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¿Qué dice el DIH sobre el bombardeo que dejó ocho menores muertos en Colombia?

El experto Aníbal García afirma que, a la luz del Derecho Internacional Humanitario, el Estado colombiano estaba en la obligación de rescatar a los menores víctimas del reclutamiento forzado, en vez de bombardearlos.

Sergio Felipe Garcia Hernandez   | 06.11.2019
¿Qué dice el DIH sobre el bombardeo que dejó ocho menores muertos en Colombia? Ell ministro de Defensa de Colombia, Guillermo Botero (centro), en el Congreso colombiano el 5 de junio de 2019. (Juan David Moreno - Agencia Anadolu).

Colombia

El ministro de Defensa de Colombia, Guillermo Botero, está a punto de perder su cargo luego de que durante un debate de moción de censura en su contra en el Congreso se revelara un informe según el cual al menos siete menores de edad murieron en un bombardeo de las Fuerzas Armadas contra un grupo de disidencias de la desmovilizada guerrilla de las Farc, lideradas por el abatido alias 'Gildardo Cucho'.

La denuncia fue presentada por el senador Roy Barreras, del Partido de la U, y ha generado críticas por las infracciones al Derecho Internacional Humanitario (DIH) que se habrían cometido al ejecutar el bombardeo, sucedido el pasado mes de agosto.

Aníbal García, abogado con maestría en derecho penal internacional de la Universidad de Granada de España, afirmó que los menores de 18 años en Colombia que combaten para un grupo armado organizado son considerados como víctimas del delito de reclutamiento forzado.

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“No es legítimo bombardear un sitio donde se encuentren menores de edad. Deben primar los derechos de estos niños y deben tomarse las medidas para resguardarlos”, mencionó el experto a la Agencia Anadolu.

El abogado afirmó que el Estado, antes de generar un bombardeo, debía rescatar a los menores de edad que se encontraban bajo el mando del grupo criminal.

“Así hubiese un riesgo de confrontación, no se justifica la realización de un bombardeo cuando se tenía que generar un mecanismo de rescate, incluso de negociación para la devolución de esos niños menores de edad”, afirmó el analista.

García detalló que en Colombia se considera como un menor de edad en la guerra a una persona que tiene menos de 18 años, debido a que en el país prima el ordenamiento interno por encima de la Convención de Ginebra donde se asume como niño a quien tiene menos de 15 años.

El analista detalla que “no es posible” que las Fuerzas Armadas desconocieran el tipo de población, incluidos menores de edad, que se encontraba en la zona bombardeada. “El Estado no puede llegar a esas conclusiones”, afirmó García.

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“En esas operaciones militares hay unos mínimos como los informes de inteligencia. Y esa información debe permitir que se conozca a qué tipo de organización se va a atacar y qué población puede estar en riesgo”, mencionó el abogado.

El experto aseveró, además, que existe el Manual Doctrina Damasco que regula las operaciones militares del Ejército de Colombia. “Allí se establecen como elementos esenciales en operativos la ubicación de grupos armados, la inteligencia antes de un ataque y definir qué personas pueden ser afectadas”, indicó.

El experto manifestó que no pueden ser unos abogados los que le den un concepto al ministro sobre un operativo, como mencionó el funcionario al hablar del bombardeo. “Especialmente cuando él tiene un cuerpo militar que tiene sus propias dimensiones de verificación de situaciones”, aseguró el analista. “Se habría cometido un presunto crimen de guerra”, concluyó.

El abogado y columnista del medio especializado Ámbito Jurídico, Freddy Ordóñez, indicó mediante sus redes sociales que en el caso del bombardeo denunciado por el senador Barreras, "todo el aparato de guerra de las Fuerzas Militares se usó para matar víctimas".

El ministro Botero dijo sobre el bombardeo que pretendía 'neutralizar' al líder disidente afirmó que pasó por un proceso de planeación acompañado por “un asesor jurídico operacional”.

El ministro argumentó que todos los resultados reportados en el marco de operaciones militares son de conocimiento de la Fiscalía General de la Nación de Colombia, quién según el funcionario, no ha solicitado información sobre una “posible responsabilidad de miembros de la Fuerza Pública” en el bombardeo.

“La Fuerza Pública pone a disposición de la autoridad judicial todo el soporte operacional con el fin de que lo valore a la luz de las normas penales, del Derecho Internacional Humanitario y del Derecho Internacional de los Derechos Humanos”, mencionó el ministro en un breve pronunciamiento a la prensa un día después del debate en el Congreso colombiano.

La denuncia presentada por Roy Barreras detalla que en el bombardeo murieron Ángela Gaitán, de 12 años; José Rojas, de 15 años; Sandra Vargas, de 16 años; Diana Medina, de 16 años; Abimiller Morales, de 17 años; Wilmer Castro, de 17 años, y Jhon Pinzón, de 17 años.

Sin embargo, este miércoles la Fiscalía General de Colombia informó que "los análisis médico legales aún no han concluido. Hasta ahora se han identificado 15 cuerpos (8 menores de edad y 7 adultos), y 2 más permanecen sin identificar". 


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