Estos son los puntos principales del acuerdo ambiental de Escazú que entra en vigor en América Latina y el Caribe
El tratado regional tiene entre sus objetivos garantizar la participación pública en la toma de decisiones y proteger a los defensores del medio ambiente.
El guardaparques Arturo González patrulla áreas de manglares en la Península de Yucatán y El Caribe. (SOLO USO EDITORIAL - CRÉDITO OBLIGATORIO: Cortesía Arturo González - HANDOUT AGENCIA ANADOLU)
Colombia
Este jueves 22 de abril, día de la Madre Tierra, entra en vigor el Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, conocido como Acuerdo de Escazú.
Dicho tratado ambiental fue adoptado el 4 de marzo de 2018 en San José, Costa Rica, por representantes de 24 países y busca implementar el principio 10 de la Declaración de Río, adoptada en la Cumbre de la Tierra de 1992.
Su objetivo es garantizar la protección de los líderes ambientales ante amenazas, presiones o asesinatos; así como la implementación plena y efectiva en la región de los derechos de acceso a la información ambiental, participación pública en los procesos de toma de decisiones y acceso a la justicia en asuntos ambientales.
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El acuerdo es considerado un instrumento legal inédito para la región y representa el primero vinculante que protege a los defensores de los derechos humanos en asuntos ambientales y establece garantías que protegen su labor.
En resumen, este instrumento impone obligaciones para proteger la vida y seguridad de los líderes ambientales y además avala investigar y castigar cualquier agresión contra los defensores.
Pese a que fue firmado por 24 países, el acuerdo solo se aplicará en las 12 naciones que lo han ratificado: Guyana, Antigua y Barbuda, Bolivia, Ecuador, Nicaragua, Panamá, San Vicente y las Granadinas, Saint Kitts y Nevis, Santa Lucía, Uruguay, Argentina y México.
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El Gobierno de Sebastián Piñera retiró a Chile del tratado tras argumentar que podría exponer su soberanía en tribunales internacionales y que el problema está en la forma en que quedó escrito el texto final.
En naciones como Costa Rica, los agroindustriales afirman que podría limitar las inversiones. Y en otras como Colombia, donde se cuentan por centenares los líderes y defensores de derechos humanos asesinados, el acuerdo está estancado en el Congreso.
Los últimos en ratificarlo fueron Argentina y México, a finales de enero de este año.
