La lucha de México contra la corrupción endémica se hace realidad

Este mes, el fiscal general de México buscó el arresto del excanciller Luis Videgaray por cargos de traición y corrupción.

Las denuncias en contra de Videgaray se derivan de una investigación sobre un caso que involucra al conglomerado brasileño de construcción Odebrecht, donde en 2017 se reveló que políticos de varios países latinoamericanos habían aceptado los sobornos de la compañía.

La investigación culminó con la aprehensión de Emilio Lozoya, exdirector de la petrolera estatal mexicana PEMEX y uno de los principales funcionarios del círculo íntimo del expresidente mexicano Enrique Peña Nieto.

Lozoya fue declarado culpable de aceptar sobornos de Odebrecht a cambio de otorgarle contratos públicos de infraestructura durante el Gobierno de Peña Nieto.

Pero Videgaray, que ha desmentido las acusaciones de Lozoya, no es el único político que ha sido citado en la investigación de Odebrecht. En agosto, Lozoya afirmó que a siete legisladores se les pagó hasta USD 3.8 millones para aprobar un proyecto de ley de reforma energética.

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La Fiscalía señaló a Peña Nieto como responsable de los millones de dólares en sobornos y afirmó que Videgaray actuó bajo sus órdenes mientras supervisaba los pagos a los senadores.

Uno de los senadores implicados por Lozoya es Ricardo Anaya, candidato presidencial en las elecciones de 2018.

Lozoya se ha convertido en un actor fundamental en la investigación de Odebrecht al exponer cómo los políticos mexicanos se han beneficiado de un sistema político corrupto.

Sin embargo, Odebrecht no es el único caso del que Lozoya ha formado parte y Videgaray no es el único funcionario de alto rango que se enfrenta a la justicia.

En 2017, las investigaciones de diferentes periodistas descubrieron cómo el Gobierno federal a través de diversas “empresas fantasma” trianguló y desapareció millones de dólares en recursos públicos.

"El Gran Fraude", como se le conoce comúnmente, es un esquema que permitió a los funcionarios del Gobierno apropiarse del dinero de los contribuyentes. A través de diferentes dependencias, el Gobierno contrataría universidades públicas para realizar servicios de infraestructura, investigación y asistencia social.

El dinero se transferiría a las universidades, que a su vez contratarían a un tercero para cumplir con las tareas del Gobierno.

Las universidades públicas contrataron 186 empresas y les transfirieron el dinero, pero 126 de ellas no fueron capaces de cumplir con los servicios solicitados por no contar con los medios operativos ni la infraestructura y carecer de los permisos para realizar dichas operaciones. En algunos casos, las empresas ni siquiera existían. Las escuelas recibieron USD 48 millones solo para facilitar la triangulación de recursos financieros.

En general, el Gobierno transfirió USD 366 millones a universidades públicas. La investigación mostró que USD 165 millones terminaron en empresas fantasmas. Las supuestas oficinas de las empresas eran domicilios particulares cuyos ocupantes desconocían que formaban parte de un contrato multimillonario. En algunos casos, las direcciones donde figuraban las empresas ni siquiera existían.

“Necesitamos entender que la corrupción es el abuso de poder para el beneficio privado [de instituciones y organizaciones], no para beneficio personal. La corrupción aparece y actúa en una red. Debemos ir tras la red de personas que incurren en delitos de corrupción”, dijo Gustavo H. Torres, economista de la Comisión Federal de Competencia Económica, la oficina antimonopolista de México, a la Agencia Anadolu.

Once dependencias estuvieron involucradas en el "Gran Fraude", con varios políticos al mando de los ministerios y dependencias del Gobierno durante la presidencia de Peña Nieto.

PEMEX fue una de las 11 dependencias que trabajaron bajo este esquema. Al mismo tiempo que Lozoya aseguraba contratos multimillonarios con Odebrecht, la petrolera mexicana firmó 39 convenios con universidades públicas bajo la administración de Lozoya.

Varias de las 96 empresas contratadas por PEMEX presentaban una miríada de irregularidades: cinco de ellas resultaron ser empresas fantasmas, 11 de ellas desaparecieron tras recibir el dinero de los contratos y los funcionarios de PEMEX eran dueños de siete de las empresas. En total, el fraude ascendió a 177 millones de dólares.

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Si bien la detención de Lozoya en febrero de este año se debió a su participación en los sobornos de Odebrecht al Gobierno federal, la investigación del "Gran Fraude" ya ha logrado un avance significativo.

En 2019, Rosario Robles, titular de la Secretaría de Desarrollo Social y la Secretaría de Desarrollo Territorial Agrario y Urbano, fue detenida por posibilitar la desaparición de bienes públicos.

Bajo su administración se consiguieron 10 contratos con la Universidad del Estado de México y la Universidad de Morelia. La suma total de dinero que supuestamente se invirtió en proyectos de desarrollo social ascendió a 108 millones de dólares.

La Oficina de Inteligencia Financiera reveló que Robles y sus colegas desaparecieron USD 804.875 en solo un día e informó que el dinero fue transferido a particulares sin conexión con las dependencias previstas.

Ese mismo día, se crearon las cuentas bancarias donde se transfirieron los activos, y poco después de recibir el dinero, se vaciaron los fondos.

En 2015, Peña Nieto dejó al ministro de Hacienda, José Antonio Meade Kuribreña, a cargo de la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), en sustitución de Robles. Durante la transición, las malas prácticas de Robles no se abordaron en absoluto.

En 2016, el Auditor Superior Federal comprobó que USD 13.8 millones desaparecieron de la cuenta de la SEDESOL. El dinero se destinó a proyectos de construcción sin documentación que indicara las inversiones y los beneficiarios, que resultaron muertos.

José Antonio Meade se postularía para la presidencia de México en 2018.

Recientemente, Alfredo Zabadía, exfuncionario de la SEDESOL y empleado de Robles, se ofreció a brindar información que vincula directamente a "El Gran Fraude" con Peña Nieto, alegando que tanto Peña Nieto como Videgaray orquestaron el fraude.

“En México, no perseguimos a toda la red corrupta. Procesan al jefe, y eso es todo. Retirar al líder, pero toda la estructura en la que operaba queda intacta. Y algo raro es que se devuelvan los bienes robados”, dijo Torres.

Desde su primera campaña para la presidencia en 2006, Andrés Manuel López Obrador ha prometido erradicar la corrupción del sistema político mexicano. La aprehensión de los ministros prominentes de la administración de Peña Nieto parece solidificar el compromiso de López Obrador con sus electores. ''La corrupción es una amenaza mayor para México que el crimen organizado'', ha dicho el presidente mexicano todo el tiempo.

*Maria Paula Triviño contribuyó con la redacción de esta nota.