Santiago Serna
30 Agosto 2017•Actualizar: 30 Agosto 2017
Expertos de la ONU llamaron a los países miembros de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas (CIPPDF), a ratificar sus esfuerzos contra un flagelo que está afectando a muchos países.
La CIPPDF se firmó el 20 de diciembre de 2006 en París. Participan 96 naciones y busca investigar los actos de desaparición forzada para llevar a los responsables ante la justicia.
La organización hizo el pedido con motivo del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas que se celebra el miércoles.
La ONU subrayó la obligación de esclarecer el hecho del argentino Santiago Maldonado, quien no aparece desde el 1 de agosto de 2017. El joven fue presuntamente capturado por la Gendarmería Nacional de Argentina en medio de unas protestas en la provincia de Chubut. La represión fue ordenada por la ministra de Seguridad Nacional, Patricia Bullrich. El acontecimiento es catalogado como un caso de desaparición forzada cometido por funcionarios del Gobierno.
“Todos los días recibimos nuevos procesos de personas en todo el mundo que han sido sujetas a esta calamidad. Cuando esto sucede, la vida de familias enteras se rompe en pedazos, y la estructura de la sociedad se daña. Esto tiene que acabar”, señalaron expertos de la ONU en un comunicado.
La vicepresidenta del Comité Contra las Desapariciones Forzadas, Suela Janina, asegura que no hay ninguna excusa para que no sea ratificado universalmente el convenio. Janina indica que se pretende aplicar una legislación nueva que garantice mejores resultados.
Hasta el momento se han confirmado 57 de las 96 naciones que hacen parte de la Convención, pero la meta de la ONU es doblar ese número en los próximos cinco años.
La Convención establece las obligaciones de los Estados de retener a las personas privadas de la libertad en espacios oficiales, de revelar su paradero y de proporcionar información precisa sobre la captura a sus familiares y representantes legales.
“Los familiares tienen el derecho a saber la verdad sobre las circunstancias en que tuvo lugar la desaparición forzada, el paradero de sus seres queridos, el progreso y los resultados de la investigación, y, por último, la suerte del perjudicado”, aseguró el presidente del Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas, Houria Es-Slami.
Finalmente, los especialistas expresaron su intranquilidad por los asesinatos en contra de defensores de derechos humanos que trabajan en temas de desapariciones forzadas.
