Misión ONU: “violencia incesante” contra excombatientes sigue afectando consolidación de la paz en Colombia

El jefe de la Misión de Verificación de las Naciones Unidas en Colombia, Carlos Ruiz Massieu, presentó este miércoles ante el Consejo de Seguridad de la ONU el informe trimestral sobre la implementación del Acuerdo Final de Paz.

En este último informe, que abarca el período del 27 de junio al 25 de septiembre de 2020, la Misión afirmó que la “violencia incesante contra excombatientes (de las desmovilizadas FARC) sigue afectando la consolidación de la paz” en Colombia.

El informe destaca que la Misión verificó 19 asesinatos de excombatientes (todos hombres) durante este período, para un total de 50 crímenes (incluidos los de dos mujeres indígenas) en 2020.

Desde la firma del Acuerdo, la Misión ha verificado un total de 297 ataques contra exmiembros de las FARC, incluidos 224 asesinatos (4 mujeres), 20 desapariciones y 53 intentos de homicidio (4 mujeres).

El informe señala que, en respuesta a estos ataques, en julio la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) ordenó a varias instituciones estatales tomar medidas de protección para exguerrilleros de FARC.

Ruiz Massieu, también representante especial del Secretario General de la ONU (António Guterres) en Colombia, afirmó igualmente que frenar la violencia contra excombatientes, líderes sociales y defensores de derechos humanos es la tarea más importante para la consolidación de la paz en el país.

El documento también señala que a pesar de una disminución en las tasas nacionales de homicidio en el primer semestre, la violencia en las regiones más afectadas por el conflicto ha continuado.

“Con relación a las masacres que se dieron en diferentes departamentos en los últimos meses, el secretario general se une a la sociedad colombiana, al Gobierno y a los actores políticos en condenar enérgicamente estos incidentes, incluidos los asesinatos de niños y jóvenes, e insta a las autoridades a que lleven rápidamente ante la justicia a las personas responsables”, señala la Misión.

El informe hace referencia a 42 casos verificados por la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Oacnudh) en lo corrido del año y otros 13 en proceso de verificación. Además, Oacnudh ha verificado un total de 48 homicidios de líderes sociales y defensores de derechos humanos este año, incluidos nueve de comunidades étnicas y cinco mujeres. Sumado a esto, se están verificando otros 51 homicidios.

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De acuerdo con la ONU, Cauca sigue siendo uno de los departamentos más peligrosos para los líderes sociales, con 8 casos de líderes sociales asesinados durante el período del informe bajo verificación.

El secretario general también recalcó que la implementación integral del Acuerdo de Paz tiene “el potencial de ser un elemento clave de la ruta para la recuperación económica y social de los efectos de la pandemia” de COVID-19.

Sobre el impacto del coronavirus en las iniciativas productivas de excombatientes, el informe señala que se tomaron medidas para mitigar los efectos negativos, incluyendo capacitaciones, apoyo a iniciativas de seguridad alimentaria a pequeña escala, conectividad a 53 proyectos productivos para mejorar su acceso a la asistencia técnica remota y la distribución de más de 700 tapabocas para excombatientes involucrados en proyectos productivos.

A la fecha, al menos 88 excombatientes (33 mujeres) han dado positivo por COVID-19, dos de los cuales fallecieron.

El informe también mencionó la situación del expresidente y exsenador Álvaro Uribe Vélez por la investigación en su contra por fraude procesal y manipulación de testigos y afirmó que el arresto domiciliario preventivo y su renuncia al Congreso “generó una mayor polarización y provocó fuertes reacciones en varios sectores de la sociedad colombiana”.

Asimismo, se refirió a la muerte del estudiante de derecho Javier Ordóñez, quien fue asesinado en un operativo policial en Bogotá el 9 de septiembre.

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