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La verdad del Canal del Dique, un afluente artificial al norte de Colombia convertido en cementerio

Hace más de una década las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) sometieron a través de la violencia a las comunidades afrocolombianas del caribe, ubicadas en un río artificial que fluye ocultando verdades atroces del conflicto armado.

Gustavo A. Delvasto D.   | 03.12.2021
La verdad del Canal del Dique, un afluente artificial al norte de Colombia convertido en cementerio Imagen de la 'Loma del muerto', donde grupos paramilitares arrojaban al Canal del Dique los cuerpos de sus víctimas, al norte de Colombia, el 30 de noviembre de 2021. Entre el 29 y el 30 de noviembre, representantes de la Comisión de la Verdad de Colombia, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), delegados regionales de la Unidad de Búsqueda de Desaparecidos, líderes afrocolombianos, víctimas y victimarios, recorrieron algunos municipios del 'Canal del Dique' para un acto de reconocimiento de responsabilidades y búsqueda de la verdad por los asesinatos y desapariciones realizados por las Autodefensas Unidas de Colombia durante el conflicto armado de hace una década, que aún permanecen en la impunidad. El río fue construido por esclavos durante el siglo XVI para el comercio y transporte hacia el centro del país, entre los departamentos de Bolívar y Atlántico. (Gustavo A. Delvasto D. - Agencia Anadolu)

Colombia

La historia de las últimas décadas de las comunidades afrocolombianas que viven en los entornos del Canal del Dique, al norte de Colombia, no dista mucho de aquella que vivieron sus ancestros en el siglo XVI, durante el periodo de la colonia, cuando miles de indígenas y negros fueron esclavizados por la corona española para construir dicho canal y conectar el puerto fluvial en la naciente Cartagena (departamento de Bolívar) con el río Magdalena-principal río de Colombia- y el centro andino del país.

De forma similar, entre 1997 y el 2005 los grupos paramilitares de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) sometieron a través de la violencia, extorsiones, asesinatos y desapariciones a las comunidades. Según el censo del Dane de 2018, en la región aledaña al canal viven más de 1.300.000 personas, de las cuales más de 492.000 se identifican como pertenecientes al pueblo negro, afrocolombiano, raizal y palenquero.

El padre Francisco de Roux, presidente de la Comisión de la Verdad de Colombia, cuando se preparaba para el recorrido por el Canal, dijo con lamento ante los pobladores del municipio de Calamar: “vamos a navegar a través de un cementerio”. 

De Roux dio así inicio al acto 'La verdad silenciada del Canal del Dique: Desaparición forzada y afectaciones al territorio, al agua y las prácticas culturales ancestrales', un recordatorio de las heridas aún abiertas entre la comunidad.

La Agencia Anadolu acompañó el recorrido de los comisionados de la entidad, creada por el Acuerdo de Paz que recientemente cumplió cinco años de refrendación, junto con magistradas de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y delegadas regionales de la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas. 

En el trayecto también estuvieron presentes miembros de 200 organizaciones étnicas, agrupadas en la Ruta del Cimarronaje, que han denunciado lo ocurrido, defendido sus territorios de intereses externos y quienes exigen medidas de reparación como la titulación de todos su predios. No en vano su nombre proviene de aquellos antepasados que osaron rebelarse a la esclavitud, escaparon y fueron poblando las regiones del Canal: los cimarrones.

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Bajo la frase “La verdad del pueblo negro”, los integrantes de las entidades pilares del Acuerdo de Paz entre el Gobierno y la exguerrilla de las FARC, las comunidades, gobernantes regionales, víctimas y victimarios de las AUC, visitaron, escucharon, compartieron y presenciaron los actos simbólicos que se dieron en el corregimiento de Pasacaballos y en las poblaciones de Calamar, Santa Lucía y San Cristóbal. 

El Canal del Dique es una bifurcación artificial del río Magdalena que desde la Colonia buscó cumplir con el objetivo de establecer una vía de comunicación fluvial entre Cartagena y este río, para a través de él conectar a esta ciudad con el interior del país, sobre todo porque en época invernal las vías terrestres se hacían intransitables. Y desde entonces efectivamente la han conectado, aunque también con un alto costo. 

Para el sacerdote jesuita que preside la Comisión, que esta pronta a presentar su informe sobre el conflicto armado, el Canal del Dique es un símbolo de Colombia y de su historia, e invitó a desvelar las verdades que se dieron en el marco del conflicto armado. 

La secretaria de Gobierno del municipio de Calamar, Piedad Castelar Ospina, afirmó que es muy importante el recorrido. “Teniendo en cuenta la posición geográfica del departamento de Calamar, entre Atlántico, Bolívar y Magdalena, donde nace el canal, una zona bastante golpeada por los grupos al margen de la ley (…) en Calamar hay registradas más de 1200 víctimas, entre asesinados, desplazados y desaparecidos”.

De Roux parafraseó las palabras de Jesús en los evangelios, cuando le dijo a los apóstoles “remen mar adentro”. El sacerdote dijo: “Hoy tendríamos que decir ‘remen canal adentro’, porque solo adentrándonos al fondo es que comienzan a aparecer las verdades que nos hemos callado”.

Desaparición forzada

El drama de la desaparición y muerte vivido por los habitantes de cerca de 21 municipios de las riberas y postrimerías del Canal, con cerca de 113 kilómetros de extensión, ocurrió bajo el azote del frente del mismo nombre, perteneciente a la estructura del bloque Montes de María de las AUC, bajo el mando de alias 'Juancho Dique', cuyo nombre real es Uber Banquez y quien era la cara visible de aquellos grupos armados desmovilizados bajo la ley de Justicia y Paz en la década pasada. Él debió enfrentar a víctimas y habitantes de las poblaciones visitadas para reconocer su responsabilidad en el dolor causado.

Ella del Castillo, encargada regional de la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas, le dijo a la Agencia Anadolu que en la zona hay un subregistro muy grande de víctimas. “Cuando hablo de 922 personas registradas no me refiero a las que necesariamente fueron lanzadas a las aguas del Canal; es el número de personas dadas como desaparecidas reportadas en los municipios”. Los datos en los que se basa el grupo de la Unidad, presidido por Del Castillo, están basados en denuncias de familiares, la Fiscalía colombiana, la Unidad para las víctimas, el Centro nacional de memoria histórica, la JEP, entre otras. Miembros de la Comisión y algunos integrantes de las comunidades del sector hablan de más de 2200 víctimas, entre desaparecidos y asesinados. 

Del Castillo agregó que el número de cuerpos de personas dispuestos en las aguas del Canal es complicado de establecer. “Solo hasta que hagamos un análisis de las rutas de desaparición y los lugares a donde fueron llevadas y de donde provenían esas víctimas”. 

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Algunos sobrevivientes hablan de cerca de 30 puntos en el Canal donde los paramilitares arrojaban los cuerpos de sus víctimas al agua.

Ella del Castillo dijo que en esta zona hay poca información, mucho silencio y falta de fuentes dentro de la comunidad. “Buscamos no solo desaparecidos forzados, también reclutados, secuestrados que no se sabe de su paradero, o que murieron en el marco de las hostilidades o el combate”. La funcionaria indicó que las fuentes oficiales normalmente asocian la desaparición con las desapariciones forzadas, pero es tan solo una de sus diversas modalidades.

“Personalmente soy víctima directa de desaparición de mi hermano, vivo en Arjona, cerca de la Loma del muerto. Esto me motivó a liderar las organizaciones y representar a esas voces silenciadas en ese marco del conflicto armado”, dijo Jasmar Pájaro Rodríguez, un historiador y líder social dentro de la comunidad.

Pájaro Rodríguez mencionó uno de los puntos de desaparición más infames: la Loma del muerto, cerca al corregimiento de Rocha, en el municipio de Arjona. En el lugar se impone un gran árbol de mango, junto al cual, según varios testimonios, incluido el de victimarios, los paramilitares llevaban sus víctimas, las asesinaban y disponían de sus cuerpos para ser arrojados a las aguas del Canal. 

Una macabra práctica que se hizo cada vez más habitual porque, según las mismas declaraciones de exparamilitares, las autoridades y financiadores de las AUC no querían que ciudades como Cartagena siguieran recibiendo restos de víctimas.

José Meléndez Márquez, miembro de la Ruta del Cimarronaje, del Movimiento de víctimas de crímenes de Estado y de la Corporación agencia nacional étnica, ratifica que así fueron los hechos. “Me toca confirmarlo ya con la ratificación de las versiones de los perpetradores y de cientos de víctimas, que entre los años 1997 y 2005, bajaban 10, 12, 15 y hasta 40 cadáveres por aquí, que entre Calamar y el municipio de San Onofre, había casi 30 sitios de disposición final (de cuerpos), los llamados botaderos. La sociedad estuvo insensible e indiferente y ahí yacen cientos de cadáveres”.

Afectaciones al territorio y el agua

Otro joven de la región entre lágrimas relata: “Yo era un niño y veía a muchos muertos pasar por el canal. Las aguas de la ciénaga están contaminadas, de donde las recoge Aguas de Cartagena, la sangre de negros regada. Nuestras comunidades reciben el agua sin tratamiento (…) Ahora estamos siendo atacados por las casas políticas, a partir de que se desmovilizaron las AUC”.

Según la Comisión, el dominio del cuerpo de agua le permitió a los paramilitares beneficiarse de las estructuras legales e ilegales. Aprovecharon el conocimiento ancestral de navegación de estas comunidades para llegar a diferentes pueblos del caribe insular y de Centroamérica. Las economías agroindustriales se aprovecharon de la influencia de las AUC para consolidarse en el territorio. “Compraron tierras a bajo costo y despojaron a los afrocolombianos de su identidad”.

Sumado a esto, los proyectos agroindustriales de entonces se expandieron con el apoyo del paramilitarismo y “ocasionaron daños ambientales por el cambio del uso de tierras y la transformación de los ecosistemas cenagosos”.

Meléndez Márquez ha denunciado que “estamos alzando la voz para que no se privatice el canal, que se pretende con un proyecto de restauración ambiental, para que no se pierdan esos cadáveres y la esperanza que tienen las víctimas de recuperar sus seres que fueron arrojados ahí”.

El líder de la Ruta del Cimarronaje concluyó: “En este país el desarrollo tiene un nombre: se llama violencia, se llama despojo, se llama desarraigo”. 

Las prácticas culturales y ancestrales

De igual forma la Comisión en sus informes preliminares ha dicho que las prácticas culturales y ancestrales de las comunidades negras se han perdido o, en su defecto, transformado a raíz de la incursión paramilitar, sus ritos fúnebres, la estética de sus miembros, las fiestas, sus formas de producción como la pesca artesanal, la agricultura solidaria, algo que en medio del trayecto se intentó sanar con el baile ritual del Lumbalú, en honor a las víctimas.

Para las comunidades aún hay una deuda del Estado de reconocer su responsabilidad en lo sucedido, por la participación de políticos y la fuerza pública en la violencia desatada, y que aún no se ha terminado de sanar. Sin embargo, Francisco de Roux aseguró: “Ustedes, pueblos del Canal, tienen una responsabilidad muy grande en Colombia, porque ustedes como víctimas, como pueblos victimizados, son quienes tienen más autoridad moral para que Colombia entienda lo que nos pasó”.

Para Meléndez Márquez su misión es “que cese el silencio y la indiferencia de la sociedad civil, que podamos encontrar en la manigua de las riberas del canal y en su lecho las verdades y los cuerpos que fueron arrojados”.

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