Ana María Castro Castro
22 Abril 2018•Actualizar: 23 Abril 2018
Este viernes, el Departamento de Estado de Estados Unidos publicó los Informes de Países sobre Prácticas de Derechos Humanos 2017, en su edición número 42, que destaca las falencias en temas de seguridad y corrupción en varias naciones latinoamericanas.
El secretario de Estado adjunto de Estados Unidos, John Sullivan, y el embajador Michael Kozak, de la Oficina de Democracia, Derechos Humanos y Trabajo, fueron los encargados de presentar este informe de interés para la comunidad internacional, que documenta el estado de los derechos humanos y los derechos de los trabajadores en casi 200 países y territorios.
Además de destacar los “horrendos abusos” contra los derechos humanos en Siria y la limpieza étnica de los rohinyás en Birmania, Sullivan destacó naciones latinoamericanas como Venezuela, en donde el “régimen de Maduro reprime los derechos del pueblo”.
“Miles de personas huyen de sus hogares a diario en respuesta a esta creciente crisis humanitaria. En la Cumbre de las Américas la semana pasada, el vicepresidente Pence anunció USD 16 millones en ayuda humanitaria de Estados Unidos para ayudar a aquellos que han huido de Venezuela y necesitan desesperadamente alimentos, agua y asistencia médica”.
Sobre Guatemala, el informe evidencia que se registraron “constantes intimidaciones” a miembros del sistema judicial, y se destaca el intento de expulsión del jefe de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), Iván Velásquez, así como ataques a medios de comunicación y periodistas.
El estudio destacó de forma positiva que México, a través de la ley general de desapariciones forzadas, estableció sanciones penales para las personas condenadas por desaparición forzada y un marco nacional para encontrar a las víctimas.
México, sin embargo, es uno de los países con mayor amenaza de derechos humanos debido a la corrupción y a la lucha interna de los carteles del narcotráfico.
“Hay informes de que el Gobierno o sus agentes cometieron homicidios arbitrarios o ilegales, que aún están en la impunidad. Los grupos delictivos organizados también estuvieron implicados en numerosos asesinatos, y en ocasiones, han actuado en alianza con funcionarios federales, estatales, locales y de seguridad corruptos”, dice el informe sobre México.
Aunque en Colombia, el documento destacó de forma positiva el proceso de paz firmado con la guerrilla de las Farc y su dejación de armas, aún prevalecen delitos como los asesinatos extrajudiciales e ilegales; los reportes de tortura y detención arbitraria; la corrupción; y la violación y abuso de mujeres y niños por parte de grupos armados ilegales.
“Por ejemplo, el 5 de octubre de 2017, al menos siete personas, incluidos dos miembros de la comunidad indígena Awa, fueron asesinados y otros 20 resultaron heridos en el municipio suroccidental de Tumaco, departamento de Nariño, durante una protesta contra las operaciones gubernamentales de erradicación de coca, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)”, dice el informe sobre Colombia.
Estos informes son requeridos por la ley de los EEUU y son utilizados por una variedad de actores, incluidos el Congreso estadounidense, el poder ejecutivo y el poder judicial como recurso fáctico para la toma de decisiones en asuntos que van desde la asistencia humanitaria hasta el asilo.
