier general Justo Eliseo Peña Sánchez, con 15 víctimas; la Décimo Séptima Brigada comandada por el brigadier general Pauxelino Latorre Gamboa, con 13 víctimas; y la Décimo Primera con 4 víctimas bajo el mando del coronel Guillermo Quiñonez Quiroz y posteriormente del general Luis Roberto Pico”, subrayó el informe.

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Antioquia fue el departamento que registró el mayor número de víctimas fatales en este periodo de tiempo: 155 de las 218, seguido por el departamento del Cesar con 27, La Guajira con 18, Chocó con nueve, y Bolívar, Córdoba y Magdalena que registraron tres, respectivamente.

“Lejos de la tesis de casos aislados o 'manzanas podridas', existió al interior de la I División, al igual que a nivel nacional, una instigación a cometer este tipo de delitos o una tolerancia con los mismos (…)”, apuntó el texto. De las 218 víctimas, cuyos casos se recogen en el informe, 188 fueron registradas en documentos oficiales por integrantes de la Primera División como pertenecientes a un grupo armado ilegal, y 101 eran campesinos, destacó el Cajar.

“De igual manera, las comunidades indígenas fueron foco de estigmatización por las unidades militares de la Primera División, cuya jurisdicción comprendía territorios ancestrales. En el presente informe se documenta la muerte de 12 indígenas, víctimas de ejecuciones extrajudiciales perpetradas por integrantes del Grupo de Caballería Mecanizado Juan José Rondón y el Batallón de Artillería La Popa, unidades de la I División”, remarcó el documento.

En este contexto, las organizaciones de derechos humanos representantes de víctimas le pidieron a la JEP que llame a versión voluntaria a la plana mayor de la I División durante la época de los hechos para que contribuyan con la verdad.

Cabe remarcar que el informe documentó una serie de patrones que vinculan la comisión de estos crímenes, lo cual permitiría concluir que “obedecieron a una política desde las más altas esferas de la institución, y que se manifestaron tanto en la preparación como en la ejecución y el posterior encubrimiento de los hechos”.

En la fase de encubrimiento, indica el documento, se probó que los victimarios realizaban acciones con el fin de simular un combate y, de esta manera, “legitimar” las muertes.

"En los hechos que cuentan con condena, se encontró que a 49 víctimas se les implantó material bélico, y a otras 32 se les encontró vestuario que no les pertenecía o prendas de uso militar (…). De igual forma, los cuerpos de 101 de las 218 víctimas fueron trasladados a lugares distintos a los de los hechos, usando animales, automóviles, helicópteros o cargados a pie. Este patrón indica un claro propósito de modificar la escena del crimen y alterar los elementos de prueba que podrían haber sido recaudados durante la diligencia de inspección de cadáver”.

A su vez, especifica el texto presentado ante la JEP, 135 víctimas fueron presentadas como personas no identificadas, lo que generó una afectación para sus familiares, quienes debieron enfrentar la dificultad de la búsqueda de un cuerpo sin identidad y la demora en la entrega del mismo. De ese total de víctimas, 32 de ellas continúan sin ser identificadas.

Finalmente, las organizaciones que realizaron el informe advirtieron "con preocupación" el número de implicados en los asesinatos extrajudiciales entre el 2003 y el 2005: 495 soldados en total. “Cifra que denota el carácter masivo y sistemático de la práctica, pero también la impunidad frente a los máximos responsables, pues no solo siguen sin ser investigados el 74% de los casos, sino que no se presenta ni una sola condena a coroneles, brigadieres generales o mayores generales, y la mayoría de los casos adelantados por la Fiscalía siguen en etapa de investigación sin avanzar en la imputación”.​​​​​​​