Selman Aksünger
12 Junio 2020•Actualizar: 12 Junio 2020
La Corte Penal Internacional (CPI), con sede en La Haya, rechazó este viernes las sanciones económicas y restricciones de visado contra sus funcionarios por parte de Estados Unidos.
En un comunicado escrito, la CPI dijo estar profundamente decepcionada con la decisión de las autoridades estadounidenses. Además, aseguró que continuará apoyando a su personal y cumplirá sus deberes de manera imparcial e independiente.
Este jueves, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, firmó un decreto para implementar sanciones contra el personal involucrado en las investigaciones de la CPI contra militares y funcionarios estadounidenses, al acusar a esta estructura internacional de realizar investigaciones sesgadas y con fines políticos, además de ser corrupta.
"Este es el último de una serie de ataques sin precedentes contra la CPI, un poder judicial internacional e independiente, así como contra el sistema internacional de justicia penal", cita la declaración.
Por su parte, el presidente de la Asamblea de la CPI, O-Gon Kwon, emitió un comunicado de prensa en el que pide a los países participantes de la corte que protejan los principios del órgano y se declaren en contra de los ataques contra la unidad de la corte penal.
Las reacciones crecen
El portavoz del secretario general de la ONU, Stephane Dujarric, dijo este jueves en una rueda de prensa que el decreto firmado por Trump es “preocupante”.
Al afirmar que seguirán la decisión de cerca, Dujarric dijo: "Nuestra posición no ha cambiado con respecto a la lucha por la justicia y contra la impunidad".
Por otro lado, el alto representante para las Relaciones Exteriores y Políticas de Seguridad de la Unión Europea (UE), Josep Borrell, declaró el mismo día en la conferencia de prensa en Bruselas que el apoyo de la UE a la CPI continúa.
"La CPI desempeña un papel clave en el establecimiento del derecho internacional y la resolución de los crímenes internacionales más severos”, señaló.
Las investigaciones
En noviembre de 2017, la fiscal general de la CIP, Fatou Bensouda, solicitó una investigación sobre los crímenes de guerra que habrían cometido durante la guerra en Afganistán soldados estadounidenses, miembros de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) y soldados afganos. La investigación también daría lugar a los crímenes de lesa humanidad que los talibanes habrían cometido durante el conflicto.
La CPI señaló que, incluso si Estados Unidos no es miembro de la corte, los soldados estadounidenses podrían ser procesados por haber cometido estos crímenes en territorio de Afganistán, miembro de la CIP.
Estados Unidos amenazó con no emitir visas al personal de la corte penal que intentara investigar las denuncias contra los soldados estadounidenses en Afganistán u otros lugares, mientras que revocó la visa estadounidense a la fiscal Bensouda.
El 12 de abril de 2019, la Sala de Primer Estancia de la corte desestimó por unanimidad la solicitud de Bensouda para una investigación, por lo que la fiscal general apeló a la Cámara de Apelaciones de la CIP.
Esta cámara aprobó el 5 de marzo la solicitud de una investigación sobre posibles crímenes de guerra cometidos durante la guerra en Afganistán.
*Aicha Sandoval Alaguna contribuyó con la redacción de esta nota.
