El Gobierno colombiano aceptó la citación a una audiencia pública hecha por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), el mecanismo de justicia transicional creado tras los acuerdos de paz entre las antiguas Farc y el Estado colombiano para juzgar los crímenes más graves de la guerra, por el alto número de excombatientes asesinados.

La diligencia fue programada para el próximo 25 de noviembre y a ella fueron citados los ministros de Defensa, Carlos Holmes Trujillo; Interior, Alicia Arango; y Hacienda, Alberto Carrasquilla; el fiscal general, Francisco Barbosa; el alto comisionado para la Paz, Miguel Ceballos; y el consejero presidencial para la Estabilización, Emilio Archila.

También fueron llamados la procuradora delegada con Funciones de Seguimiento al Acuerdo de Paz, Mónica Cifuentes Osorio; el defensor delegado para la Prevención de Riesgos y Sistema de Alertas Tempranas, Ricardo Arias Matías; y el director de la Unidad Nacional de Protección, Alfonso Campos Martínez.

Y es que la situación de seguridad para los desmovilizados es altamente preocupante, pues a la fecha, 230 exintegrantes de las antiguas Farc y firmantes del Acuerdo de Paz han sido asesinados.

A pesar de la difícil relación que tiene la Casa de Nariño con el tribunal de paz, el comisionado Ceballos valoró positivamente la audiencia y confirmó que asistirá a la misma.

“Esta audiencia nacional se adelanta en la línea de la garantía de los derechos para los integrantes del partido FARC relacionados con el ejercicio de la política y de garantía a la vida. En el mejor espíritu de la colaboración armónica entre los poderes públicos, esta audiencia constituye un espacio para el fortalecimiento del derecho a la vida y del ejercicio de la política para aquellos que genuinamente están implementando y cumpliendo con el proceso de paz”, dijo.

Asimismo, notificó que el comisionado de Paz, “en su calidad de secretario técnico de la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad y la Alta Instancia para el Ejercicio de la Política, ha venido coordinando con distintas entidades de Gobierno acciones para dar cumplimiento a las órdenes emitidas por la JEP”.

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Por su parte, el consejero Archila indicó que el llamado de la JEP al Gobierno y sus entidades encargadas de la seguridad de excombatientes “es una oportunidad para evidenciar el gran esfuerzo” que hace la administración Duque por “proteger a quienes están comprometidos con la Paz con Legalidad”.

Archila también aseguró que las autoridades tienen más de 50 medidas de protección, que la UNP tiene 450 personas excombatientes bajo su protección y que en los antiguos Espacios Territoriales de Capacitación se han desplegado alrededor de 3.100 efectivos de la Fuerza Pública. Adicionalmente precisó que la Fiscalía ha emitido más de 25 sentencias condenatorias por ataques contra desmovilizados de las Farc y que hay más de 120 victimarios en prisión por estos hechos.

La JEP verificará el cumplimiento de las órdenes dadas por la Sección de Ausencia de Reconocimiento a las entidades estatales sobre la implementación de las garantías de seguridad para los excombatientes.

Se verificarán las garantías de seguridad para la reincorporación en los territorios, con enfoque territorial, de género y étnico. También se revisará lo realizado para prevenir y superar de la estigmatización, en el marco de las garantías de no repetición y el proceso de reconciliación.

Este llamado se da luego de un aumento en las tensiones en el país por el pedido el expresidente y exsenador Álvaro Uribe, líder del partido oficialista, Centro Democrático, de un referendo para derogar la JEP y reformar los acuerdos de La Habana.