Por: Federico Cornali

Para paliar los devastadores efectos de la pandemia, el gobierno federal brasileño ofreció, a partir de abril, una ayuda financiera de emergencia para los ciudadanos sin empleo formal. El beneficio, que consistió en una serie de cuotas de 600 reales (aproximadamente 110 dólares) y de 1.200 reales en el caso de las mujeres “jefas de hogar”, ha alcanzado hasta hoy a 67,2 millones de personas en todo el país.

La inversión del Gobierno, hasta el cierre de septiembre, sumaba casi 208 billones de reales (37 billones de dólares). Sin embargo, el programa de ayuda financiera de emergencia tiene los días contados, ya que se determinó que acabará en diciembre.

Según un estudio de la Fundación Getulio Vargas (FGV), referencia en investigaciones en el país, el fin de las cuotas que benefician a los desempleados dejará a 38 millones de brasileños sin ningún tipo de asistencia.

Quienes componen este multitudinario grupo fueron catalogados como “invisibles” por Paulo Guedes, ministro de Economía, al comienzo de la pandemia. “Encontramos 38 millones de brasileños invisibles, que nunca le pidieron nada al Estado, ningún tipo de asistencia. Para ellos, vamos a crear una rampa de ascenso social, una legislación para acabar con el desempleo en masa”, escribió Guedes en su cuenta de Twitter.

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El análisis sobre el futuro de los “invisibles” fue comandado por el profesor Lauro González, coordinador del Centro de Estudios de Microfinanzas e Inclusión Financiera de la FGV, acompañado por los investigadores Bruno Barreira y Leonardo Pereira, quienes ilustraron el perfil de estos 38 millones de brasileños con base en los datos entregados por el Gobierno liderado por el presidente Jair Bolsonaro.

Para el grupo de investigadores de la FGV, la falta de certezas de cara a 2021 refuerza la urgencia de una definición sobre el rumbo de la política de asistencia social por parte del gobierno federal, con una estrategia clara y mayor visibilidad de las fuentes de financiamiento permanente.

“Estamos hablando de personas de bajos recursos financieros, casi sin estudios, que viven de la economía informal, trabajando de lo que pueden. Están al límite de la pobreza, pero no necesariamente son detectados por los programas de asistencia del Gobierno, por lo cual algo debe cambiar. Es una porción importante de la población y necesitan ser tenidos en cuenta”, dice González.

Dentro del estudio existen otros datos a ser tenidos en cuenta sobre el grupo de “invisibles” que conforma el 61% de los beneficiarios por la ayuda financiera de emergencia. El 64% está dentro del mercado de trabajo de forma muy precaria; el 74% declara que sus ingresos mensuales normales no superan los 1.254 reales (226 dólares), lo que está apenas por encima del salario mínimo actual (1.045 reales); y un 55% completó, como máximo, la educación primaria, lo que a su vez limita las opciones de empleo.

Antes del lanzamiento de la ayuda de emergencia y de este estudio de la FGV, se creía que las personas que no eran detectadas por los programas del Gobierno tenían una posición mucho más sólida en todos los campos, pero de no haber sido por el auxilio financiero este grupo habría tenido un recorte en sus ganancias de un 12% con respecto a lo que devengaba antes de la pandemia. En cambio, con la ayuda económica del Gobierno, su ganancia promedio aumentó hasta un 38%.

“Este segmento de la población no es tan pobre como para satisfacer los requisitos de quienes son beneficiados con el programa Bolsa Familia, de acuerdo con los lineamientos actuales, pero presenta un conjunto de características que se asocian a una gran vulnerabilidad”, explica González.

“La ayuda financiera de emergencia del Gobierno y la crisis dieron a entender, de forma clara, que Bolsa Familia es un programa muy exitoso, pero el número de personas que reciben sus beneficios aún es insuficiente, debido a las recientes mudanzas en el mundo laboral y la existencia de un público que está al borde de la pobreza”, agrega.

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Durante las últimas semanas, la ampliación del programa de bienestar social Bolsa Familia (una ayuda financiera que ronda los 150 reales por familia), que en los próximos días pasará a llamarse Renda Brasil (Renta Brasil) o Renda Cidadã (Renta Ciudadana), se convirtió en una de las principales preocupaciones del Gobierno, ya que miembros del equipo económico de Bolsonaro hicieron anuncios que luego fueron desautorizados por el presidente.

“No importa el nombre que quieran ponerle al programa, lo que importa es que sea más abarcativo, que pondere la asistencia a un mayor número de personas, con fuentes permanentes de financiamiento”, dijo Leonardo Pereira.

“En los últimos días fueron demasiadas idas y vueltas dentro del Gobierno, y este asunto de asistencialismo precisa de una definición inmediata, de un futuro más claro y una estrategia acorde; si no, la población se vuelve más y más insegura, y el 2021 se parece más a una nube negra que a la luz al final del túnel”, agregó el investigador de la Fundación Getulio Vargas.

Al principio, el gobierno federal consideraba ampliar el programa Bolsa Familia con la creación de Renda Brasil, por medio de la unificación de otros programas sociales existentes, como el “abono salarial y el salario familiar”. Sin embargo, Bolsonaro descartó esa posibilidad. “No es cuestión de sacarle a los pobres para dárselo a otros más pobres”, dijo el presidente.

Poco después, Waldery Rodrigues, secretario especial de Hacienda, dijo en una entrevista que pretendía congelar el reajuste de las jubilaciones por los próximos dos años; de esa forma, generaría recursos para financiar el programa Renda Brasil. Otra vez Bolsonaro le bajó el pulgar a la declaración, amenazando además con mostrarle “tarjeta roja” a todos los que apoyaran esa idea, y aseguró que dentro de su Gobierno no se hablaría más sobre Renda Brasil.

El 5 de septiembre, el senador Marcio Bittar anunció que el nuevo programa social pasaría a llamarse Renda Cidadã, pero sus fuentes de financiación aún no están claras y generaron muchas dudas entre sus potenciales beneficiarios, que no tienen seguridad sobre si realmente recibirán este auxilio cuando se termine la actual ayuda por la emergencia. Lo que sí está claro, según los especialistas de la FGV, es que el Gobierno quiere ofrecer un programa de transferencia de ingresos de, aproximadamente, 300 reales mensuales (55 dólares, según la cotización actual).

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“Entre tantas desavenencias, los invisibles están siendo olvidados en la práctica, aunque sean siempre recordados en materia discursiva”, dice González. “Se habla mucho sobre el financiamiento del programa, sobre el nombre del mismo, pero casi nada sobre las condiciones. Es importante entender quiénes recibirán el beneficio, cuándo y de qué forma, y nada de eso se discutió de forma pública”, agrega el especialista en finanzas.

Lo cierto es que, siguiendo las indicaciones de Bolsonaro, nadie habló más sobre el programa y las definiciones fueron postergadas hasta después de las elecciones municipales, que se llevarán a cabo entre el 15 de noviembre, en su primera vuelta, y el 29 de noviembre (segunda vuelta).

“No es posible que las elecciones atrasen un proceso que es tan fundamental para todos los brasileños, principalmente para los que van a votar por los alcaldes”, criticó Rodrigo Maia, presidente de la Cámara de Diputados. “Es importante que el gobierno federal muestre, de forma clara y cuanto antes, que respetará y que organizará el techo de gastos para llevar adelante este programa”, agregó.