El Parlamento Europeo aprobó este miércoles el reglamento del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (RFF), por el cual se establecen los términos y condiciones para acceder a los 672.500 millones de euros (USD 815.537 millones) que se repartirán a modo de transferencias y préstamos entre los Estados miembros de la Unión Europea (UE) para mitigar los efectos del coronavirus (COVID-19).

Las reglas del programa del fondo europeo de recuperación recibieron 582 votos a favor, 40 en contra y 69 abstenciones en el pleno del Parlamento. Falta la aprobación formal por parte del Consejo de la UE y la publicación en el Diario Oficial de la UE, a mediados de febrero.

En cuanto finalice el trámite legislativo los miembros de la comunidad política podrán enviar a la Comisión Europea sus planes con las reformas e inversiones que se pretende financiar con estas ayudas.

El vicepresidente económico del Ejecutivo comunitario, Valdis Dombrovskis, informó el pasado martes que en Bruselas se trabaja desde hace meses con las capitales para diseñar estas estrategias, pero aún queda mucho trabajo por delante. Detalló que 18 países tienen borradores avanzados.

Según Dombrovskis estos planes deben tener un equilibrio adecuado entre reformas e inversiones. El RRF financiará medidas puestas en marcha desde febrero de 2020 y hasta agosto de 2026.

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El RRF ha planteado seis ejes para la inversión de fondos, entre los que el apoyo a las transiciones ecológica y digital son los mejor ponderados (en términos presupuestarios). Las estrategias nacionales tienen la obligación de destinar un 37% y un 20% de las ayudas a estos dos objetivos, respectivamente. También deberán apoyar la cohesión social y territorial, mejorar el funcionamiento institucional e impulsar el crecimiento económico.

La UE tendrá un plazo de dos meses para examinar los planes remitidos por cada Gobierno y evaluar su nivel de cumplimiento respecto a los objetivos establecidos.

Para acceder a los recursos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia también es necesario que los planes nacionales incluyan todas o un conjunto significativo de las recomendaciones económicas que la Comisión Europea ha hecho en sus evaluaciones macroeconómicas anuales con relación a cada país.