Susana Noguera
03 de octubre de 2017•Actualizar: 04 de octubre de 2017
La procuradora general de Brasil, Raquel Dodge, le pidió al Tribunal Federal Supremo que tomara la declaración al presidente Michel Temer como parte de una investigación que busca establecer si hubo irregularidades en un decreto de área portuaria que favoreció a la empresa de comercio exterior Rodrimar.
El Ministerio Público también pidió escuchar la declaración de otros ocho empresarios, exasesores de Temer y ejecutivos presos por corrupción.
La investigación fue abierta luego de que las autoridades analizaran los documentos confiscados en operaciones policiales e interceptaciones telefónicas contra Rodrigo Rocha Loures, exdiputado por el Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB) y exasesor de Temer.
Rocha cumple arresto domiciliario por sospechas de corrupción y lavado de dinero.
El procedimiento, aseguran las autoridades, es normal y hace parte de una investigación en la que es necesario escuchar a todas las partes.
Además de Temer y Rocha, Dodge pidió autorización para escuchar a Antônio Grecco, dueño de Rodrimar; Ricardo Mesquita, ejecutivo de Rodrimar; João Batista Lima Filho, coronel retirado de la Policía Militar de São Paulo y socio da Argeplan; Gustavo Do Vale Rocha, subjefe para Asuntos Jurídicos de la Presidencia; José Yunes, ex-asesor de Temer; Ricardo Saud, ex-ejecutivo del frigorífico JBS y preso por corrupción; y Edgar Safdie, dueño de empresas vinculadas al sector inmobiliario.
La procuraduría también pidió el registro de las entradas de las personas investigadas al palacio presidencial de Planalto así como las donaciones que entregó Rodrimar, empresas se su grupo económico o de sus socios a la campaña de Michel Temer o su partido.
