Por: Susana Noguera

La organización defensora de derechos humanos Women´s Link Worldwide presentó este jueves ante la Comisión de la Verdad, entidad que hace parte del sistema de justicia transicional colombiano, un informe con el caso de Helena, una excombatiente que fue obligada a abortar en la guerrilla de las FARC.

Junto con Women´s Link, otras dos organizaciones entregaron informes sobre violaciones a los derechos reproductivos de mujeres y niñas durante la guerra en Colombia. La Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres, así como el Centro de Derechos Reproductivos, también entregaron reportes.

El caso de Helena es emblemático en Colombia y podría ayudar a sentar un precedente mundial en la forma como se entienden y analizan las violaciones a los derechos reproductivos, algo clave para crear mejores estrategias de reparación.

El conflicto armado en Colombia ha dejado heridas profundas en miles de mujeres y niñas. Muchas fueron usadas como botín de guerra o sus cuerpos fueron violentados como una estrategia para amedrentar y humillar a su comunidad, pero hay otro tipo de victimización que poco se ha estudiado: la violación de derechos reproductivos, es decir, cuando grupos armados les arrebatan a mujeres y niñas el derecho a decidir sobre su salud reproductiva y su maternidad.

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Las abogadas de Women´s Link Worldwide buscan que la justicia transicional colombiana vea la violencia reproductiva como una categoría independiente de la violencia sexual para estudiar sus consecuencias específicas a fondo, algo que no se ha hecho nunca antes en un posconflicto.

El documento que fue entregado hoy a la Comisión relata cómo Helena* fue reclutada de forma forzada por las FARC cuando tenía 14 años. Desde que llegó le dijeron que tenía que planificar y que quien quedara embarazada debía abortar. Era una orden.

A los 19 años quedó embarazada mientras hacía parte de las filas de esa guerrilla. Cuenta que se negó a abortar y pidió a su comandante que la dejara continuar con el embarazo. Sin embargo, sus compañeros intentaron convencerla de que abortara, diciéndole que si no lo hacía se exponía a un 'consejo de guerra', un tipo de 'juicio' común en el grupo armado que podía terminar en fusilamiento.

La excombatiente afirma que, a pesar de insistir varias veces en que quería continuar con el embarazo, el comandante ordenó que debía hacerse un aborto. Médicos la adormecieron y le hicieron una cesárea para retirar el feto, que ya había cumplido seis meses en gestación. Despertó de la anestesia con un fuerte dolor: “como si me hubieran dado una golpiza”, recuerda ella en el testimonio que conoció la Comisión de la Verdad.

"Algunos compañeros me contaban que anestesiada hacía mucha fuerza, que me habían tenido que amarrar porque no me dejaba", contó en el testimonio.

El aborto le dejó a Helena serios problemas de salud. Al intentar coserle la incisión de la cesárea, los puntos le agarraron parte de la vejiga, un error que dificultó mucho más su recuperación. Helena duró más de un año con infecciones y tuvo que esperar 11 años para poder hacerse una cirugía que arreglara el problema. Además, ha tenido que someterse a tratamientos para la insuficiencia renal crónica que padece.

Pero el dolor también es emocional. Sufre de estrés postraumático, depresión, sentimientos de impotencia y frustración por haber perdido su niñez y su salud; tiene constantes sueños de que alguien la está persiguiendo. "Yo esperaba por lo menos que ellos dijeran: Sí, cometimos un error, pero hicieron lo contrario. Me dijeron ´la culpable es usted´", narra Helena en el testimonio entregado a la Comisión.

“La violencia a los derechos reproductivos en las FARC principalmente consistió en el uso forzado de anticonceptivos y el aborto forzado de mujeres combatientes y niñas reclutadas. Eran órdenes que venían desde el Secretariado Mayor. Era una política obligatoria y generalizada sobre toda la tropa”, dijo a la Agencia Anadolu Juliana Laguna, abogada de Women´s Link Worldwide y una de las litigantes del caso.

La Fiscalía colombiana ha investigado por años las denuncias de abortos forzados en la extinta guerrilla de las FARC. En diciembre de 2015, el entonces fiscal general, Eduardo Montealegre, indicó que el ente acusador tenía “elementos de juicio para demostrar que el aborto forzado era una política de las FARC”.

En ese momento, meses antes de que se firmara el Acuerdo de Paz, la Fiscalía indicó que tenía información de al menos 150 abortos ilegales “instigados” por el grupo armado, pero el número de casos podría ser mucho mayor. El Ministerio Público estimaba que en las FARC se realizaban hasta mil abortos por año, una cifra que, según Laguna, aún representa un subregistro. Ahora el tema está siendo tratado por la Jurisdicción Especial de Paz (JEP), el tribunal transicional creado por el Acuerdo de La Habana de 2016.

El caso de Helena, en conocimiento de la JEP, se convirtió en emblemático en materia de violación a los derechos reproductivos en Colombia. En diciembre de 2019, por primera vez en la historia, la Corte Constitucional decidió que el uso forzado de anticonceptivos y el aborto forzado son graves violaciones a los derechos humanos y a los estándares internacionales.

El alto tribunal ordenó a la Unidad de Víctimas reparar a Helena, es decir, garantizarle el acceso a todas las medidas que contempla la Ley de Víctimas, algo que se le había negado antes porque no se había desmovilizado siendo menor de edad y porque no existe una categoría específica para víctimas de violencia reproductiva.

“En ese litigio, la Corte Constitucional consideró que la violencia que sufrió Helena constituía una forma de violencia sexual, porque eso es lo que los estándares nos ofrecen, pero nosotras queremos ir más allá y creemos que los mecanismos de justicia transicional están en todas las capacidades de dar ese paso”, dice Laguna.

La violencia basada en género en la justicia transicional

El paso al que se refiere la abogada es el de diferenciar, por primera vez en una justicia transicional, el dolor que viven y las reparaciones específicas que necesitan las víctimas de violencia hacia sus derechos reproductivos. Ese es el principal objetivo de entregarle el informe a la Comisión de la Verdad.

La entidad estatal creada por el Acuerdo de Paz tiene el mandato de esclarecer, de forma no judicial, los hechos que han ocurrido en el marco del conflicto armado y que han sido poco estudiados. Es una entidad complementaria a la JEP, para satisfacer el derecho de las víctimas a la verdad, la reparación y la no repetición. “Para nosotras es una oportunidad que la Comisión investigue a profundidad la forma en que ocurrieron las violaciones a los derechos reproductivos de las mujeres y las niñas”, explicó Laguna.

Las abogadas esperan que en el informe que entregará la Comisión al final de su mandato se aborde la violencia reproductiva como una categoría independiente de análisis y se hable, por fin, de todo el dolor y las heridas tan específicas que deja.

Históricamente, en diferentes esfuerzos transicionales del mundo se han abordado las violencias que sufren las mujeres de manera muy marginal o se han enfocado solo en la violencia sexual. “Es cierto que la violencia sexual ha sido usada como un arma de guerra en los cuerpos de las mujeres y las niñas en diferentes contextos de conflicto armado, pero esta (la violación de derechos reproductivos) es una violencia que tiene unas repercusiones y unos impactos específicos. Requiere reparaciones particulares”, dice Laguna.

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La abogada explica que la Corte Penal Internacional (CPI) contempla el embarazo forzado, la esterilización forzada y otros abusos sexuales como crímenes de lesa humanidad, pero aún no hay mucho desarrollo jurisprudencial específico sobre este tipo de violencia a nivel internacional.

Las más de 300.000 esterilizaciones forzadas en Perú, en tiempos de Alberto Fujimori; los embarazos forzados a mujeres musulmanas durante la guerra en la antigua Yugoslavia, y los matrimonios forzados que oficiaban los combatientes del Daesh con mujeres yazidíes en cautiverio, son solo algunos ejemplos de cómo esta violencia basada en género ha dejado una profunda marca en las vidas de miles de mujeres a lo largo de la historia. Ahora Colombia tiene la oportunidad de tratar el tema a profundidad y volverse un referente mundial.

*Helena es el nombre que adoptó la víctima en el informe elaborado por Women´s Link Worldwide para proteger su identidad.