Funcionarios del anterior Gobierno de Bolivia serán procesados por la falta de respiradores para pacientes con COVID-19
El procurador general Wilfredo Chávez aseguró que está recopilando información para iniciar un proceso penal contra miembros de la administración de Jeanine Áñez por algunas muertes durante la cuarentena de 2020.
Los trabajadores de la salud preparan sus trajes protectores antes de llevar a cabo un gran operativo de 6 días para detectar casos positivos de COVID-19 casa por casa, en La Paz, Bolivia, el 21 de agosto de 2020. Archivo ( Marcelo Pérez del Carpio - Agencia Anadolu)
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El procurador general de Bolivia, Wilfredo Chávez, aseguró que está recopilando información para iniciar un proceso penal contra antiguos funcionarios del Gobierno de Jeanine Áñez por las muertes ocasionadas por la falta de respiradores durante la cuarentena por COVID-19 en 2020.
“Lo que falta es el juicio por las muertes ocasionadas a partir de esa desidia. Ese es el segundo paso que se tiene que dar ahora (…). Lo que vamos a hacer, estamos justamente en colecta de investigación, es iniciar otro proceso por las muertes ocasionadas por la ausencia de respiradores”, dijo Chávez en una entrevista con Bolivia TV.
Wilfredo Chávez detalló que la Procuraduría sigue de cerca dos procesos penales iniciados por la compra irregular de respiradores en China y España.
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“Lo que ha ocurrido simplemente es un acto poco fácil de describir. Ellos, con lo que han hecho al haber privado a los bolivianos y bolivianas de esos respiradores, de paso con sobreprecio, han ocasionado muchas muertes en el país. Los equipos no eran adecuados para el tratamiento de pacientes con COVID-19 en las unidades de terapia intensiva”, subrayó el funcionario.
En mayo de 2020, el juez Hugo Huacani envió a la cárcel al exministro de Salud, Marcelo Navajas, y a otros exfuncionarios del Gobierno de Áñez por el caso de corrupción en la compra de respiradores con sobrecosto para pacientes que sufrían de coronavirus.
Los exfuncionarios fueron imputados por una serie de delitos en el caso que investiga la presunta adquisición con sobreprecio de 170 respiradores de emergencia para atender la pandemia.
El fiscal Ruddy Terrazas explicó que el juez tomó en cuenta varios elementos para determinar la detención de los imputados, entre los que se encontraban las cartas que se remitieron por parte del Ministerio de Salud a la Agencia de Infraestructura en Salud y Equipamiento Médico (AISEM) para solicitar la adjudicación de los respiradores, además de la nota en que se pedía alquilar un vuelo chárter para trasladar desde España a Bolivia dichos equipos, detalló la estatal Agencia Boliviana de Información (ABI).
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