En la noche de este jueves la Fiscalía General de la República (FGR) de México decidió no ejercer ningún tipo de acción penal contra el exsecretario de Defensa de Enrique Peña Nieto, el general Salvador Cienfuegos, quien fuera deportado a su país luego de una intensa negociación con Estados Unidos para que le permitieran juzgarlo en su país de nacimiento.

Estados Unidos acusaba a Cienfuegos de cuatro delitos de narcotráfico y lavado de dinero por supuestamente haber colaborado con el cartel H-2 para traficar diferentes tipos de drogas hacia el país angloparlante, a cambio de millonarios sobornos. Entre lo que habría traficado Cienfuegos se incluye marihuana, heroína, anfetaminas y cocaína.

“Del análisis correspondiente (del expediente de acusación), se llegó a la conclusión de que el General Salvador Cienfuegos Zepeda nunca tuvo encuentro alguno con los integrantes de la organización delictiva investigada por las autoridades norteamericanas; y tampoco sostuvo comunicación alguna con ellos, ni realizó actos tendientes a proteger o ayudar a dichos individuos”, dijo la FGR.

Lo anterior, a pesar de que Estados Unidos envió a la justicia mexicana toda la información recabada en su contra, incluyendo comunicaciones interceptadas, por la Administración de Control de Drogas​​​​​​​ (DEA), que sirvió de base para la captura del general en octubre de 2020 en el aeropuerto de Los Ángeles, California.

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De acuerdo con la FGR, no se encontraron indicios de que existiera comunicación entre Cienfuegos y el cartel de droga H-2, “ni que hubiera emitido orden alguna para favorecer al grupo delictivo señalado en este caso”. Además, luego de revisar el patrimonio del general, “no apareció dato alguno o síntoma de obtención de ingresos ilegales o acrecentamiento de su patrimonio fuera de lo normal”.

En noviembre pasado, de manera sorpresiva el Gobierno de Estados Unidos retiró los cargos contra Salvador Cienfuegos, para que fuera investigado en México por los cargos de narcotráfico y lavado de dinero.

El gesto fue interpretado por varios analistas como una especie de agradecimiento por parte del Gobierno de Donald Trump hacia el Gobierno mexicano, liderado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, por no haber reconocido la victoria del demócrata Joe Biden en las elecciones presidenciales.

Sin embargo, una fuente del Gobierno estadounidense, familiarizada con el caso de Cienfuegos, reveló a The Washington Post que el cambio de postura de la justicia de EEUU frente al caso del general Cienfuegos se debió a amenazas de México de limitar el papel de la DEA en su país.​​​​​​​