¿Por qué el coronavirus no ha podido evitar que los ecuatorianos salgan a marchar?

Por: Lourdes Romero

Cientos de trabajadores, maestros, estudiantes universitarios y varios gremios sociales marcharon en las principales ciudades de Ecuador en rechazo al contenido de dos leyes que fueron aprobadas hace varios días por la Asamblea Nacional y por la situación económica que atraviesa el país.

Varios grupos sindicales de trabajadores convocaron a una movilización pacífica en las ciudades de Quito, Guayaquil y Cuenca para expresar su oposición a la Ley de Apoyo Humanitario y la Ley de Ordenamiento de las Finanzas Públicas, que fueron aprobadas el fin de semana por la Asamblea Legislativa del Ecuador.

Con máscaras médicas, guantes y otras medidas de seguridad, cientos de manifestantes ondeaban las banderas rojas y mostraban carteles con frases de rechazo a la precarización laboral, a la reducción de USD 98 millones en el presupuesto para 32 universidades y escuelas politécnicas públicas del país, además del pedido de apoyo por parte de trabajadores autónomos, entre otros.

Los principales gremios de trabajadores, como la Federación Unitaria de Trabajadores (FUT), la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), el Frente Popular (FP) y la Federación de Trabajadores Públicos y Privados (FTPP) consideran a la Ley de Apoyo Humanitario como “regresiva” en los derechos adquiridos por los trabajadores.

Uno de los aspectos principales que les preocupa es que los salarios de los trabajadores actuales bajarían hasta la mitad, pues el horario de trabajo se podría reducir de 40 a 20 horas a la semana y las remuneraciones se podrán disminuir hasta en un 55%.

Esta Ley, enviada por el Presidente de la República, Lenín Moreno, y que fue aprobada la noche del viernes 15 de mayo del 2020, prevé esta reducción por dos años, con la posibilidad de renovar por dos años más, previo a un acuerdo con el empleador si la empresa demuestra que ha sido afectada por los efectos económicos que deja la pandemia del COVID-19.

El ministro de Finanzas, Richard Martínez, considera que “el acuerdo entre partes permitirá salvar empleos”, pues ese ministerio prevé que por la crisis ocasionada por el COVID-19 se producirán más de 508.000 despidos este año.

Asimismo, la Ley contempla otros aspectos, como un contrato especial emergente que se podrá efectuar por tiempo definido “para la sostenibilidad de la producción, fuentes de ingresos en situaciones emergentes”, dice la normativa aprobada. Este contrato tendrá una validez de dos años y podrá ser renovado por una sola vez por el mismo plazo.

“Con esos contratos los trabajadores no tendrán ninguna garantía de estabilidad ni tampoco del pago de sus derechos, por eso solo beneficia a los empresarios”, aseguró Mesías Tatamuez presidente del FUT.

El dirigente gremial considera que con esta Ley se “regresa a la esclavitud”, pues la ley otorga varias atribuciones a los empleadores, como el decidir el periodo de vacaciones unilateralmente y reducir la jornada de trabajo, con la consecuencia de una rebaja del salario.

"Aquí estamos las organizaciones sociales para decirle al país que el atraco que hicieron el 15 de mayo (fecha de aprobación de la Ley en la Asamblea) fue el acuerdo de la oligarquía, del Fondo Monetario Internacional para acabar con los derechos de los trabajadores. El FUT no lo va a permitir", afirmó Tatamuez.

El presidente de Ecuador presentó la Ley de Apoyo Humanitario con el fin de hacerle frente a la crisis sanitaria y económica que atraviesa al país a raíz de la pandemia del COVID-19, y deberá emitir un veto o ratificar dicha normativa hasta el 15 de junio.

La Ley tiene como objeto “establecer medidas de apoyo humanitario, necesarias para enfrentar las consecuencias derivadas de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, que permitan fomentar la reactivación económica y productiva del Ecuador”.

Este Ley también contempla otros temas como la prohibición del incremento al costo de los servicios básicos, suspensión temporal de desahucio en temas de inquilinato, prohibición de terminación de pólizas de salud y de la suspensión de su cobertura por mora, así como créditos productivos para la reactivación económica, entre otras medidas.

Hasta este lunes 18 de mayo Ecuador registraba 33.582 casos confirmados y 2.799 personas fallecidas por COVID-19 en todo el país.

Ver también: La ley humanitaria que golpeará a los ecuatorianos en medio de la pandemia.