Santiago Serna Duque
21 Mayo 2019•Actualizar: 22 Mayo 2019
Amnistía Internacional (AI) lanzó este martes el informe 'Brazil for Everyone' (Brasil para todo el mundo), en el cual presentó sus principales preocupaciones sobre el gobierno de Jair Bolsonaro.
En el texto, emitió un mensaje de alerta sobre "el discurso anti derechos humanos" que ha marcado la trayectoria política del mandatario. Según AI, la retórica del jefe de Estado está comenzando a concretarse en medidas y acciones que amenazan y violan los DDHH de todas las personas de Brasil.
“En octubre de 2018, en cuanto acabó el proceso electoral, avisamos de que las posturas Bolsonaro representaban un peligro real para los derechos humanos en el país. Hemos seguido con atención la actividad de su gobierno y, lamentablemente, nuestra preocupación empieza a hacerse realidad: el gobierno de Bolsonaro ha adoptado medidas que amenazan los derechos a la vida, a la salud, a la libertad, a la tierra y al territorio de la población brasileña, tanto rural como urbana, que lo que desea es una vida digna y sin miedo”, afirmó Jurema Werneck, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Brasil.
En el informe 'Brazil for Everyone', Amnistía Internacional expresó su preocupación por acciones del gobierno de Jair Bolsonaro como la “flexibilización de la regulación sobre tenencia y posesión de armas, que puede contribuir al aumento del número de homicidios en Brasil; nueva política nacional sobre drogas, que endurece su carácter punitivo y atenta contra el derecho a la salud; medidas negativas para los derechos de los pueblos indígenas y los quilombolas; e intento de injerencia indebida en el trabajo de las organizaciones de la sociedad civil que operan en Brasil”, entre otros puntos.
De acuerdo con Werneck, “algunas de las medidas adoptadas o propuestas por este gobierno durante estos cinco meses suscitan grave preocupación: pueden agravar el riesgo de homicidios por arma de fuego, legitiman una política de seguridad basada en el uso de fuerza letal, violan los derechos de los pueblos indígenas y de los quilombolas, basan la política de drogas en prácticas punitivas e ineficaces, pueden conducir a un incremento injustificado del control de las ONG y niegan el derecho a la verdad, a la justicia y a reparaciones de las víctimas del régimen militar”.
