Fiscalía de Colombia pedirá cerrar una investigación penal contra el expresidente Álvaro Uribe

La Fiscalía General de la Nación de Colombia, este viernes, radicó ante el Centro de Servicios Judiciales del Sistema Penal Acusatorio de Bogotá una solicitud de audiencia de preclusión de la investigación en contra del expresidente y exsenador Álvaro Uribe Vélez.

La entidad del Poder Judicial, en un comunicado de prensa publicado este 5 de marzo, informó que el coordinador de la Fiscalía Delegada ante la Corte Suprema de Justicia, Gabriel Jaimes Durán, tomó la decisión tras 120 días de investigación (plazo máximo que tenía para definir la continuidad del caso).

“Luego de la valoración integral de los elementos materiales probatorios, la evidencia física y la información legalmente obtenida durante el curso del proceso, el fiscal del caso estableció que varias de las conductas por las cuales se vinculó jurídicamente al excongresista no tienen la característica de delito, y otras que sí lo son, no se le pueden atribuir como autor o participe”, dice la publicación.

Según la Fiscalía estas conclusiones se obtuvieron aplicando los parámetros fijados en el ordenamiento jurídico y serán expuestas en la audiencia de preclusión ante un juez penal.

“De igual manera, se actuó en cumplimiento del deber que le asiste y que está consagrado en el artículo 250 de la Constitución Política de Colombia: ‘Solicitar ante el juez de conocimiento la preclusión de las investigaciones cuando según lo dispuesto en la ley no hubiere mérito para acusar’”, agregó.

La Fiscalía consideró que la publicación de esta información es de interés general e invitó a la ciudadanía colombiana a seguir la audiencia y enterarse de los argumentos de la decisión.

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El proceso en contra de Álvaro Uribe por la presunta manipulación de testigos inició en 2018. En febrero de ese año la Corte Suprema de Justicia desestimó una denuncia que el expresidente instauró en contra del senador Iván Cepeda Castro, también por manipulación de testigos, y, por el contrario, ordenó una investigación para establecer si Uribe había ejercido presión sobre un testigo del caso en el que se acusaba a Cepeda para cambiar su testimonio ante la justicia.