Por: Álvaro Suzzarini Fernández
La vida en la capital venezolana, al igual que en la mayoría de sus pares latinoamericanas, está determinada por la violencia criminal.
Sin embargo, esta realidad en Venezuela es excepcional: la República Bolivariana tiene la segunda tasa más alta de homicidios por cada 100.000 habitantes de Latinoamérica y el Caribe (45,6), solo por detrás de Jamaica (46,5). Esta tasa es poco menos del doble de la que tienen Colombia (24,3) y México (27) y duplica a la de Brasil (19,3) o El Salvador (19,7).
Según la Organización de Naciones Unidas, una tasa de homicidio arriba de 10 por cada 100.000 es considerada una “epidemia de violencia”.
27.07.2021
Cota 905 y Petare, los barrios en disputa entre el Gobierno venezolano y las megabandas criminales
La tasa de homicidios en Venezuela puede considerarse epidémica, pero en los últimos tres años se ha reducido a casi a la mitad. La “mano dura” o “mano derecha” del Estado, que impuso restricciones de movilidad en el marco de la pandemia de COVID-19, así como el aumento de la violencia estatal contra el crimen, han incidido en esta reducción.
Estas formaciones criminales venían acaparando la atención de los venezolanos por hacer inaccesibles las aéreas que usan como base para sus actividades delictivas, pero la implementación de “políticas de mano dura” ha desencadenado el “cambio de la naturaleza de las bandas”, que explican la mejora en el índice de homicidios, pero que también hacen más complejas sus estructuras.
Para el especialista en criminología Andrés Antillano, las bandas caraqueñas habrían pasado de ejercer violencia con un carácter expresivo, es decir, movidos por demostrar fuerza ante rivales vecinos o ante la Policía, a operar con una lógica empresarial, donde las acciones violentas estarían enfocadas en producir rentas.
Desde el periodo 2015-2016, Venezuela abandonó la política de las “zonas de paz”, en donde se llegaba a “acuerdos tácitos” con las organizaciones criminales y que en su momento implicó la disminución de las irrupciones represivas del Estado en las zonas de influencia de los delincuentes a cambio de que disminuyeran los delitos violentos. Ahora la estrategia es otra: las llamadas Operaciones de Liberación del Pueblo (OLP).
Las OLP recibieron numerosos cuestionamientos porque se incrementaron los casos de muertes a manos de las fuerzas de seguridad del Estado, que fueron contabilizadas como "resistencia a la autoridad''. Así lo registró el Informe de la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet.
En 2016, la tasa de homicidios en Venezuela se ubicó en 70 por cada 100.000 habitantes, la más alta en su historia.
Buena parte de las personas asesinadas ese año fueron ejecutadas por el Estado, según cifras citadas por los investigadores Keymer Avila o Veronica Zubillaga.
Para hacerse una idea de este porcentaje, durante 2016 murieron en Brasil 4.222 personas por la intervención de la fuerza pública, lo que representa un 7,8% del total de sus homicidios, mientras que en Venezuela por la misma causa murieron 4.667 personas, lo que representa el 21% de los homicidios totales, pese a que Brasil tiene alrededor de siete veces más población.
La Cota 905 y Petare
A mediados de 2015, en La Cota 905, un barrio del suroeste caraqueño, se inició el viraje de la política de seguridad del Estado venezolano con un operativo policial en el que el despliegue de las fuerzas de seguridad dejó 14 personas muertas y más de 200 detenidas.
Precisamente en la Cota 905 es donde estaba la base de operaciones de "El Koki", "El Vampi", "El Garvis", “Mayeyas” y "El Loco Leo", bandas que controlan los barrios marginales de la región suroeste de Caracas, entre los cuales están El Valle, La Vega y El Cementerio, y donde además de operar con el narcotráfico, realizaban extorsiones y secuestros.
Estas “megabandas” habían impedido el acceso de los cuerpos de seguridad a la zonas bajo su control, hasta el pasado 8 de julio, cuando el Estado venezolano dio inicio a la “Operación Gran Cacique Indio Guaicaipuro” para tomarse la Cota 905 en una primera etapa y luego tomarse Petare, al este de Caracas, en una segunda etapa, este 17 de julio.
Ver también: Despliegan fuerzas de seguridad en Caracas ante enfrentamientos con bandas criminales
En Petare se desplegaron 2.200 funcionarios. Según el viceministro de Seguridad Ciudadana, Ender Palencia, se arrestaron 33 personas, de las cuales 21 ya eran solicitadas por distintos delitos. Seis más fueron arrestadas en flagrancia y seis son ciudadanos colombianos en situación irregular.
Petare es uno de los barrios marginales más grandes de Latinoamérica y a mediados del año pasado ya había sido noticia por las balaceras producto de las disputas por el control de sus territorios.
El Estado venezolano trató de hacer presencia en el sector en distintas ocasiones. Durante 2020 se intentó la captura de Wilexis Acevedo, jefe de la banda que opera en ese sector.
Por otra parte, en la primera etapa de la operación desplegada sobre los barrios del suroeste, al menos 33 personas fueron detenidas, incluyendo tres presuntos paramilitares colombianos. Más de veinte personas fallecieron en el marco del combate entre cuerpos de seguridad y criminales, entre ellas cuatro oficiales de policía, según cifras ofrecidas por las autoridades.
Cuando los efectivos entraron a los territorios controlados por estas bandas encontraron que los delincuentes habían abierto cerca de 20 km de trincheras y construido garitas entre la zona montañosa del barrio. Según testimonios de los detenidos, los paramilitares colombianos habrían sido los mentores de la construcción de esta estructura de vigilancia de la banda.
Además, en el operativo fueron incautados 20 kg de pasta para producir cocaína, municiones, fusiles, lanzacohetes y armas de fabricación estadounidense, de acuerdo con el informe oficial.
“Un arsenal de guerra”
“Un arsenal de guerra”. Así calificó el presidente venezolano, Nicolás Maduro, el material incautado a los delincuentes. Para Maduro, existe una conexión entre las “megabandas” caraqueñas y planes desestabilizadores de la oposición radical venezolana.
El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, divulgó el pasado martes 13 una serie de presuntos mensajes intercambiados entre Leopoldo López, líder de la facción opositora respaldada por Estados Unidos, y dirigentes del partido Voluntad Popular (VP), que exponen una supuesta coordinación entre miembros de esta tolda política y miembros de las estructuras criminales del sureste caraqueño para generar una desestabilización.
Voluntad Popular es el partido que ha liderado a la oposición venezolana durante los últimos cinco años. Sus dirigentes protagonizaron un fallido golpe de Estado en abril de 2019, así como las violentas protestas callejeras del 2017.
La Policía Nacional Bolivariana (PNB) también liberó a tres personas en La Cota 905 que estaban bajo secuestro de la “banda del Koki”, entre ellas un religioso que en su testimonio afirmó escuchar a los criminales contestar llamadas de "Leopoldo, Enrique y Humberto". El Gobierno bolivariano denuncia que esta sería otra evidencia de la relación entre la oposición venezolana y los grupos delictivos.
Las acusaciones de Jorge Rodríguez se produjeron horas después de que la Fuerza de Acciones Especiales (FAES) de la PNB capturara a Freddy Guevara, uno de los dirigentes de VP supuestamente implicado en la coordinación con las “megabandas” para desestabilizar la administración de Maduro.
López, así como el líder opositor Juan Guaidó, calificaron el caso contra Guevara de “montaje del Gobierno” y de “excusa” para no empezar las negociaciones en la mesa de diálogo por el “Acuerdo de Salvación Nacional”.
Guevara recibió un indulto presidencial el pasado 31 de agosto, tras ser acusado de instigar a la violencia en las protestas antigubernamentales que se registraron en el 2017. Ese mismo año Rodríguez, para entonces ministro de Comunicación, había vinculado a Voluntad Popular con el financiamiento de la “banda del Mayeyas” para generar violencia callejera.
En días recientes los cuerpos de seguridad han conseguido la captura de varios integrantes de estas “megabandas”, pero sus cabecillas aún siguen siendo buscados.
Distintos voceros del Gobierno se han pronunciado y han asegurado que para que el operativo de seguridad sea integral, en estos barrios excluidos de Caracas se implementarán las políticas sociales del Estado venezolano.
En la Cota 905 el grupo del Koki utilizaba una base de misiones (sede de programas sociales) como su cuartel general y un preescolar público servía de gimnasio para sus miembros.
En 2016 el actual canciller venezolano y para entonces vicepresidente para el desarrollo social y revolución de las misiones, Jorge Arreaza, inauguró esa Base de Misiones. El acto fue transmitido por Venezolana de Televisión (la televisora estatal), donde el funcionario recordó -media década atrás- que la atención es un compromiso adquirido con esta comunidad porque “en Revolución hacemos las cosas con el pueblo o no las hacemos”.
