Corte IDH condena a Colombia por destitución, inhabilitación y sanciones contra Gustavo Petro como alcalde de Bogotá

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) condenó al Estado colombiano por la “violación de los derechos políticos y las garantías judiciales” del senador colombiano Gustavo Petro Urrego.

El órgano judicial de la Organización de los Estados Americanos (OEA) falló a favor del excandidato presidencial por su destitución como alcalde de Bogotá e inhabilitación por 15 años por parte del procurador general de la época, Alejandro Ordóñez, hoy embajador de Colombia ante la OEA, el 9 de diciembre de 2013; así como por otras sanciones impuestas por la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) y la Contraloría de Bogotá.

Ver también: El Consejo de Estado de Colombia eliminó sanción a exalcalde de Bogotá 

En un resumen oficial, el Tribunal explica que concluyó que los derechos políticos de Petro “se vieron afectados” por la decisión de Ordóñez y que “reiteró su precedente” en un caso conocido como ‘López Méndoza Vs. Venezuela’, en el que menciona el artículo 23 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, mismo que “no permite que un órgano administrativo pueda aplicar una sanción que implique una restricción a los derechos políticos de un funcionario público democráticamente electo”.

“… Si bien el Consejo de Estado declaró la nulidad de la sanción de la Procuraduría, ordenó el pago de salarios dejados de percibir, y ordenó la desanotación de las sanciones impuestas, mediante sentencia de 15 de noviembre de 2017, dicha decisión no reparó integralmente el hecho ilícito que constituyó la violación del derecho al ejercicio de una función de elección popular del señor Petro”, señala el documento.

En otro aparte, la Corte IDH indica que concluyó que el proceso disciplinario seguido contra el exalcalde “no respetó la garantía de la imparcialidad ni el principio de presunción de inocencia, pues el diseño del proceso implicó que la Sala Disciplinaria fuera la encargada de emitir el pliego de cargos y al mismo tiempo juzgar sobre la procedencia de los mismos, concentrando así las facultades investigativas, acusatorias y sancionatorias”.

“El Tribunal concluyó que en el caso existió una violación al principio de jurisdiccionalidad, puesto que la sanción contra el señor Petro fue ordenada por una autoridad de naturaleza administrativa y no por un juez competente. Por otro lado, el Tribunal no contó con elementos probatorios suficientes que acreditaran que las acciones de la Procuraduría respondieran a una motivación discriminatoria y constituyeran una desviación de poder”, agrega el texto.

Finalmente, la Corte se refirió a la supuesta violación a la integridad personal del senador colombiano e indicó que no encontró un nexo causal entre la sanción disciplinaria y las reacciones “presuntamente amenazantes” que dicha sanción pudo haber generado en redes sociales por parte de terceros. También advirtió que “no existen elementos que demuestren que las sanciones impuestas por Contraloría o la SIC hayan generado una angustia tal que constituya una violación a su derecho a la integridad personal”.

El Tribunal internacional ordenó reparar e indemnizar a Gustavo Petro por estos hechos.

En una sesión plenaria virtual del Senado, Petro celebró la decisión y afirmó que las autoridades tienen que coordinar con el Gobierno “una reforma legislativa que quite de la Legislación colombiana lo que contradice el artículo 23 de la Convención Americana y es que los funcionarios de elección popular no pueden ser destituidos por órdenes administrativas ni sus derechos vulnerados”.

Además, en un mensaje en Twitter, el senador opositor felicitó a sus abogados ante la CIDH, Carlos Rodríguez y Rafael Barrios, por haber “obtenido un triunfo contra la arbitrariedad”.

Las sanciones contra Petro Urrego fueron impuestas por supuestas irregularidades en el cambio de esquema y operador para la recolección de basuras en la capital del país.