Por: Juan Felipe Vélez Rojas

Tal y como lo dijo Joseph Stiglitz, Premio Nobel de Economía, ni las enfermedades ni los problemas medioambientales respetan las fronteras. Este tipo de crisis recuerdan la importancia del Estado y de la sociedad civil.

“Para controlar la difusión de una enfermedad no acudimos al sector privado. Pedimos ayuda a las instituciones como: los Centros de Prevención de Enfermedades, la Organización Mundial de la Salud (OMS) y Médicos sin fronteras, entre otros”, indicó Stiglitz en su libro ‘La Gran Brecha’.

Stiglitz, uno de los principales economistas del mundo, resalta que incluso los fanáticos de extrema derecha, obsesionados con desmantelar las instituciones públicas, recurren a ellas ante una crisis como la causada por una enfermedad.

Y no es para menos. Según datos de la Universidad Johns Hopkin de EEUU, la enfermedad COVID-19 ha dejado más de 2,6 millones de infectados en todo el mundo y cerca de 200 mil muertos desde que se descubrió en la ciudad china de Wuhan, a finales del año pasado.

La situación no difiere mucho de la que atraviesa Colombia, donde las Entidades Prestadoras de Salud (EPS) y los Institutos Prestadores de Salud (IPS) son mayoritariamente privados, y que en la actualidad se enfrentan a los estragos de la pandemia, que ha dejado hasta el momento más de 4.000 infectados y cerca de 200 muertos en el país.

Aunque es verdad que ninguno de los sistemas de salud del mundo estaba preparado para este tipo de emergencia, sí se ha demostrado que las respuestas de algunos Estados y sistemas de salud han sido mejores y más contundentes para frenar la propagación del coronavirus.

En el caso colombiano, el país tiene un sistema de salud mixto y descentralizado formado por dos regímenes que coexisten: el contributivo (privado), es decir, salud privada; y el subsidiado (público), que corresponde a aquel que es gratuito.

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Ante la emergencia generada por la enfermedad COVID-19, se han hecho más fuertes las voces de diferentes sectores que han criticado el “abandono” por parte del Gobierno a las instituciones públicas de salud, debido al bajo presupuesto otorgado y la alta privatización del sector, donde termina gran parte del dinero entregado por el Estado.

Uno de ellos ha sido el senador por el Polo Democrático Iván Cepeda, quien ha reiterado en varias ocasiones que el país debe reformar el sistema de salud, creado por la Ley 100 de 1993, ya que no brinda cobertura a toda la población colombiana, no ofrece a las personas el acceso para una salud preventiva, es incapaz de atender este tipo de emergencia y es la causa de que el personal de salud no tenga condiciones laborales ni de seguridad mínimas.

Las críticas han sido compartidas por varios senadores del Polo y de la Alianza Verde, del que hace parte el senador Juan Luis Castro, quien por medio de sus redes sociales le ha pedido al gobierno del presidente Iván Duque fortalecer el sistema de salud, entregar los equipos de protección a los médicos que atienden la crisis y mejorar sus salarios.

¿Sistema privado o sistema público?

Para Johnattan García, experto en salud pública y profesor de cátedra de la Facultad de Derecho de la Universidad de los Andes, las entidades de salud pública históricamente han tenido muy poco apoyo presupuestal. “En ese sentido la salud pública está bastante debilitada”.

“Otra área que está debilitada es el acceso a los servicios básicos, que si bien no hace parte de la rectoría del sistema de salud tiene que ver mucho con la salud pública en Colombia. En el país hay casi dos millones de personas que aún no tienen acueducto. El área del sistema de salud pública no ha sido muy apoyada y trabaja con las uñas. Entonces eso hace que cuando la necesitemos más, sea bastante difícil lograr que cumpla las expectativas que esperamos”, resalta el experto, quien también es investigador del Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad, Dejusticia.

García señala que si se mira desde el espectro nacional, hay un retraso en las políticas sociales que permitirían mejores condiciones para afrontar la pandemia.

“Tenemos un país terriblemente inequitativo y eso hace que sea difícil mitigar la pandemia o controlar, por ejemplo, que las personas no salgan de su casa. Se necesitan condiciones dignas de vivienda e ingresos aceptables que les permitan acatar esas medidas de salud pública”, explica.

A nivel departamental y municipal hay problemas tanto de recursos como de capacidades. La falta de recursos en la salud pública, que siempre ha recibido un porcentaje muy pequeño, a su vez afecta a los departamentos y esto les impide tener la capacidad idónea tanto en instalaciones como en personal y en la misma formación del personal, explica García.

Sin embargo, para el experto el éxito en la respuesta frente a la pandemia no radica en si el sistema de salud es privado o público, sino en la coordinación por parte del Estado. Para ello menciona como el ejemplo a EEUU, donde el sistema es en su mayoría privado, y el de Italia, con un sistema muy nacional, pero en ambos casos se han enfrentado a situaciones muy complejas, con un alto índice de muertes y contagiados por COVID-19.

Otra es la opinión de Francisco Castellanos, director de la Organización Defensa del Paciente. Para él, cuando la salud está privatizada se convierte en una unidad de negocio. En ese sentido resalta la necesidad de que el gobierno cuide al personal de salud no solo con los elementos de protección necesarios sino con salarios más dignos.

Para el experto, sería ideal unir en estos momentos a los sistemas (privado y público) para atender la actual emergencia y así tener un liderazgo verdaderamente público.

Esto en referencia al caso de España, que a mediados de marzo nacionalizó los hospitales privados para atender la crisis de salud generada por la enfermedad COVID-19.

Una medida similar fue adoptada en México, donde los hospitales privados se adhirieron al convenio ‘Un solo Sistema Nacional de Salud’, con el cual se prestarán servicios médicos para los beneficiarios del sistema de salud pública.

Esta medida permitirá concentrar los esfuerzos del sistema público en la atención de la crisis, mientras los hospitales privados dejaron a un lado los beneficios económicos para ofrecer sus instalaciones a unos costos mínimos.

“En el entendido de que el garante de la salud es el Estado, sí sería necesario implementar medidas de este tipo, medidas que busquen la protección de la salud pública y no que busquen beneficiar intereses económicos de particulares”, señala Castellanos.

Para Castellano, la principal desventaja del sistema privado en Colombia es que este no tiene presencia nacional. Este se centra “en las ciudades donde hay rentabilidad, pero no tiene presencia donde está la población más vulnerada del territorio colombiano, dejando esta tarea a los hospitales públicos”.

El experto criticó la decisión del gobierno de entregar de forma anticipada a las entidades promotoras de salud el dinero de la Unidad de Pago por Capitación (UPC) para atender la pandemia.

“El dinero debería estar en una bolsa común y ser manejada desde el Ministerio de Salud, desde lo público, para atender las necesidades en materia financiera y en los servicios de salud donde sean requeridos desde una sola bolsa”, explica Castellanos.

Ambos expertos coinciden en que un sistema de salud no se construye de la noche a la mañana y en que se debe invertir más en él.

Castellanos considera que la actual situación debe ser aprovechada para reformar el sistema de salud, replantear la forma de contratar al personal y ofrecer más garantías laborales para los médicos.

“Se invierte más presupuesto del país en armamento y en la guerra que en hospitales públicos. Los colombianos más vulnerables siguen siendo los abandonados en asistencia de salud y en la prestación de los servicios”, enfatiza Castellanos.