Por: Andreína Itriago
En zonas del municipio Baruta, uno de los cinco que conforman la capital venezolana, se va la luz al menos una vez por semana, durante varias horas. En simultáneo, los habitantes de este municipio deben administrar el agua que almacenan en tanques bajo los edificios o sobre las casas con un criterio de escasez. El agua solo llega por tuberías una vez por semana, en el mejor de los casos. Hay sectores que tienen más de dos meses sin recibirla.
No siempre ha sido así. “Yo he visto el tema mucho más complicado en los últimos tres a cuatro meses”, asegura a la Agencia Anadolu el director de la Alcaldía de Baruta, Luis Aguilar, quien ha servido de enlace entre los vecinos, que le mandan reportes de fallas a través de 140 chats de WhatsaApp, y las autoridades responsables en cada caso: la Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec) e Hidrocapital.
El último periodo que Aguilar ha percibido como más crítico coincide precisamente con la cuarentena por la COVID-19, justo un periodo donde al estar en sus casas la gente necesita más de estos servicios. Por el contrario, durante el aislamiento se hicieron evidentes en Caracas fallas que el interior del país arrastraba desde mucho antes, no solo en la prestación de estos servicios, sino también en el suministro de gasolina.
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En las regiones, de hecho, se registran apagones que, en algunas zonas, han superado las 24 horas. Lo que se vive ahora en Caracas no se compara con lo que se vive en los demás estados, especialmente los del occidente del país. Pero podría ser el preludio de algo mayor.
“Estos apagones en ciudades como Caracas parecen acrobacias para disuadir un apagón nacional. Se racionan sub-sistemas eléctricos de la capital porque no hay oferta eléctrica suficiente”, le dijo a la Agencia Anadolu el exviceministro de Energía y Minas de los primeros años del chavismo, Víctor Poleo.
Las cosas, efectivamente, parecen estar empeorando. El denominado Comité de Afectados por los Apagones registró 10.356 reportes por fallas de electricidad, en todo el país, durante mayo. Estos son 3.000 más de los que registró en marzo, cuando comenzó la cuarentena.
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El descontento es evidente y proporcional a las fallas. En mayo, el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS) documentó 1.047 protestas relacionadas con el colapso de los servicios básicos, la mitad de ellas por fallas eléctricas y la otra mitad por fallas en el suministro de agua y gas doméstico, otro de los dolores de cabeza de los venezolanos. En cualquier caso, la cifra total duplica los reclamos que se registraron por fallas en los tres servicios durante todo el mes de abril.
“La realidad del Sistema Eléctrico Nacional es precaria, endeble”, asegura Poleo, quien sustenta su afirmación en cifras: el tamaño de la oferta eléctrica ha disminuido a un 40% de lo que era a comienzos de siglo: 50 teravatioshora por año, en 2020; versus 120 teravatioshora por año, en el 2000.
“Aun así, con mercados eléctricos erosionados y bajísima demanda, apenas residencial, ocurren apagones”, lamenta este exviceministro venezolano.
La infraestructura existe, y, a juicio de otros especialistas, como el expresidente de Hidrocapital, José María de Viana, es de buenas dimensiones y buena calidad.
“Tenemos problemas muy serios de electricidad, pero la capacidad instalada de producción de energía eléctrica en el país es de 35.000 megavatios, y estamos consumiendo entre 10.000 y 12.000”, acota el ingeniero De Viana en conversación con Anadolu.
Algo similar sucede con el agua. Los embalses tienen agua, pero, según cifras de De Viana, la capital venezolana solo recibe 12 mil litros por segundo, cuando hace 20 años, a inicios de la era chavista, la ciudad recibía 20.000 litros por segundo con los mismos sistemas.
“Hay un proceso de deterioro y simplemente los sistemas de los servicios públicos de agua potable y energía eléctrica son sistemas que requieren un proceso continuo de reparaciones, de mantenimiento y de renovación tecnológica, y desde hace años esas prácticas se abandonaron”, concluye De Viana.
Así, los sistemas Tuy I y Tuy II, que abastecen a Caracas de agua, tienen 75% y 50% de sus líneas, respectivamente, fuera de servicio.
“Aun cuando haya electricidad, ellos (los sistemas de agua) no tienen habilitado el 100% de la capacidad de envío a la ciudad”, lamenta el expresidente de Hidrocapital.
Los ciudadanos con mayores posibilidades han instalado tanques de agua y plantas eléctricas, mientras la inmensa mayoría improvisa con velas y busca el vital líquido donde sea.
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“La gente está por medios propios solventando la situación en unos números muy representativos. Unos 9 millones de habitantes (de 30 millones que tiene el país) no recibe agua de tuberías y la buscan en otros sitios: cercanos, lejanos, con familiares. Podríamos considerarlo como una situación de calamidad, más en el entorno de la pandemia”, aseguró el ingeniero Norberto Bausson, exvicepresidente de Hidrocapital, en un foro virtual del Observatorio Venezolano de los Servicios Públicos celebrado en la mañana del 18 de junio.
El problema, sin embargo, tiene solución. Para el ingeniero De Viana, en el caso del agua consiste en incrementar el envío a la ciudad desde los sistemas ya construidos.
“No estamos hablando de construir nada nuevo, sino que los sistemas que ya están construidos ponerlos a funcionar a plena capacidad”, acota. No obstante, esto también requeriría una importante inversión, para la que haría falta apoyo internacional.
“(Ahora) no hay voluntad de corregirlo, porque seguimos haciendo lo mismo que nos ha traído hasta aquí. El día que el país decida cambiar, puede reconstruir sus servicios públicos en un tiempo tan corto como, la mayor parte de ellos, en tres años”, asegura De Viana.
Para el ingeniero Bausson, el cambio pasa por colocar al frente de las instituciones personal preparado, con capacidad de planificación y que además forme, instruya y mantenga a un equipo capacitado: “Esto, cuando se logre, va a impactar en toda la estructura física de esos servicios y eso al final va a cambiar la calidad del servicio público correspondiente”.
