Por: Susana Noguera Montoya

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) de Colombia escucha las versiones de 15 excombatientes que ostentaron puestos de mando en la otrora guerrilla de las FARC-EP sobre el reclutamiento forzado de niños y niñas, una violación sistemática, masiva y dolorosa que ha vivido la niñez colombiana.

Las sesiones, que durarán hasta la segunda semana de septiembre, se realizan a puerta cerrada y, además de los comparecientes y los magistrados, solo las víctimas que están acreditadas ante la justicia transicional podrán escuchar lo que suceda en las versiones.

Mientras el tribunal especial busca adentrarse en las causas del doloroso crimen, la utilización de menores de edad por parte de grupos armados en Colombia va en ascenso. “Hemos registrado un aumento del reclutamiento forzado desde el segundo semestre de 2017. La reconfiguración de los actores armados que quedaron en los territorios (después del Acuerdo de Paz) ha hecho que aumente el fenómeno”, explica Julia Castellanos, coordinadora del observatorio de niñez y conflicto armado de la Coalición contra la vinculación de niñas, niños y jóvenes al conflicto armado en Colombia (Coalico).

En el primer semestre de 2020 la Coalición registró al menos 40 eventos de vinculación y reclutamiento en los que se vieron afectados al menos 190 niños y niñas.

Las cifras, advierte la organización, son apenas un vislumbre de la realidad. “Sabemos que el subregistro es muy alto, más en una coyuntura como esta en la que es tan difícil registrar los hechos”, dice Hilda Molano, coordinadora de la secretaría técnica de la Coalico. La pandemia del coronavirus y el aumento de la violencia en diversas zonas rurales hace difícil tener registros claros.

Ahora las diferentes organizaciones defensoras de los derechos de los niños, así como la misma JEP, deben avanzar en el caso y desentrañar las causas históricas del reclutamiento infantil mientras el país vive un aumento de la violencia y, con él, más victimizaciones hacia niños y niñas.

*Ver también: Los dos crímenes históricos del conflicto colombiano que siguen siendo un desafío, según ONG.

Las causas históricas del reclutamiento infantil

A comienzos de la década de los 90 el reclutamiento forzado de menores empieza a ser una conducta que tiene una connotación de delito en Colombia, cuenta Molano. Solo hasta el año 2000 la práctica fue incorporada en el Código Penal del país, que para entonces ya llevaba décadas en un conflicto armado que había normalizado la participación de los menores de edad en grupos armados.

A pesar de que la justicia creó el delito del reclutamiento infantil, algo que los expertos llaman “tipificar”, Molano explica que pocos fueron los avances de la justicia ordinaria para identificar los casos, y mucho menos para resolverlos.

En 2011 las autoridades colombianas reportaron al secretario general de la ONU apenas 288 casos y con unas cifras con las que era imposible entender la magnitud del problema. “En los reportes del Consejo Superior de la Judicatura no aparece claramente en qué nivel van las investigaciones o las condenas que se dieron en cada caso”, dice Molano.

Por eso, para entender la dimensión del dolor del reclutamiento forzado en Colombia, hay que adentrarse en todas las causas que, a lo largo de más de seis décadas, han llevado a tantos niños y niñas a participar en la guerra.

“Históricamente para las comunidades (el reclutamiento) no era necesariamente un delito contra sus hijos e hijas. Muchas veces la pertenencia a un grupo armado ilegal era la única opción que las familias tenían para supervivencia de los hijos”, cuenta Molano.

Lo que ha encontrado la Coalico es que hay niños que han sido reclutados por la fuerza, otros que se fueron porque creían estar convencidos de la ideología del grupo armado o porque pensaban que su pertenencia a él los podría proteger.

Sin embargo, en todos los casos, “que los niños y las niñas lleguen a la guerra no es una decisión que dependa de ellos”, dice Molano. Detrás de cada historia de reclutamiento hubo toda una serie de situaciones y unos actores que pudieron evitarlo, que tenían la responsabilidad de impedirlo y que fallaron.

Como telón de fondo del fenómeno del reclutamiento hay familias expulsoras, escuelas que no retienen a los estudiantes en el sistema educativo y comunidades que no tienen los medios para ofrecer ninguna alternativa después del colegio para que las nuevas generaciones tengan la posibilidad de ascenso social y reconocimiento. Detrás de cada reclutamiento hay una sociedad que no suple las necesidades básicas de los niños, niñas y adolescentes.

Otra causa histórica del reclutamiento infantil ha sido la falta de una división clara entre los combatientes y la población civil. Julia Castellanos explica que iniciativas como las acciones cívico-militares del Ejército rompen el principio de distinción establecido por el Derecho Internacional Humanitario y hacen que los menores de edad sean aún más vulnerables ante la violencia.

“El simple hecho de que un circo de payasos del Ejército llegue a una comunidad puede ponerla en riesgo”, explica Castellanos. 

Las ofertas de actores armados legales, como el Ejército, llegan a zonas rurales dispersas y complejas en donde la presencia de los actores armados ilegales es permanente. La situación es aún más grave cuando la fuerza pública usa a los niños como informantes, para “hacer mandados” o colaborar de cualquier otra manera con ellos.

El Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) considera que hay al menos cinco conflictos armados internos en Colombia. Cuatro son entre el Gobierno del país y el Ejército de Liberación Nacional (ELN), el Ejército Popular de Liberación (EPL), las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) y las antiguas estructuras del Bloque Oriental de las FARC-EP que no se acogieron al proceso de paz. El quinto es entre las guerrillas del ELN y el EPL, cuyo epicentro es la región del Catatumbo, en la frontera colombo-venezolana.

En un escenario con tantos actores armados la vulnerabilidad de los niños y las niñas es extrema. Una de las formas de reclutamiento que la Coalico ha registrado es cuando el niño es cooptado por un actor armado, utiliza camuflado, tiene un arma, participa en acciones de combate y tiene unas directrices puntuales para ascender en una jerarquía de mando. 

Pero hay otras menos obvias. En algunos casos los niños y niñas sufren acciones de uso que están asociadas a tareas como ser informantes, entregar drogas, traficar armas y vincular a otros niños.

“En los últimos cuatro años hemos identificado unas dinámicas de reclutamiento que no son tan perceptibles. Estas prácticas se realizan en escenarios más urbanos, sobre todo por grupos posdesmovilización paramilitar”, explica Castellanos. En esos casos, el niño o la niña es cooptado por el grupo armado, pero permanece en su casa, va a la escuela y está en su comunidad. A pesar de que parece seguir con su rutina cotidiana, el control de su vida es del actor armado.

“Dentro del grupo, el menor de edad asciende en una jerarquía, tiene unas tareas específicas y le permite al actor armado controlar otros espacios que antes no estaban tan controlados como el familiar y privado, el espacio escolar y el comunitario, es decir, la calle, la cuadra y el barrio”, explica la experta.

La compleja situación de los niños en la guerra

Cuando hablamos del delito del reclutamiento, dice Hilda Molano, muchas veces nos encontramos con víctimas de un delito que al mismo tiempo son victimarios en otros casos.

“Hay que comprender que, aunque ellos hayan sido parte de una estructura (armada), el hecho de que ellos hayan sido involucrados siendo menores de 18 años requiere un tratamiento especial”, añade la experta. Es decir, en el fondo hay que admitir que alguien, una sociedad, falló para que ellos terminaran en la guerra.

Ninguna circunstancia puede hacer que el reclutamiento o utilización de un menor de edad por parte de un grupo armado sea considerada “voluntaria”, afirma Molano. Ningún contexto, histórico o social, disminuye la responsabilidad del actor armado o la del Estado, que ha omitido su responsabilidad de prevenir la situación.

Cuando se habla de reclutamiento “forzado”, dice Molano, no quiere decir que todos los niños se los hayan llevado secuestrados, amarrados o amenazados con armas. Lo que lo hace “forzado” son todas esas condiciones que han llevado a que los niños y las niñas encuentren en el conflicto una alternativa. Aun si un niño o niña se une a un grupo armado diciendo que está convencido, “eso no lo hace voluntario”, explica Hilda.

La experta hace la aclaración porque en Colombia hay casos de niños que creían estar muy persuadidos por la ideología del grupo en el que estaban, pero “el hecho de que el niño no se reconozca como víctima no lo hace menos víctima”.

Ver también: El testimonio de un aborto forzado en las FARC llega a la Comisión de la Verdad en Colombia.

La apuesta por la justicia transicional

El 6 de marzo de 2019 la JEP abrió el Caso 007, que abarcará hechos de reclutamiento y utilización de niños y niñas en el conflicto armado ocurridos entre el 1 de enero de 1971 y el 1 de diciembre de 2016.

Diversas organizaciones protectoras de derechos humanos volcaron sobre el Sistema integral de verdad justicia reparación y no repetición (SIVJRNR) años de investigaciones e informes sobre lo sucedido en los años de violencia. 

Entre estos grupos está la Coalico. “Estamos aquí, apostándole a la JEP, pensando que no fue la justicia ordinaria la que permitió llegar a los responsables de crímenes de reclutamiento. No fue a través de la justicia ordinaria que se mandó un mensaje claro de que esto no debería pasar”, dice Molano.

La experta enfatiza que Colombia está ante violaciones sistemáticas, masivas y muy complejas en escenarios donde la justicia no funciona en el caso a caso. Por eso la apuesta por los escenarios transicionales.

“Queremos encontrar dentro de la justicia lo que es sancionable. No podemos simplemente pasar la página y decir: perdonamos y aquí no ha pasado nada, sino que reconocer que hubo cosas, como el reclutamiento y la utilización de niños y niñas, que no debieron pasar y que aquí hay una responsabilidad”, enfatiza Molano.

Para la Coalico, una de las características clave del SIVJRNR es que está integrado por diferentes entidades con trabajos que se complementan. La Comisión de la Verdad, para saber qué pasó con los niños y niñas en el conflicto armado; la JEP, para encontrar qué hechos son sancionables y hacer justicia; y la Comisión de Búsqueda de personas desaparecidas, para encontrar a los niños y niñas que se fueron a la guerra y no volvieron.

“El sueño es que dejemos de registrar niños reclutados, niñas que han sido víctimas de abuso sexual. Que dejemos de encontrar niños y niñas que no pueden ir a la escuela por razones del conflicto”, concluye Molano.