Durante la visita de trabajo que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) realiza en Colombia para observar la situación de derechos humanos que vive el país en medio del paro nacional, el organismo se reunió con un grupo de ONG que han documentado las cifras de heridos y fallecimientos desde el inicio del estallido social el 28 de abril.

El Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), Temblores ONG y el Programa de Acción por la Igualdad y la Inclusión Social (Paiis) de la Universidad de Los Andes presentaron un informe “a la CIDH sobre la violación sistemática de la Convención Americana y los alcances jurisprudenciales de la Corte IDH con respecto al uso de la fuerza pública contra la sociedad civil en Colombia, en el marco de las protestas acontecidas entre el 28 de abril y el 31 de mayo de 2021”.

“Desde la plataforma GRITA de Temblores ONG, el observatorio de DDHH de Indepaz y el Programa de Acción por la Igualdad y la Inclusión Social (en adelante Paiis) hemos recibido, triangulado, verificado, sistematizado y registrado un gran volumen de denuncias de violencia policial que llegan a nuestros distintos canales de comunicación. Al recibir una denuncia, nuestros investigadores e investigadoras proceden a: (i) establecer contacto con la víctima o el testigo; (ii) verificar el contexto de la denuncia con una revisión de las bases de datos preexistentes construidas en años pasados por GRITA e Indepaz; (iii) triangular las denuncias recibidas mediante un proceso de contraste de fuentes y, por último, (iv) registrar la denuncia en la base de datos de GRITA e Indepaz”, se lee en el informe.

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Las tres entidades presentaron ante la CIDH nueve prácticas de violencia policial que verificaron y documentaron, durante el paro nacional: el uso indiscriminado, desmedido y desproporcionado de armas de fuego en contra de las personas manifestantes por parte de la fuerza pública; el uso de armamentos de letalidad reducida en contra de los cuerpos de las personas manifestantes para dispersar protestas pacíficas; los disparos horizontales con arma Venom de largo alcance en lugares residenciales y en contra de manifestantes; el lanzamiento de gases lacrimógenos y aturdidoras al interior de viviendas y de barrios residenciales; la vulneración del principio de publicidad de los procedimientos policiales (“ocultamiento de placas de identificación de los policías para impedir la futura judicialización de los agentes, hostigamiento por grabar y agresiones a la prensa y a defensores de derechos humanos”); la imposición de requisitos y medidas paralegales a las personas detenidas arbitrariamente por parte de la Policía Nacional a cambio de su libertad; la violencia sexual y basada en género hacia manifestantes; la generación de traumas oculares en contra de manifestantes y la desaparición forzada de manifestantes.

En la mañana de este martes 8 de junio, la CIDH se reunió con el presidente de Colombia, Iván Duque, en el Palacio de San Carlos, sede de la Cancillería colombiana, en Bogotá.

La delegación de la CIDH trabajará en el país entre el 8 y el 10 de junio para verificar las denuncias de violaciones de DDHH en el marco de las protestas contra el Gobierno que iniciaron el pasado 28 de abril.

Con corte al 30 de mayo, la Fiscalía y la Defensoría del Pueblo mantienen un “mecanismo de búsqueda urgente” para encontrar a 111 personas reportadas como desaparecidas durante las jornadas de protesta. Además, la Fiscalía estableció 48 muertes registradas desde el 28 de abril. 20 están relacionadas directamente con las protestas, 19 no tienen relación y nueve están en proceso de verificación, mientras que el Ministerio de Defensa ha reportado 2.300 heridos y 26 civiles y 2 policías muertos en el marco de las protestas.